RESEÑA
HISTÓRICA
Colombia
ha sufrido durante los últimos 60 años una fuerte oleada de violencia, en el
marco de un conflicto armado interno que ha tratado de ser conciliado y acabado
mediante diversas estrategias planteadas por el gobierno en turno.
Sin
embargo, a pesar de la pluralidad de soluciones que se han planteado, ninguna
de ellas se ha hecho efectiva hasta el momento y, por el contrario, ha desatado
nuevas cadenas de violencia, dejando en la impunidad muchos de los delitos
cometidos por los actores del conflicto, desconociendo o afectando el derecho de las víctimas.
Tal
vez, una de las grandes incidencias para que se frustren los procesos de paz,
ha sido el interés económico de las organizaciones guerrilleras, derivado de
conductas delictivas como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico.
En la
última década, ésta parece ser la causa predominante que mantiene a los
cabecillas insurgentes persistiendo en el desarrollo de sus planes. Sin
embargo, la nueva realidad política de la posguerra fría, sin duda ha
debilitado ese proyecto insurgente y, más aún, al desembocar en prácticas
terroristas generalizadas que anulan cualquier discurso o plataforma política
real y acorde con los intereses de la población que dicen defender.
La
posición de la comunidad internacional, a partir del 11 de septiembre de 2001,
frente a la amenaza derivada del terrorismo, aisló a los grupos guerrilleros
colombianos, al catalogarlos como organizaciones terroristas.
En
2005, entró en vigor la Ley 975, o Ley de Justicia y Paz, que pretende generar
un espacio de transición hacia la paz en Colombia y que involucra a todos los
grupos armados organizados al margen de la ley que quieran someterse a ella;
así como también tiene en cuenta a las víctimas, sus necesidades y derechos.
Esta norma garantiza una serie de beneficios a los miembros de los grupos
armados organizados al margen de la ley para que se sometan a ella, y vela
porque los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia y a la reparación
se hagan efectivos.
AÑO 2007.
Siendo
los años de la Política de Seguridad Democrática, el entonces comisionado de
Paz, Frank Pearl, en representación del gobierno de Álvaro Uribe buscó negociar
clandestinamente con las FARC (entre otros funcionarios del gobierno) y bajo
condiciones similares a las actuales: sin cese al fuego e incluso
desmilitarizando territorio colombiano (lo que se conoció como zonas de distensión).
No
obstante, a causa de la entrega del cadáver del Oficial de la Policía Julián Ernesto Guevara, quien
falleció en retención por la guerrilla, los acercamientos de ese gobierno con
la insurgencia quedaron estancados hasta la llegada de Jun Manuel Santos a la presidencia;
aunque siendo presidente electo, Juan Manuel Santos recibió un "informe de
empalme" de Pearl, por medio del cual éste le enteraba del estado en que
habían quedado los fallidos acercamientos.
AÑO
2011.
Mediante
la promulgación de la Ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de
2011), el ya posesionado presidente Santos manifestó a la guerrilla su
intención de retomar las discusiones, lo cual derivó en una serie de
comunicaciones secretadas por medio de recados entre la subversión y el
gobierno. Dichos enlaces dieron lugar al establecimiento de reuniones
presenciales en Cuba; los delegados del gobierno colombiano para tales
encuentros fueron el consejero presidencial para la reintegración Alejandro
Éder y Jaime Avendaño, funcionario de la presidencia desde el gobierno de
Belisario Betancur, en tanto que la delegación de las FARC fue conformada por
Rodrigo Granda, guerrillero liberado durante el gobierno Uribe, y Andrés París,
uno de los ideólogos de esa organización, quien también estuvo en las negociaciones
del Caguán.
Finalmente,
tras varias escenas de discusión, las partes optaron por la elaboración de una
agenda y en su defecto, la organización del próximo lugar en donde continuarían
dialogando.
Una
vez establecidos los parámetros por medio de los cuales se llevarían a cabo los
próximos encuentros, Santos incluyó en su delegación a Frank Pearl, quien
ejercía como Ministro de Ambiente, a su asesor de seguridad nacional Sergio
Jaramillo, al exvicepresidente Humberto de la Calle y por último a su hermano Enrique
Santos, exdirector del periódico El Tiempo.
