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martes, 12 de enero de 2021

Contexto histórico del Secuestro y la Desaparición Forzada de Integrantes de la Policía Nacional en Colombia.

  

SECUESTRO DE POLICÍAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Contexto general y evolutivo del secuestro en Colombia

El secuestro constituye uno de los delitos y fenómenos criminales de mayor incidencia y relación con el conflicto armado en Colombia, especialmente por las acciones de los Grupos Armados y Grupos de Criminalidad Organizada, para lograr objetivos financieros y seudo políticos, en los cuales se afectaron los derechos constitucionales y legales de la población civil como de los miembros de la Fuerza Pública.

 En el año de 1964 con el surgimiento de las guerrillas comunistas en Colombia, el delito adquirió una incidencia neurálgica en la seguridad de la Nación, tomándose como punto de referencia el número y tipo de secuestros con fines extorsivos contra comerciantes y personalidades denominadas de clase alta de la sociedad colombiana (Policía Nacional de Colombia, 1965).1 

En la Revista de Criminalidad del año 1971 , se realiza el análisis del comportamiento criminal del secuestro y su incidencia en el desarrollo económico y social de la nación, para la época se caracterizaba bajo formas y móviles simples, familiares y locales de la sociedad tradicional colombiana de los años 30, 40 y 50, cuando el delito ocupaba una pequeña cuota estadística y se tenía como de naturaleza común o de irrelevantes consecuencias (Policía Nacional de Colombia, 1972), considerado incluso dentro de la categoría de los delitos que afectaban la moral y posteriormente en la categoría contra las libertades y otras garantías, entre los que se encontraban infracciones como la violación de secretos y de correspondencia (Ministerio de Guerra - Fuerzas de Policía , 1959)

Los primeros registros de delitos relacionados con las características del secuestro en Colombia no son muy claros. Algunas referencias se relacionan para la década de los años 30, a partir del que se considera el primer secuestro en Colombia, el plagio de Elisa Eder, hija de Harold Éder, un industrial caleño, dueño y  gerente del ingenio azucarero La Manuelita, registrado en la ciudad de Cali, el 31 de enero de 1933 (Diario El Tiempo, 2013).

Los casos de secuestro en Colombia comienzan a ser registrados en las estadísticas de criminalidad de la Policía Nacional en la década de los años 60 , periodo en el en el cual se presentaron un promedio de 83 casos, época que es coincidente con el surgimiento de las guerrillas comunistas en Colombia (FARC, ELN y el EPL), siendo las FARC el primer grupo que lo implementó como forma de presión política o como medio de financiación económica.  En la segunda conferencia guerrillera que dio vida a las FARC en 1966, este grupo creó la comisión financiera nacional la cual aprobó recurrir a otras fuentes para financiar la lucha armada guerrillera, diferentes a los recursos aportados voluntariamente por la población civil, entre ellas el secuestro.

 Agudización del fenómeno e incidencia guerrillera

 En los estudios criminológicos de 1964  se indica una “explosión de las modalidades del secuestro”, debido a la afectación de la libertad individual de las personas, exigiendo recursos económicos en dinero principalmente, previéndose que esta modalidad delictiva se constituiría a futuro en un fenómeno crónico de afectación a la seguridad. En el año de 1964 se registraron 122 secuestros, de los cuales 41 fueron extorsivos, registrando un incremento del 34% frente a los 91 casos registrados en 1963 y siendo las zonas más afectadas Bogotá, (68) Tolima (19) y Valle (14) (Policía Nacional de Colombia, 1965, pág. 8).  

