Es
un agrado compartir en este blog, uno de los apartados textuales del libro denominado "Policía, Bandoleros y Guerrilla" de los autores James Nuñez Dueñas, Jenny Gaviria
Cuevas y Dalila Sandoval, quienes analizan desde diferentes disciplinas, como la Policía
Nacional se ha transformado de manera útil, práctica y competente para cumplir
su misión constitucional, adaptándose al constante cambio de la fenomenología
criminal, mejorando el servicio de policía de acuerdo con las dinámicas del
país y atendiendo las necesidades de la comunidad colombiana. (Documento auspiciado por el Área de Historia, Memoria Histórica y Víctimas de la Unidad
Policial para la Edificación de la Paz -UNIPEP.)
El apartado a que me refiero, se denomina "La Policía durante el Gobierno Militar y la Junta Militar", citado en su Capitulo II, paginas 180 a 190, donde se enfatiza que los hechos que acontecieron en 1948 (Bogotazo) marcaron un hito de transformación del aparato del Estado, ya que desde la
presidencia del doctor Mariano Ospina Pérez, para enfrentar los sucesos del
nueve (9) de abril, dictó una serie de decretos como fueron el 1268 del 18 de
abril de 1948, mediante el cual el gobierno durante el Estado de Sitio confió a
las Fueras Militares unas funciones de Policía:
“El
Gobierno designará la autoridad o autoridades militares encargadas de realizar,
con personal militar, las siguientes funciones:1ª Garantizar el orden y la
tranquilidad públicos; 2ª Proteger la vida, honra y bienes de las personas; 3ª Prevenir
la comisión de actos delictivos; 4ª Capturar a los presuntos responsables de
los delitos de carácter militar o comunes que han dado lugar a la actual
situación de turbación del orden público, o que se, cometieren mientras subsista
esta emergencia, para lo cual podrá allanar, previas las formalidades de legales,
los domicilios privados que se consideren indispensable; 5ª Registrar vehículos
y personas sospechosas para el decomiso de elementos y efectos relativos a la
comisión de delitos de que trata el numeral 4º; 6ª Controlar y restringir la
circulación de vehículos en las ciudades y vías públicas, y de conformidad con
el Decreto 1257 de 1948, el expendio de bebidas alcohólicas, y 7ª Reglamentar el
funcionamiento de los establecimientos públicos de diversión, cafés, cantinas y
demás similares”.
Estos hechos
dieron origen al Decreto 1403 del 30 de abril de 1948, el cual reorganizó a la Policía Nacional como
una institución eminentemente técnica; ajena por entero a toda actividad de
carácter político; compuesta por cuerpos especializados en los distintos
servicios, con personal profesional, a fin de conservar el orden público en sus
manifestaciones esenciales de seguridad, tranquilidad y salubridad pública, y
restablecerlo cuando fuere turbado para proteger los habitantes del territorio
nacional en su vida, honra y bienes y, en general, para custodiar y hacer
respetar los derechos de los asociados.
Este
mismo decreto manifiesta que la policía es una profesión. Por consiguiente, para
ejercerla se requerían condiciones personales de orden moral, cultural y
físico.
El
aspirante a oficial, suboficial o agente debía acreditar un pasado honesto y un
temperamento equilibrado y sereno, lo que sería complementado mediante una
instrucción especial en la escuela.
Posteriormente,
el Decreto 2244 del 4 de julio de 1948 consideró licenciar el total del
personal uniformado de la Policía Nacional (haciendo referencia a la Policía de
Bogotá) y la reorganización de esta. En este escenario, la Escuela General
Santander tardaría tiempo en sacar los primeros grados de Agentes y así poder
ascender a los grados superiores como Suboficiales y Oficiales; por tal razón,
el gobierno tomó la decisión de nombrar directamente en sus distintas
categorías a los integrantes que componían la planta de la Policía Nacional, sin
cursos previos, acogiendo a suboficiales y oficiales del Ejército Nacional, ya
fuera en servicio activo o en uso de buen retiro, soportado en la Ley 93 del 16
de diciembre de 1948 en la que se le otorgó facultades extraordinarias al
presidente de la República para reorganizar a la Policía como una institución
eminentemente técnica, alejada de toda actividad o inspiración política y
dotada de una cultura profesional orientada hacia la conservación del orden
público y la protección de la vida y bienes de las personas residentes en
Colombia.