La
inclusión de Enrique generó credibilidad en el proceso, primero por tratarse de
un familiar cercano y segundo por la «posibilidad de conversar con uno de los
pocos colombianos que los conoce personalmente». Como respuesta, las FARC
delegaron a Mauricio Jaramillo, comandante del Bloque "José María
Córdoba", a Marcos Calarcá, conocido por su experiencia en temas de
negociaciones bilaterales, Rodrigo Granda denominado como canciller de las FARC,
y por último a Andrés París; todos, miembros del Secretariado del Estado Mayor
Central.
Ya
designadas sus respectivas delegaciones, como parte del proceso, el gobierno y
las FARC designaron a Cuba y Noruega como países garantes, a Cuba, por haber
sido la sede de los primeros encuentros y a Noruega por ser un país con
tradición en temas de resolución de conflictos, también porque varios políticos
y diplomáticos poseen un amplio conocimiento en temas relacionados con el
conflicto armado en Colombia. Posteriormente, las partes discutieron la
necesidad de nombrar a más facilitadores y es entonces cuando la guerrilla
escoge a Venezuela y el gobierno a Chile.
EN
FEBRERO DE 2012.
Tanto
los países participantes como los facilitadores, procedieron a encontrarse en
un sitio estratégico para continuar con los debates. Con la intención de
preservar la confidencialidad del proceso, las delegaciones no departieron
entre sí, tampoco dialogaron con civiles cubanos.
EL 24
DEL MES DE AGOSTO AÑO 2012.
Mediante
la Resolución No. 314 se da el marco
general para la instalación y el desarrollo de unas mesas de negociación entre
el Gobierno Nacional y miembros representantes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN; las negociaciones se fundamentan
en un "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera", e iniciaron formalmente el 18 de octubre
de 2012.
EL 26
DE AGOSTO DE 2012.
Se
suscribió por parte de delegados de las “FARC” y de representantes autorizados
del Gobierno Nacional, el Acuerdo General para la terminación del conflicto y
la construcción de una paz estable y duradera. Para ello se desarrollaron diez sesiones preparatorias:
cada una constaba de cuatro a ocho días, en total, se contabilizaron sesenta y
cinco sesiones. Durante esos meses, el equipo negociador del gobierno mantuvo
constantes viajes hacia Cuba y viceversa, con la excepción de Frank Pearl quien
permaneció todo el tiempo en Cuba.
4 DE
SEPTIEMBRE DE 2012.
Tras
afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe sobre las negociaciones del Gobierno
con la guerrilla de las FARC en Cuba (y una posterior negación de los hechos,
por parte de la canciller María Ángela Holguín), el Presidente Juan Manuel
Santos confirmó la noticia mediante una alocución, destacó que "no se
repetirán los errores del pasado" que se procedería con prudencia, y que
la Fuerza Pública no detendrá su accionar; lo propio hizo alias "Timoléon
Jiménez" con un vídeo en diferido, destacando que las FARC llegaban a la
mesa "sin rencores ni arrogancia".
Horas
antes, alias "Gabino", el máximo jefe del Ejército de Liberación
Nacional (la otra guerrilla activa del país) manifestó la intención de esa
organización de participar en la, hasta entonces, rumoreada mesa de
concertación. La noticia de la confirmación de los diálogos generó diferentes
reacciones y escepticismo, algunas a favor y otras en contra, éstas últimas
basándose en las fallidas negociaciones de 2002 en el Caguán (Colombia).
Las
reacciones favorables se toman sobre la base de los acercamientos y los
diálogos, aquellos que conlleven a la erradicación de todo tipo de conflictos.
Por su
parte, la Iglesia Católica colombiana, que ha participado de garante en escenas
humanitarias con las FARC, se ofreció para ejercer el mismo rol.
NEGOCIACIÓN.
La
agenda estuvo integrada por cinco puntos, algunos de los cuales coincidían con
proyectos que el gobierno de Santos previamente había impulsado, como un
proyecto de ley del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, la Ley de
Víctimas y la Comisión de la Verdad.