En 1965 dos (2) hechos conmocionaron el país y evidenciaron la evolución de este delito, el primero, el secuestro y posterior homicidio del ex ministro de Hacienda e industrial vallecaucano Harold Éder el 20 de marzo de 1965, paradójicamente el padre de la menor Elisa Éder quien fue secuestrada en 1933 y considerado el primer plagio en Colombia. Por la liberación del industrial sus captores pedían 2 millones de pesos. El segundo hecho  fue el secuestro del empresario agrario Oliverio Lara Borrero, el 27 de abril de 1965 en Larandia (Caquetá) por quien pedían 1 millón de pesos para su liberación, quien fue asesinado en cautiverio (Policía Nacional de Colombia, 1972, pág. 117).


Imagen tomada de https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/angustia-por-secuestro-de-don-oliverio-lara-borrero/18018


Antes de consolidarse el secuestro en Colombia, se registraron en América Latina tres fases distintas: I).El secuestro de naves por grupos insurgentes de la región, entre los que se vinculó el ELN, con el fin de dirigirlos al país de Cuba. Una segunda fase, II). Hechos de exclusiva representatividad política, especialmente diplomáticos y representantes del Estado en los municipios del territorio nacional. III)  La consolidación en Guatemala, Brasil y Uruguay, siendo donde los grupos subversivo implementaron  modalidades del delito de secuestro incluyendo funcionarios públicos, ciudadanos e industriales locales, haciendo común la práctica de exigir rescates para los secuestrados.

En los años 70 las FARC, el ELN y especialmente el M-19 encontraron en el secuestro con fines extorsivos la principal fuente de financiamiento. El alcance de los recursos que empezaron a percibir las guerrillas, se referencian  en la entrevista otorgada por Jaime Bateman Cayón a Germán Castro Caicedo, el cabecilla del M-19 afirmó lo siguiente:

 “… nosotros nos volvimos ricos con la detención de Cooper, el gerente de Sears[1] (…) “fue la primera vez que la organización tuvo un presupuesto bastante alto, más de un millón de dólares, tal vez es el secuestro más grande que se ha hecho en Colombia y el dinero nos alcanzó por mucho tiempo” (…) Ver texto completo de la entrevista en http://www.ideaspaz.org/tools/download/48875

En relación con el secuestro extorsivo en Colombia, se pueden referenciarse múltiples causas, pero dos de ellas son las de mayor incidencia, la primera de índole político que busca no sólo el control o influencia territorial sobre cargos y finanzas públicas, a la que se suma el objetivo de incidir en aquellas decisiones del Estado, a través de secuestros de impacto como el de candidatos, servidores públicos y miembros de la fuerza pública; y la segunda, se concentra específicamente en el fin económico como fuente de recursos para el componente bélico, atando esta actividad a la dinámica del conflicto armado interno y los principales actores armados ilegales que han participado en el mismo.

Las FARC en la región del Urabá, conformó el frente 5 encargado de realizar los planes financieros como la realización de secuestros en la región del Urabá, límites de Córdoba y Antioquia, con el objetivo de obtener recursos que le permitieran fortalecer a dicha estructura guerrillera. (El Tiempo (1973) anunciando en la edición del 18 de junio).

En los años 60 y 70 se dio la consolidación territorial de los grupos guerrilleros e iniciaron con el empleo del secuestro como estrategia de presión política y de  financiación económica, aunque comparada dicha dinámica con los niveles que adquirió este delito dos décadas después, su incidencia para esas época era esporádica y casi inexistente, siendo incluso la delincuencia común los actores de la mayoría de los casos registrados.

Escalamiento exponencial del secuestro: las décadas de los 80 y 90

 En 1980 el panorama del conflicto colombiano registró una agudización en torno a los niveles de violencia derivados del conflicto armado, especialmente por el surgimiento de dos nuevos actores: los grupos narcotraficantes que se constituyeron en una amenaza para la seguridad nacional y las autodefensas ilegales que nacen de los ejércitos privados del narcotráfico, quienes asumen un rol antisubversivo, a partir de las diferencias suscitadas entre guerrilla y narcotraficantes. Esta situación incidió en un incremento de las dinámicas de criminalidad en el país,  especialmente en delitos como el homicidio, el secuestro y el terrorismo.