Se
facultó también al ejecutivo para fijar la planta y asignaciones, clasificar
los
servicios, adquirir equipos, organizar la Policía Judicial, de Tránsito, los
Resguardos
de Renta, nacionalizar los Cuerpos de Policía que eran pagados por
los
departamentos, intendencias, comisarías y municipios, con el fin de obtener
unidad
de mando y doctrina (Zapata, 1974).
De
la misma forma, el Decreto ley 2136 del 18 de julio de 1949, Estatuto Orgánico de
la Policía, dispuso que la misionalidad de la institución estaba constituida
para proteger la vida, honra y bienes de las personas residentes en Colombia,
prestando el apoyo requerido para la ejecución de las leyes, las decisiones de
las autoridades jurisdiccionales y la averiguación de los delitos y en general,
lo necesario para conservar el orden público en sus aspectos de seguridad,
tranquilidad y salubridad.
En
este escenario, se consideró que dicha institución debía tener un carácter técnico
y civil, e insistió en ser completamente ajena a la política de los partidos.
Los
Cuerpos de Policía tendrán un régimen y disciplina especiales, semejantes a los
que rigen las Fuerzas Militares, pero acordes con su carácter eminentemente civil,
para asegurar en ellos un riguroso sentido de orden y obediencia.
“Debe entenderse que cuando se afirma que la Policía
es o debe ser una empresa de servicio, se sostiene que se trata de una
actividad seria, que debe responder a una organización técnica, capaz de
satisfacer en forma regular y continua necesidades de carácter general. Tres
son las necesidades que el servicio satisface: protección a la vida, protección
a los bienes, protección a la libertad en general. Su prestación no puede
negársele a persona alguna ni puede inspirarse en la idea de lucro o ganancia”.
(Castaño
Castillo, 1950).
En
consecuencia, en agosto de 1949 fue creado un Cuerpo de Policía denominado
“Transportes y Tarifas”, dependiente de la Dirección General de la Policía
Nacional, compuesto de cien individuos de tropa y cuatro Subcomisarios, con
asignación mensual igual a las respectivas jerarquías en la Policía Nacional,
cuyos gastos estuvieron a cargo de los
respectivos departamentos, especialmente, en los de Bolívar y Santander (creada mediante Decreto 2512 de agosto 18 de 1949), con el fin de cumplir la misión de
velar por el tráfico en las carreteras, y el segundo grupo en que los precios a
los productos fueran del valor estándar en las tiendas.
Por
otra parte, la Asamblea Nacional Constituyente decretó el 13 de junio de 1953,
la vacante al cargo de presidente de la República; esta fue aceptada y fue
nombrado como presidente el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, mediante la
reforma de los artículos 125 y 127 de la Constitución Nacional 1886 y el Acto
Legislativo 1 de 1952 modificado el 18 de junio de 1953.
Con
el ascenso a la presidencia del Teniente General Gustavo Rojas Pinilla se
incorporó a las Fuerzas Armadas el Cuerpo de Fuerzas de Policía. Este acto de
cambiar de un Ministerio a otro, se dio bajo el Decreto 1814 del 10 de junio de
1953, siendo indispensable unificar el mando y coordinar los servicios de las
Fuerzas Armadas con el fin de reestablecer la República; este decreto cambió el
nombre de Comando General de las Fuerzas Militares por Comando General de las
Fuerzas Armadas y lo conformaron el Comando General de las Fuerzas Armadas,
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y las fuerzas de Policía.
Esta
última pasó a formar parte activa del Ministerio de Guerra como el cuarto componente
del Comando General de las Fuerzas Armadas, con presupuesto y organización
propios y prestó los servicios que por ley le correspondían.