NEGOCIADORES
EL 19
DE SEPTIEMBRE DE 2012
Se
expide la Resolución Presidencial No. 339 del 19 de septiembre de 2012, la cual
autorizó la instalación, y desarrollo de una mesa de dialogo, se designaron
delegados del Gobierno Nacional y se dictaron otras disposiciones.
El
total de integrantes por cada delegación estaba limitado a un número de treinta
(30) personas, diez de la delegación que designó el gobierno de Santos estuvo
liderada por el ex-vicepresidente Humberto de la Calle (como jefe negociador) y
Sergio Jaramillo Caro (entonces Comisionado de Paz), además de la participación
en la mesa de Frank Pearl (excomisionado de paz), Luis Carlos Villegas
(empresario colombiano), Enrique Santos (hermano del presidente), Alejandro
Éder (consejero presidencial), el general en retiro de la Policía Óscar Naranjo
y el también retirado general del Ejército Jorge Enrique Mora, entre otros. En
tanto que la delegación de las FARC estuvo integrada por alias Iván Márquez
(como jefe negociador), "Jesús Santrich", "Rodrigo Granda",
"Simón Trinidad" (recluido en una cárcel de Estados Unidos),
"Andrés París", "Marcos Calarcá", "Pablo
Catatumbo" (quien ingresó al equipo, meses después del inicio del proceso),
Tanja Nijmeijer (insurgente de origen holandés), "Sargento Pascuas",
"Mauricio Jaramillo", entre otros.
COMISIÓN
DE LAS FARC
La
delegación de la insurgencia estaba liderada por el comandante del Bloque
Caribe Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Jorge Torres Victoria, alias
Pablo Catatumbo, comandante del Bloque Occidental y quien ingresara a la
delegación meses después de iniciadas las conversaciones; Rodrigo Granda, quien
estuvo preso y cuya captura derivó en una crisis diplomática entre el gobierno
colombiano de Uribe con el venezolano del fallecido Hugo Chávez. Andrés París,
alto mando del Bloque Oriental y negociador del fallido proceso del Caguán;
Luis Alberto Albán Burbano, alias "Marcos Calarcá", miembro de la
Comisión Internacional de las FARC; Seusis Pausivas Hernández, alias "Jesús
Santrich", jefe del Bloque Caribe; Alias "Rubén Zamora",
comandante del Frente; todos ellos con excepción de Zamora, miembros del
Secretariado del Estado Mayor Central. Asimismo, la delegación estuvo también
integrada por alias Yuri Camargo, Victoria Sandino Palmera, la guerrillera
holandesa Tanja Nijmeijer, alias "Alexandra Nariño", entre otros.
COMISIÓN
DEL GOBIERNO
Por su
parte, la delegación del gobierno del presidente Santos estuvo liderada por el
ex-vicepresidente Humberto de la Calle, quien fuera miembro de la Asamblea
Constituyente de 1991; Frank Pearl, ex-ministro de ambiente y ex-comisionado de
paz; Sergio Jaramillo Caro, sucesor de Pearl como Comisionado de Paz y Luis
Carlos Villegas, presidente de la ANDI "Asociación Nacional de
Industriales". Los generales en retiro del Ejército y la Policía Jorge
Enrique Mora y Óscar Naranjo respectivamente también eran miembros de la
comisión oficial.
PUNTOS
EN DISCUSIÓN
En el
"Acuerdo General" mencionado, se definieron los siguientes puntos de
negociación:
1.
Política de desarrollo agrario integral
Las
Farc han enfocado su propuesta agraria en la creación de lo que estas llaman
«Territorios Campesinos», que serían territorios de propiedad de la
colectividad y manejados por los personajes que la comunidad eligiese para tal
fin. Estarían conformados por las actuales Zonas de Reserva Campesina que
estarían conformados por 8 millones de hectáreas y por lo que las FARC
denominan Zonas de producción campesina de alimentos con 6 millones de
hectáreas.
No se
ha especificado si se les facilitaran los trámites a los ex-integrantes de las
FARC para constituir estos territorios o si accederán a territorios campesinos
ya constituidos.