 El promedio de secuestros que en los años 70 fue de 55 casos al año, en la década de los 80 fue de 296, constituyendo la víspera de lo que sería la época de los 90 donde el promedio por año fue de 1.698 secuestro (Policía Nacional , 2000). (ver figura No. 1)

Figura 1.


Fuente: (Estadística de Criminalidad – Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL  DIJIN)

 Nota. Los datos registrados en la presente tabla se consolidaron de las Estadísticas de Criminalidad de los años 1982, 1987, 1990 y 1999.

Para el caso del M-19 esta guerrilla entró en la década de los 80, con hechos de impacto y simbólicos como la toma de rehenes en la embajada de República Dominicana que avizoraba una tendencia preocupante a nivel urbano frente a la visión de las guerrillas, sin embargo marcó el debilitamiento de sus estructuras urbanas por la acción de la Fuerza Pública los llevó a un viraje en su accionar armado hacia las zonas rurales.

En relación con las FARC, para el año de 1982 esta guerrilla realizó la séptima conferencia guerrillera, la cual marcó un punto de ajuste  y quiebre estratégico, la definición de un plan estratégico para la toma del poder, en el cual irrumpen en el ámbito político, su relación directa con el partido Comunista Colombiano y a nivel armado definen un centro de despliegue a través de la cordillera Oriental para llegar a Bogotá como objetivo superior, acompañado de planes para urbanizar el conflicto armado.

En esta conferencia las FARC, analizó y concluyó que su alcance político deriva de la actividad financiera producto de la extorsión y el secuestro, seguidamente determinaron el fortalecimiento de los medios de inteligencia para definir objetivos a secuestrar  que aportaran tanto en la financiero como en lo político, es decir grandes industriales o ganaderos coincidían con un impacto político y económico, pero pequeños comerciantes o agricultores e incluso extranjeros podrían representar cuestionamientos a nivel político. En las conclusiones de la séptima conferencia halladas en dispositivos incautados en operaciones contra esta guerrilla, se refieren a este aspecto de la siguiente manera:

“… Otro aspecto de las finanzas es aquel relacionado con la falta de tacto en la búsqueda de personajes que den dinero. Habrá que disponer de medios de inteligencia que nos eviten errores que desprestigien el movimiento (…) La cuestión básica de las finanzas nuestras es que ellas necesariamente deben tener un sentido político cualquiera sea la forma que los Frentes empleen para adquirirlas. (…) Por eso, de todas maneras conviene que las FARC hagan finanzas de masas, es decir, una labor paciente y permanente con las masas para irlas ganando en el sentido de que contribuyan en la medida de sus posibilidades con su ayuda económica al movimiento…” (FARC , 1982).

El ELN priorizó para la década de los 80 como principal fuente de finanzas los recursos adquiridos de la extorsión a las empresas petroleras, desplegando un plan de intimidación sobre las administraciones locales para incidir en el desvío de recursos públicos provenientes de regalías del petróleo. Paralelamente a nivel urbano de manera estratégica emplearon los grupos organizados delincuenciales  para realizar los secuestros y como financiamiento adicional los grupos guerrilleros implementaron la  vinculación con el narcotráfico.

Los grandes carteles del narcotráfico conformaron a finales de 1981 el grupo MAS (Muerte a Secuestradores) en retaliación al secuestro de Marta Nieves, Hermana de los miembros del clan de Los Ochoa, realizado por la guerrilla del M-19, posteriormente como respuesta a los avances del gobierno nacional con relaciona a la extradición en el año de 1984, determinaron un plan masivo de secuestros que involucró, a las personalidades políticas de la época y dio continuidad con los integrantes de los mismos carteles por diversas rivalidades, sin embargo, esta conducta también fue usada como medio para la obtención de recursos, así mismo, estos actores desarrollaron una estrategia armada para realizar presión a la guerrilla del M-19, para que detuviera los secuestros.  Esta acción de los narcos dio un impulso definitivo y escalamiento al fenómeno del “paramilitarismo” como mecanismo de protección privada contra el secuestro guerrillero y de ofensiva contra la guerrilla frente a lo que significó el rompimiento de un pacto de no agresión. Para Pablo Escobar el secuestro de Marta Nieves Ochoa “más que un ataque fue una traición”.