Tras
el paso de la Fuerza de Policía al Ministerio de Guerra, surgieron algunos
planteamientos
que buscaron despolitizar a esta institución. Lo opuesto a una
policía
política es una policía profesional, ideada no para atender necesidades
o
caprichos de grupo, sino para servir a la colectividad entera; la división
de
la fuerza pública en policía y ejército fruto de la complejidad de la tarea
que
demanda la conservación del orden público, ha contribuido a la policía
funciones
netamente civiles en oposición a las militares, que se reservan
para
el ejército (Castillo R. P., 1950)
En
el periodo de transición del gobierno del Teniente General Rojas Pinilla, los
cambios estructurales de la Fuerza de Policía fueron escasos, ya que lo que se
pretendía con el paso de esta al Ministerio de Guerra, era dar estabilidad a
este cuerpo.
La
primera tarea que acomete el nuevo gobierno después de su instalación
consiste
en suspender las actividades militares; en ofrecer la libertad a los
guerrilleros
que se rindan y se entreguen, con la garantía de que van a
encontrar
el perdón judicial y la protección de las autoridades, así como hacer
el
esfuerzo por devolver a sus lugares de origen a los que habían tenido que
abandonar
sus tierras y sus casas (Valencia Gutiérrez, 2015).
En
cuanto al orden público, se presentaron varios asesinatos a oficiales y agentes
a manos de bandoleros, el primero de estos fue el asesinato del Subteniente Luis María
González Becerra en la región del Coy, municipio de Ibagué, unidad Tolima, el 7
de enero de 1958.
El subteninete González Becerra habia nacido en Bogotá el 30 de noviembre de 1930, ingresó a la
Escuela de Cadetes el 1º de febrero de 1955 donde conformó el Curso de oficiales numero 14, promoción Camilo Torres Tenorio que se graduó por medio del Decreto 2180 del 5 de septiembre de 1956,
fue ascendido a subteniente y destinado a la División Bogotá.
El 16 de abril de 1957 fue trasladado a la División Tolima donde fue asesinado en cumplimiento de su deber.
Aunado a esto, la crisis presentada el 2 de mayo de 1958 cuando el comandante de la Policía Militar, Coronel Hernando Forero Gómez, con un grupo de oficiales subalternos y las tropas bajo su mando, apresó a cuatro de los cinco miembros de la Junta Militar, habiendo escapado solamente el vicealmirante Rubén Piedrahíta Arango, quien inmediatamente asumió la dirección del gobierno para develar el movimiento, lo que condujo a que en la madrugada de ese mismo día la captura por parte de la Policía Nacional de Alberto Lleras Camargo, candidato a la Presidencia de la República en las elecciones que se realizarían el día 4 de mayo.
El 16 de abril de 1957 fue trasladado a la División Tolima donde fue asesinado en cumplimiento de su deber.
Aunado a esto, la crisis presentada el 2 de mayo de 1958 cuando el comandante de la Policía Militar, Coronel Hernando Forero Gómez, con un grupo de oficiales subalternos y las tropas bajo su mando, apresó a cuatro de los cinco miembros de la Junta Militar, habiendo escapado solamente el vicealmirante Rubén Piedrahíta Arango, quien inmediatamente asumió la dirección del gobierno para develar el movimiento, lo que condujo a que en la madrugada de ese mismo día la captura por parte de la Policía Nacional de Alberto Lleras Camargo, candidato a la Presidencia de la República en las elecciones que se realizarían el día 4 de mayo.
Esta
situación se presentó debido a la condición del doctor Lleras Camargo al ser el
candidato que había sido señalado de común acuerdo entre liberales y conservadores
para iniciar el Frente Nacional en busca de la paz de la nación y la
estabilidad de los mandatos y dar por terminado el liderazgo de los militares.
Sin
embargo, pese a los temores que este hecho suscitó, las elecciones del 4 de mayo
se realizaron en completa tranquilidad, la Policía recibió instrucción por
parte de la Dirección General y de los comandantes de la Policía Bogotá y
Cundinamarca, garantizando que esta se realizara en perfecta calma.
En
la reunión del 7 de mayo con los ministros del gobierno y de guerra tres días
después de la contienda electoral, se debatió la situación de la Policía en la
Junta Militar, siendo llamado el Teniente coronel Bernardo Camacho Leyva (quien
había sido apresado el día anterior, y conducido a los cuarteles de la Policía
Militar, y puesto el mismo día en libertad) y el titular de la dirección de la Policía,
el General Deogracia Fonseca, a quienes se les preguntó qué pasaba en la
policía y cuál sería el medio para reestablecerla.