Según
las FARC, una vez se firmen los acuerdos: "Los territorios campesinos
gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y
cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la
justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de
autogobierno, autogestión y autodeterminación…los territorios campesinos
contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para
ellos…de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al
latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado".
Todo
esto requerirá a su vez una reforma que permita que estos territorios
campesinos se puedan constituir en lo que antes eran zonas de reserva forestal,
de baldíos y de latifundios improductivos.
2.
Participación Política
Las
FARC, han pactado unas zonas afectadas por el conflicto y el abandono donde el
"Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de X
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total
de X Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por X
períodos electorales."
A su
vez se ha señalado un aumento del presupuesto de los partidos políticos y una
especial atención a los partidos que surjan de los diálogos de paz como el
partido de las FARC, tanto para su acceso en medios como para la difusión de
sus programas.
Las
FARC-EP, junto al Gobierno Nacional participarán en las medidas de protección
de los candidatos políticos tanto los opositores al proceso de paz como de sus
sostenedores, se ha señalado que se implementará el voto electrónico y se
expedirán cédulas por todo el país, para aumentar el caudal electoral.
Las
FARC y sus líderes no tendrían ningún impedimento para participar en política
3. Fin
del Conflicto
La
dejación de las armas por parte de las FARC (hecho que, aseguran, debiera estar
acompañado de una reestructuración de las fuerzas militares) para su reintegro
o ingreso a la vida civil por efectos del marco legal para la paz, proyecto que
define la suspensión de proceso judiciales a subversivos. No obstante, la
discusión de este punto podría verse dificultada por causa del Estatuto de Roma
(suscrito por Colombia) que prohíbe que condenados por delitos de lesa
humanidad tengan vida jurídica.
El
gobierno y las FARC acordaron este punto el 23 de Junio de 2016, donde se
proclama el cese bilateral de las hostilidades en ambos bandos, además del
desarme total de la organización subversiva en zonas especiales donde se
concentraran los guerrilleros sin presencia de la Fuerza Pública (23 veredas
del país que serán llamadas “Zonas Generales Transitorias Veredales de
Normalización” y 8 campamentos, donde realizarán la entrega del armamento),
cuya verificación estará a cargo de la ONU, organismo al cual las FARC
entregarán sus armas para que dispongan de ellas a su conveniencia. El desarme
se realizará en un plazo máximo de 180 días a partir de la firma del acuerdo
final que se realizará en Colombia el 26 de Septiembre del mismo año 2016.
4.
Solución al problema de las drogas ilícitas
El
cultivo, la producción y tráfico de drogas ilícitas, ha influido en el
conflicto armado y la financiación de guerrillas y paramilitares desde hace
tres décadas.
Las
FARC, plantearon priorizar la erradicación manual como principal método de
erradicación de drogas en concertación con los cultivadores y productores de
drogas ilícitas, se acordó que los cultivos de las plantas que correspondan a
usos ancestrales no se pueden erradicar.
Las
FARC junto al gobierno nacional, han sostenido que se considere al drogadicto
como a un enfermo.
5.
Determinar quiénes son víctimas del conflicto armado
Uno de
los puntos a discutir es determinar quiénes son víctimas del conflicto armado
(según reiterados comunicados de las FARC, ellos también son víctimas y el
Estado ha sido un victimario).
Las
FARC-EP, han señalado que el reconocimiento de las víctimas será por colectivos
y "habrá un reconocimiento de la calidad de víctimas colectivas al
Movimiento Gaitanista, a la Unión Nacional de Oposición, al Frente Democrático,
al Partido Comunista Colombiano, a la Unión Patriótica, al Movimiento A Luchar
y al Frente Popular, entre otras organizaciones políticas. La Unión Patriótica,
por haber sido objeto de un genocidio político, será objeto de un
reconocimiento especial." A su vez se considerarán víctimas campesinas,
indígenas y sindicales.
«Las
FARC EP no nos reconocemos como 'agente victimizante', sino como perseguidos, y
en tal condición hemos ejercido nuestro derecho a la rebelión»
Las
FARC propusieron la conformación de una comisión de la verdad, que se encargue
de lo anterior, comisión también prevista en la Ley del Marco Jurídico de la
Paz.