Los policías como objetivo del secuestro  

La criminalidad y la inseguridad a finales de los años 70 dio inicio a la difícil situación de la década de los 80, lo cual conllevó al Gobierno nacional a adoptar medidas más efectivas para combatir la delincuencia organizada y la guerrilla, por lo cual el 6 de septiembre de 1978, el gobierno de Julio Cesar Turbay expidió el Decreto 1923 “Por el cual se dictaron normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados”, que determinó el aumento de las penas en el código penal . 

En atención a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno nacional, la Policía Nacional proyectó líneas de acción priorizando sus capacidades logísticas, tecnológicas y el talento humano para atender  el fenómeno delincuencial derivado del narcotráfico, organizando un servicio especializado de policía antinarcóticos, cuyo origen nace de un convenio de cooperación de Estados Unidos y Colombia, logrando este cuerpo especial en sus dos primeros años la incautación de más de 19 toneladas de estupefacientes. En 1987 este servicio se constituyó en una especialidad de la Institución por disposición del Presidente Virgilio Barco, y mediante Decreto 423 del 23 de marzo de dicho año, se creó la Dirección de Antinarcóticos a la cual se le adhirió el servicio aéreo de la Institución.

En respuesta a la represaría que el Estado efectuó contra la actividad ilícita de narcóticos, los carteles en búsqueda de mitigar la medidas adoptadas por el gobierno crearon grupos denominados escuadrones de la muerte, los cuales se constituyeron en organizaciones de justicia privada, dirigiendo sus acciones de exterminio contra movimientos políticos, líderes de oposición, sindicalistas y sectores de la población presuntamente favorables a movimientos guerrilleros, así como contra sectores marginados de la sociedad. El avance guerrillero estuvo acompañado del desarrollo inusitado de estas organizaciones en todo el territorio nacional siendo las más representativas: Muerte a secuestradores (MAS), el Escuadrón de la muerte, el grupo muerte a abigeos (MAOS), Castigo a firmantes e intermediarios estafadores(CAFIES), el Embrión, Alfa 83, Prolimpieza del Valle del Magdalena, Los Tiznados, Movimiento Anticomunista Colombiano, Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño, Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista, Los Grillos, El Escuadrón Machete, Falange, Muerte a Invasores, Colaboradores y Patrocinadores (MAICOPA), Comandos Verdes, entre otros (Policía Nacional de Colombia, 1991).

El conflicto interno contra los grupos armados organizados y el narcoterrorismo de Pablo Escobar, que atentaron gravemente contra la seguridad y convivencia de lo colombianos, que para los años 80 y 90 se conoció como circunstancias que alteraron el orden público. Estas acciones se consideraron una amenaza directa a los procesos de paz que se venían acordando e intimidación al Estamento  a partir de atentados contra funcionarios públicos, jueces, militares y policías, lo que llevó al gobierno a declarar un estado de sitio con la expedición del decreto 814 de 1989, que creó el Cuerpo Especial Armado (C.E.A.) y cuyo objetivo era contrarrestar a los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de justicia Privada (Policía Nacional de Colombia. Edición No. 209, 1989)


Ver vídeo sobre la creación del Cuerpo Especial Armado CEA en https://youtu.be/USBZYbfHF4I

El alcance de los resultados de la Fuerza Pública y especialmente de la Policía Nacional, conllevó a que los grupos armados ilegales y narcotraficantes fijaran al talento humano de la Institución como objetivo criminal, mediante modalidades delictivas dirigidas a atentar contra la integridad física, la vida y la libertad.