El
Teniente coronel Camacho Leyva contestó que la crisis radicaba en el mando
militar que había tenido el cuerpo policial y que la única manera de corregir
tantos errores era entregarle la dirección a la misma policía, esta respuesta
no fue del agrado de algunos militares, suscitó a contradicciones como la
inexperiencia de la institución y de los oficiales para asumir semejante
responsabilidad, postulando al entonces señor Teniente Coronel Saulo Gil Ramírez Sendoya, como Director General de la Policía, a lo que el General Fonseca
manifestó entonces que ello estaba en contraposición a la propuesta del
Teniente Coronel Bernardo Camacho Leyva.
El
Coronel Camacho adujo que, si bien era cierto que el oficial de la Infantería
de Marina ya se había desempeñado en las filas de la institución policial como
Comandante de la División Bolívar en Cartagena y se encontraba como Comandante de
la División de Bogotá, contaba con la experiencia y conocimiento para dirigir
la institución, y que aunque había solicitado la baja de la institución, estaba
seguro de que ante esta coyuntura desistiría de su decisión como lo explica
París G. (1958).
Como
lo explica Ossa (1993) “De esta manera, la Junta de Gobierno resolvió entregar el
mando a los oficiales y nombró como Director General al Teniente Coronel Saulo
Gil Ramírez Sendoya, mediante Decreto 8 de mayo de 1958”, esta situación favoreció
la transición entre el gobierno militar y la junta militar, permitiendo la innovación
de sus mandos.
“La
Junta Militar de Gobierno estudió ayer la nota de renuncia colectiva
que
presentaron todos los ministros del despacho y se informa que solo se
producirán
dos cambios: designó como ministros de Justicia y Comunicaciones
al
doctor Fernando Isaza y al Brigadier General Alfonso Ahumada Rodríguez,
respectivamente,
en reemplazo de José María Villarreal y del General Pedro
A.
Muñoz. Igualmente, en el día de ayer fue removido de la comandancia de
las
Fuerzas de Policía el Coronel Quintín Gustavo Gómez y designado en su
reemplazo
el Teniente Coronel Saulo Gil Ramírez Sendoya”.
Este
tipo de acciones reflejaron un nuevo comienzo en la Policía, generando
reacciones favorecedoras por parte de diversas fuerzas del Estado y, en
especial, de la Junta Militar, un ejemplo de ello fue:
En
la Junta Militar de Gobierno a usted y a todo el personal de su Unidad, envía
la
más efusivas congratulaciones y agradecimientos del Gobierno y del pueblo
colombiano
expresado en comunicados del 16 de los corrientes con motivo
de
la muy eficaz y laudable colaboración con esta junta y del personal a sus
órdenes
en el desarrollo de las elecciones pasadas en las cuales la Fuerzas de
Policía
dieron prueba una vez más del ejemplar patriotismo y estricto sentido
de
cumplimiento deber. La junta militar incita a todo el personal de las Fuerzas
Armadas
para que continúen su desvelados imparciales y patrióticos servicios
al
pueblo colombiano que, comprensiva y notablemente están reconociendo
ejemplar
actitud Presidente Junta Militar mayor general Cabriel París
(París
G., 1958).
Bibliográfia:
Nacional. Policía (2018). Dinámicas del servicio de policía en el contexto de la violencia en Colombia 1948-2017. Tomo I. Policía, bandoleros y guerrilla.
Libro que puede ser obtenido en su versión PDF a través de la pagina web:
https://memoriahistoricapolicial.com/2018/04/24/libro-policia-bandoleros-y-guerrilla/
Nacional. Policía (2018). Dinámicas del servicio de policía en el contexto de la violencia en Colombia 1948-2017. Tomo I. Policía, bandoleros y guerrilla.
Libro que puede ser obtenido en su versión PDF a través de la pagina web:
https://memoriahistoricapolicial.com/2018/04/24/libro-policia-bandoleros-y-guerrilla/
Fuentes electrónicas consultadas