En el
desarrollo de la discusión del punto Víctimas, las delegaciones de la Mesa
recibieron 60 delegaciones de víctimas del conflicto que compartieron con las
partes sus visiones sobre el fin del conflicto y los ítems en discusión.
El
acuerdo parcial de este punto fue signado en La Habana el 15 de diciembre de
2015 y contempla la puesta en marcha -tras la firma del Acuerdo Final- de una
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición, una Jurisdicción Especial para la Paz y de medidas concretas de
reparación, no repetición.
6.
Mecanismos de refrendación de los acuerdos
Artículo
principal: Plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016
Las
FARC han insistido en que el método de refrendación de los acuerdos fuera una
Asamblea Nacional Constituyente que tuviera 141 integrantes, tanto elegidos como
surgidos de cuotas de participación asignadas, "la Asamblea estará
compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras (...) en número que
será definido como parte de un eventual Acuerdo final".
Por su
parte, el gobierno insistió en un plebiscito que avalara los acuerdos, el cual
fue aprobado por el Congreso de la República a finales de 2015 mediante
proyecto de ley, y que pasó a revisión por parte de la Corte Constitucional,
quedando avalado a mediados de 2016, dando un lapso de 30 días para realizar la
consulta popular después del acuerdo final que se firmará en el 26 de
septiembre en la ciudad de Cartagena de Indias.
El
gobierno y las FARC acordaron el 23 de junio de 2016 la refrendación a través
del plebiscito según el fallo de la Corte, cuya fecha de realización será el 2
de octubre de 2016, una semana después de la firma oficial de los Acuerdos de
La Habana.
AÑO 2012
Con
fundamento en lo anterior, frente a la necesidad de contar con un componente
técnico de carácter permanente que asesore a la comisión negociadora en los
asuntos propios del cese al fuego, el desarme, la desmovilización y la
reinserción así como aquellos otros temas que conforman la transición hacia el
fin del conflicto, entre los que se cuentan: el desarrollo del marco jurídico
para la paz, las víctimas y la reconstrucción de la memoria histórica; el
Ministerio de Defensa a través del Comando General de las Fuerzas Militares da
creación al Comando Estratégico de Transición –COET.
 |
| Creación al Comando Estratégico de Transición –COET |
AÑO 2014.
El Mayor General Yesid
Vásquez Prada Inspector General de la Policía Nacional y el Coronel John Arango
Álzate proponen al Mando Institucional la creación de la “Alta Gerencia para la
Transición. Sin embargo esta propuesta no tuvo eco y en su defecto se dispuso
la creación mediante
Resolución 03907 del 240914, del Comité Centro Memoria Histórica y Víctimas
Policiales, con el fin de establecer
estrategias y líneas de acción que permitan reconstruir la memoria
histórica de los integrantes de la Policía Nacional víctimas con ocasión del
conflicto armado interno e implementar la Política Pública de víctimas en los
ejes de atención, asistencia y reparación integral para los miembros de la
Policía Nacional y sus familias.
4 DE MAYO DE 2015
Mientras
el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc avanzaban en los diálogos de La
Habana, la Policía Nacional se fue preparando para contribuir a consolidar una
paz estable y duradera; en tal sentido,
la Policía Nacional crea mediante
Resolución No. 01857 del 4 de mayo de 2015 el Comité de Transición hacia el
Posconflicto, para consolidar el desarrollo del Marco Jurídico para la Paz,
como un medio de atención y coordinación con las diferentes unidades policiales
en los planes y programas que se requieran como elemento fundamental en un escenario
de transición, que refrende el aporte de la Policía Nacional a la consecución
de la paz, la seguridad y la protección de los ciudadanos.
 |
| Comité de Transición hacia el Posconflicto |
Para
tal efecto, el Comité de Transición hacia el Posconflicto, fue el encargado de
diseñar, planear y proponer los mecanismos y líneas de acción de la Policía
Nacional en el proceso de transición; así como determinar los roles y misiones
de la Institución y prestar soporte y asesoría técnica durante el proceso, a
través de cinco (5) líneas de trabajo, así: a) Memoria Histórica Policial, b)
Desarrollo Normativo, c) Víctimas d) Desarrollo Institucional, e.