 Las FARC en el año de 1984, constituyo en un documento denominado plataforma de lucha de las FARC, en la que planteaban la necesidad de separar las funciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, planteando el “peligro” que representaba para sus intereses criminales la acción de la inteligencia Policía y del Ejército (FARC, 1984).

Los secuestros de miembros de la Institución perpetuados por factores armados irregulares, realizados por interés políticos y especialmente producto del asalto a poblaciones o la identificación de miembros de la institución que de civil se movilizaban en vehículo de transporte público, interceptados en los mal llamados “retenes ilegales”, forma usada por los guerrilleros como medio para manifestar el control del territorio y otra estrategia para valorar la capacidad de reacción del Estado o bajo la justificación de que cualquier persona podría ser infiltrado del enemigo.

 Para el año de 1997, en el pleno ampliado[2] del estado mayor central las FARC adicionó como objetivo estratégico el secuestro de miembros de la Fuerza Pública, especialmente de la Policía Nacional, para obtener beneficios políticos como medio de presión para lograr acciones del Gobierno, especialmente la salida de guerrilleros que se encontraban en los centros de reclusión, bajo la figura de un “canje humanitario”, que permitiera un intercambio de soldados y policías secuestrados por guerrilleros (FARC, 1997).

“… Hay una circular enviada a todos los Bloques y Comandos Conjuntos indicando cómo podríamos realizar una próxima campaña militar simultáneamente en todo el país con fecha y hora muy precisa. Una próxima campaña si logramos crear todas las condiciones favorables nos debe traer como resultado la toma de un batallón, cuyos prisioneros tendremos que seleccionar para canjearlos por varios de los nuestros, para irle rompiendo el esquema a la justicia...”.

Esto se da a partir del logro político que alcanzaron con el manejo propagandístico que le dieron al secuestro y posterior liberación de los militares plagiados en el ataque a la Base de las Delicias en 1996 que constituyó el punto de partida en dicho viraje estratégico como los describen en el documento del Pleno de 1997 (FARC, 1997):

“… La campaña militar reciente y en particular la toma de la base militar de las Delicias, nos permitió propagandizar nuestros documentos, abrir nuevas relaciones con agencias de prensa y periodistas tanto nacionales como internacionales lo mismo que con personalidades de la política y de la cultura, gobiernos y ONGs …”.

La estrategia de secuestrar miembros de la Fuerza Pública, entre ellos policías, para presionar al Gobierno nacional  en acceder a un  canje, significó a policías y soldados pasar más de 12 años encerrados y encadenados en la selva. Esto coincidió con el plan estratégico de la guerra de guerrilla hacia la guerra de movimientos, logrando movilizar gran capacidad de masa para copar unidades militares y estaciones de policía y tomarlos como secuestrados. Para el caso en concreto se trae a colación, la toma guerrillera a  los municipios de Mitú y Miraflores en 1998 y Puerto Rico en 1999.  


vídeo toma guerrillera a Mitú


Aunque en las otras guerrillas el objetivo no era el mismo que a partir de 1996 persiguió las FARC, si mantuvieron el interés político en el secuestro de uniformados, con el objetivo de ganar representatividad y beligerancia en el marco del conflicto armado interno, usando a policías y soldados como instrumentos de guerra bajo el concepto de prisioneros y generar créditos políticos mediante el manejo mediático de sus liberaciones.  Documentos internos del secretariado, muestran el manejo político que le dio las FARC a los secuestrados mediante el canje, en 2010 alias Mono Jojoy planteó lo siguiente:

“… Salimos bien en las entregas unilaterales incluyendo restos de Guevara, quedamos bien plantados ante el mundo y la discusión abierta para el canje de prisioneros de guerra…”.

 Según Manuel Marulanda en entrevista otorgada a la Revista Semana en 1999, la visión del canje desde las FARC buscó demostrar capacidad y una mayor correlación de fuerzas para presionar la promulgación de una ley de canje  (Guerrero , 1999):

“…Nosotros tenemos cómo demostrar que desde hace muchos años hemos venido capturando policías, soldados y siempre que los capturábamos, conversábamos con ellos y posteriormente les decíamos, váyanse y se presentan a la policía. Pero nosotros hemos llegado a tal grado que estamos en condiciones de tener a los capturados y tenerlos en buenas condiciones (…) Estamos en condiciones de tenerlos el tiempo que sea y ya tenemos bastanticos. Tenemos como unos 300 y pico, que siempre es un buen número (…) Como en este país no hay una ley que hable de canje, porque se trata de una lucha interna decimos que el Parlamento haga un estudio, un análisis para que apruebe una ley que se llamará de canje…”. 

 A través de la verificación y consolidación de las bases de datos y acervo documental de la Policía Nacional en coordinación con las Direcciones de Inteligencia Policial, Investigación Criminal e INTERPOL y Antisecuestro y Antiextorción  se constituyó un registro de 611 policías secuestrados, de los cuales 144  fueron antes de 1996, es decir el 76% de los secuestros de policías se presentaron después de 1996 cuando la guerrilla focalizó los plagios con fines políticos de canje, pero la inhumanidad de las FARC frente los secuestrados y las instrucciones impartidas en su momento por el  cabecilla Víctor Julio Suárez Rojas alias "Mono Jojoy",   relacionada con  asesinar a los uniformados ante posibles operaciones de rescate de la Fuerza Pública:

“… Ordené al 44 Frente por el intenso operativo que les tienen, que si no hay otra opción, den de baja los prisioneros pero que no los dejen sanos…”[3]. 

Pese al drama de los secuestrados y sus familias, la guerrilla de las FARC mantuvo por más de 12 años esta estrategia criminal, sin lograr los objetivos planteados, por lo cual generó que desde el año 2007 iniciaran un proceso de entregas unilaterales fragmentada, para ir obteniendo un manejo mediático de las liberaciones. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas que la guerrilla debe resolver en un marco de justicia transicional y en especial de verdad y reparación a las víctimas, conocer la verdad sobre la situación de aquellos que no volvieron y los contextos de sistematicidad y medios de tortura usados contra los secuestrados en cautiverio.

 Lugares donde se focalizó el secuestro de Integrantes de la Policía Nacional en Colombia. 

 

Municipio

Departamento

Municipio

Departamento

Municipio

Departamento

Zaragoza

Antioquia

Orocué

Casanare

Colón (génova)

Nariño

Maceo

Antioquia

Villanueva

Casanare

Cumbitará

Nariño

Vegachí

Antioquia

Yopal

Casanare

Los Andes (Sotomayor)

Nariño

Puerto Berrío

Antioquia

Caloto

Cauca

Tumaco

Nariño

Yondó

Antioquia

Balboa

Cauca

Leiva

Nariño

Guadalupe

Antioquia

Popayán

Cauca

Pamplona

Norte de Santander

Anorí

Antioquia

Santander de Quilichao

Cauca

Tibú

Norte de Santander

Yalí

Antioquia

Patía (El Bordo)