Comunicaciones Estratégicas.
22 DE ABRIL DE 2016
Mediante
Resolución No. 01710 del 22 de abril de 2016 se creó la Unidad Policial para la
Edificación de la Paz (UNIPEP), como dependencia asesora de la Subdirección
General de la Policía Nacional, siendo esta la encargada de “asesorar, diseñar,
dirigir y coordinar las acciones institucionales relacionadas con el
pos-acuerdo”.
 |
| Decreto 4222 del 2006, vigente para la fecha de creación de la UNIPEP. |
Uno de
los avances más trascendentales de la creación de esta Unidad Policial fue que contara con tres grandes áreas: la de Historia, Memoria Histórica y Víctimas; la
de Operaciones Policiales para la Implementación del Cese al Fuego y de
Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Estratégica para la Implementación de
los Acuerdos.
Esta
unidad especial y transicional hace parte del Modelo de Policía para el
Posconflicto, fundamental para romper el ciclo de violencia y evitar su
repetición, para de esta forma contribuir efectivamente a la consolidación de
la paz, trabajando de manera coordinada y armónica con las Fuerzas Militares,
los ministerios y demás autoridades.
Una de
las principales responsabilidades de la UNIPEP, que estaría integrada con al menos 3.000
policiales, consistiría en acompañar, en seguridad y protección, a los delegados
internacionales que participarían en la comisión de verificación de las Naciones
Unidas, en los términos que definió el Gobierno Nacional.
Cómo
la paz debía ir de la mano con la seguridad de los territorios, a través del
Sistema de Seguridad Rural (SISER), implementado en ese momento en 65
municipios, y del programa T.GER+, Transformación de la Gestión Bajo un Enfoque
Regional al servicio de la comunidad, la Policía Nacional también decidió crear
55 nuevas unidades básicas de Carabineros, que estarían ubicadas en lugares
estratégicos del ámbito rural, donde se evidenciaba concentración de
fenómenos delictivos y contravencionales.
Todo
estaba enmarcado en el Plan Estratégico Institucional PEI, que apuntaba a construir
‘Comunidades Seguras y en Paz’, trabajando en cuatro frentes fundamentales:
1. Consolidación del servicio de policía en el campo.
2. Fortalecimiento de la
seguridad ciudadana.
3.Optimización de la investigación criminal.
4. Dinamización
de la cooperación internacional.
Por
eso, dentro de su visión y concepción estratégica hacia el posconflicto, la
Policía Nacional creó toda una arquitectura que le permitió prepararse y
proyectarse a los retos del presente y el futuro, entre ellos la tan anhelada
paz.
Además
de la UNIPEP, la Institución, con el apoyo de universidades y otros expertos,
puso en marcha toda una estrategia para capacitar a sus integrantes en temas de
posconflicto, para que contribuyan a construir una Colombia segura y en paz.
Cabe anotar que la Resolución No. 01710 del 22 de abril de 2016 por la cual se creó la
Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) modificó la resolución 01857 del 4 de mayo de 2015 “Por la
cual se crea el Comité de Transición hacia el Postconflicto”. Adicionalmente
modificó y adicionó las Resoluciones No. 04244 del 31 de diciembre de 2009, 01471 del 06 de mayo de
2011, 01583 del 24 de abril de 2014, 04558 del 13 de octubre de 2015 y la
Resolución 05839 del 31 de diciembre de 2015.
En el año 2016.
El entonces Inspector General, Mayor General CARLOS
RAMIRO MENA BRAVO elevó solicitud al Director General de la Policía Nacional con el fin de disponer la reasignación de nuevas funciones al Grupo de Apoyo a
la Justicia Transicional para Policías Víctimas, así:
1.
Coordinar con los Ministerios y Unidades
Administrativas designadas por el Gobierno Nacional, en la formulación y
ejecución de planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a
la atención y reparación integral de las víctimas.
2.
Articular las acciones de la
Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación a Víctimas del Conflicto
Armado Interno, consolidando los avances institucionales.
3.