Cauca

La Playa

Norte de Santander

Cañasgordas

Antioquia

El Tambo

Cauca

Sardinata

Norte de Santander

Frontino

Antioquia

Cajibío

Cauca

Salazar

Norte de Santander

Turbo

Antioquia

Timbío

Cauca

Cucutilla

Norte de Santander

Granada

Antioquia

Inzá

Cauca

Cúcuta

Norte de Santander

Remedios

Antioquia

Corinto

Cauca

El Zulia

Norte de Santander

San Carlos

Antioquia

Miranda

Cauca

Villagarzón

Putumayo

Sopetrán

Antioquia

Mercaderes

Cauca

Valle del Guamuez

Putumayo

Cocorná

Antioquia

Chiriguaná

Cesar

Puerto Asís

Putumayo

Concepción

Antioquia

La Jagua de Ibirico

Cesar

San Miguel

Putumayo

Entrerios

Antioquia

Curumaní

Cesar

Pueblo Rico

Risaralda

Nariño

Antioquia

Valledupar

Cesar

Guática

Risaralda

Necoclí

Antioquia

Becerril

Cesar

El Playón

Santander

San luis

Antioquia

Manaure Balcón Cesar

Cesar

La Belleza

Santander

Urrao

Antioquia

Riosucio

Chocó

San Vicente de Chucurí

Santander

Vigia del fuerte

Antioquia

Lloró

Chocó

Cimitarra

Santander

Alejandría

Antioquia

Alto Baudó (Pie de Pato)

Chocó

Piedecuesta

Santander

Medellín

Antioquia

Bajo Baudó (Pizarro)

Chocó

Suratá

Santander

Segovia

Antioquia

Atrato (yuto)

Chocó

Barrancabermeja

Santander

Sonsón

Antioquia

Anolaima

Cundinamarca

Sabana de Torres

Santander

Angostura

Antioquia

Cáqueza

Cundinamarca

San Andrés

Santander

Briceño

Antioquia

Bogotá

Cundinamarca

Cerrito

Santander

Caldas

Antioquia

Beltrán

Cundinamarca

Bucaramanga

Santander

Yolombó

Antioquia

Paratebueno

Cundinamarca

Puerto Wilches

Santander

Cáceres

Antioquia

Tibacuy

Cundinamarca

Matanza

Santander

Cravo Norte

Arauca

Miraflores

Guaviare

Guarandá

Sucre

Tame

Arauca

Acevedo

Huila

Ovejas

Sucre

Magangué

Bolívar

Algeciras

Huila

Planadas

Tolima

Achí

Bolívar

Isnos

Huila

Ibagué

Tolima

El Carmen de Bolívar

Bolívar

Timaná

Huila

Rovira

Tolima

Tiquisio

Bolívar

Villanueva

La Guajira

Armero (Guayabal)

Tolima

Socotá

Boyacá

Santa Marta

Magdalena

Líbano

Tolima

Tipacoque

Boyacá

Fundación

Magdalena

Casabianca

Tolima

El Espino

Boyacá

Ciénaga

Magdalena

Honda

Tolima

Tasco

Boyacá

El Castillo

Meta

Venadillo

Tolima

Chiscas

Boyacá

Granada (Met)

Meta

Alpujarra

Tolima

El Espino

Boyacá

Puerto Rico (Meta)

Meta

Mariquita

Tolima

Pensilvania

Caldas

Villavicencio

Meta

Lérida

Tolima

Manizales

Caldas

Policarpa

Nariño

Fresno

Tolima

Cartagena del Chairá

Caquetá

Ipiales

Nariño

Chaparral

Tolima

San Vicente del Caguán

Caquetá

Belén

Nariño

Palmira

Valle

Morelia

Caquetá

San Bernardo

Nariño

Tuluá

Valle

Puerto Rico

Caquetá

Buesaco

Nariño

Jamundí

Valle

El Paujil

Caquetá

Ricaurte

Nariño

Dagua

Valle

La Montañita

Caquetá

Pasto

Nariño

Cali

Valle

Valparaíso

Caquetá

Barbacoas

Nariño

Mitú

Vaupés

Curillo

Caquetá

Túquerres

Nariño

Cumaribo

Vichada

Albania

Caquetá

 

FuenteDirección de Inteligencia Policial – DIPOL 

 

Creación de los Grupo de Acción Unificada Para La Libertad Pesonal-Gaula-



La década de los noventa se caracterizó en Colombia, pero en especial en Antioquia, por el aumento de otros delitos como el secuestro y la extorsión. En respuesta, el gobierno nacional, en el marco de la política para contrarrestar todos los factores de violencia que afectaba el país, ordenó al Comandante General de las Fuerzas Militares, Director de la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS- la conformación conjunta de una Unidad especializada en la lucha contra el secuestro y la extorsión. Por eso el primer cuerpo para la defensa de la libertad personal fue el UNASE- Unidad Antiextorsión y Secuestro- fundado el 5 de noviembre de 1990 como una división de la Dirección de la Policía Judicial, operativamente todo el personal dependería del comandante del UNASE, quien era un oficial superior de la Policía, para la fecha el entonces Teniente Coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez.

Previamente en el mes de octubre de 1990 el Ministro de Defensa había ordenado la creación del grupo UNASE para atender las necesidades de Medellín y su Área Metropolitana, el 5 de noviembre inicia operaciones el primer grupo UNASE del país, integrado por sesenta hombres de las diferentes fuerzas. Su sede ha estado en diferentes sitios de la ciudad, inicialmente en las instalaciones de la SIJIN, posteriormente en el estadio Atanasio Girardot, por medidas de seguridad se tuvo que trasladar a unas instalaciones cedidas por el municipio en el sector de Barrio triste, hoy se encuentra en zona aledaña al zoológico de Santa Fé.

El Comando General de las Fuerzas Militares en coordinación con la Dirección General de la Policía y el DAS, mediante directivo operacional 300-07 del 4 de abril de 1991 Plan Antiextorsión y Secuestro dispone la creación de los UNASE en diferentes regiones del país, así: 1990 Medellín (como programa piloto), en 1991 urbanos de Bogotá y Cali, rurales de Aguachica, Montería, Popayán, Neiva, Valledupar y así sucesivamente hasta cubrir todo el país.  

Posteriormente y con el fin de dar facultades de Policía Judicial, mediante resolución 112 del 6 de agosto de 1992, son integradas las unidades especiales UNASE a la Fiscalía General de la Nacional. La Directiva presidencial 03 del 3 de mayo de 1994 sobre las responsabilidades del estado en el desarrollo de la estrategia nacional contra la violencia establece que el Ministerio de Defensa nacional en coordinación  la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia y demás entidades pertinentes deberán continuar con la organización y entrenamiento de las unidades antiextorsión y secuestro UNASE.

Luego mediante decreto ley 282 del 6 de junio de 1996, en su artículo 4 se crea los Grupos de Accion Unificada para la Libertad Personal-GAULA- cada uno conformado con el personal y los recursos señalados mediante resolución del director del programa para la defensa de la libertad personal, los cuales deberán ser aportados por la Fiscalía, y las Fuerzas del Estado que conforman el grupo. Mediante esa misma resolución en el decreto 1º se creó el Consejo Nacional de la Lucha contra el secuestro y demás atentados contra la libertad personal-CONASE- como órgano asesor, consultivo y de coordinación de la lucha frente a los delitos que atentan contra la libertad personal.

Durante la existencia del GAULA en la ciudad de Medellín ha contribuido al desarrollo social, cultural y de convivencia del Área Metropolitana, a través de programas educativos ha generado una cultura de la solidaridad, apoyo y prevención, llegando a todos los sectores: industrial, comercial, educativo, transporte, además ha trabajado en la cultura de la denuncia para la convivencia ciudadana.

Por la efectividad mostrada en el rescate de ciudadanos secuestrados, la aprehensión de plagiarios y extorsionistas, el personal que allí opera ha recibido múltiples menciones y reconocimientos

 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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[1] Donald Cooper, estadounidense secuestrado por el M-19 quien era el gerente general de Almacenes Sears en Colombia.

[2] El pleno en las FARC es la instancia de decisión que integra al secretariado y la mayoría de miembros del estado mayor central, cuando no están dadas las condiciones para realizar una conferencia guerrillera, la cual es la máxima instancia de decisión en el grupo guerrillero.

[3] Aparte de documentos internos del Secretariado hallado en dispositivos técnicos incautados a las FARC en la operación Sodoma en septiembre de 2010.