Atender las peticiones de las
entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las
víctimas, observando las responsabilidades asignadas a la Policía Nacional en
la Política Pública de Víctimas.
4.
Mantener canales de interlocución
con entidades gubernamentales y no gubernamentales de índole nacional e
internacional, que participan en la formulación de planes y programas en pro de
la búsqueda, reconocimiento y dignificación de las familias de los miembros de
la Policía Nacional desaparecidos.
5.
Desarrollar estrategias y acciones
de sensibilización para identificar y atender a los Policías víctimas y sus
familias en el marco del conflicto armado interno.
6.
Implementar y administrar el
sistema tecnológico de información de personal policial víctima del conflicto
armado interno, para la aplicación de las medidas de reparación integral y
aporte a la memoria histórica policial.
7.
Promover directrices al interior de
la Institución respecto de la atención, asistencia y reparación integral de los
miembros de la Policía Nacional y sus familias víctimas en el marco del
conflicto armado interno, de acuerdo a la normatividad vigente.
8.
Realizar de manera permanente un
seguimiento de la asistencia Institucional a los Policías víctimas en el marco
del conflicto armado interno y proponer las acciones de mejoramiento a que haya
lugar.
9.
Asesorar a las unidades policiales en
la aplicación de las políticas gubernamentales e institucionales relacionadas
con las medidas de reparación integral para los Policías y sus familias
víctimas en el marco de la Ley.
10.
Mantener los niveles de
coordinación necesarios para coadyuvar a las entidades del Gobierno Nacional en
la implementación del Sistema Integrado de Miembros de la Fuerza Pública
Víctimas del Conflicto Armado.
11.
Generar mecanismos para el
reconocimiento y visibilización de los Policías víctimas del conflicto armado.
Lo
anterior fundamentado en que la Unidad
Policial para la Edificación de la Paz -UNIPEP- es la encargada de “asesorar,
diseñar, dirigir y coordinar las acciones institucionales relacionadas con el
pos-acuerdo” y dentro de ella
el Grupo
de Apoyo a la Justicia Transicional para Policías Víctimas, encargado “de apoyar la Justicia Transicional en
relación con los Policías víctimas del conflicto armado interno, con el
propósito de contribuir a la verdad y a la justicia como derechos de las
víctimas”; sin contemplar el componente de -reparación integral y
garantías de no repetición- y en su totalidad el enfoque de acciones
Institucionales, que se demandan por las Políticas Públicas del Gobierno
Nacional y el ordenamiento jurídico en lo relacionado a la atención, asistencia
y reparación integral de las víctimas, incluyendo a la población policial.
En virtud de lo expuesto, debe ser esa unidad
policial la encargada de responder por el seguimiento, articulación y sinergia
Institucional frente a las funciones derivadas del ordenamiento jurídico
asignadas a la Policía Nacional en el marco de la Política Púbica de Víctimas,
establecida en la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos reglamentarios 4800 de 2011 y
3011 de 2013 y demás normas complementarias; asimismo en la Sentencia T-025 de
2004, referente al Estado de Cosas Inconstitucional en la población desplazada
y sus Autos de seguimiento y en lo acordado en diciembre de 2015 en La Habana sobre las víctimas del conflicto “Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la
Jurisdicción Especial para la Paz; y el compromiso sobre Derechos Humanos entre
el Gobierno Nacional y las FARC, en el marco de las conversaciones del proceso
de paz, que enmarcan diferentes funciones, roles y misiones a la
Institución, de manera directa o de corresponsabilidad; teniendo en cuenta que la Institución no se puede
apartar del cumplimiento de un mandato legal y el tema de víctimas es el centro
gravitacional de la consolidación de una paz estable y duradera.
Para el año 2018.
Se expidió la Resolución N0. 00229, que derogó la Resolución No. 01710 del 22 de abril de 2016 "Por la cual se creó la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP)", donde se dispuso la modificación estructural y funcional de la UNIPEP, evidenciándose entre otros los siguientes cambios: creación de la Subjefatura de la UNIPEP, creación y supresión de varios grupos y el cambio de denominación en algunas área y grupos.
 |
| Organigrama actual UNIPEP. |
