EL FUERO PENAL MILITAR PARA LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Con el objeto de dar a conocer apartes importantes sobre la génesis y evolución del Fuero Penal Militar para la Policía Nacional de Colombia, respetuosamente me permito compartir el discurso de orden, pronunciado por el doctor Leonel Olivar Bonilla, para tomar posesión como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Policial, sesión especial realizada en la sede de la corporación el día 19 de noviembre de 2002. 

Su historia

Permítanme expresar mis sentimientos de gratitud a la Academia Colombiana de Historia Policial por el altísimo honor que me hace en este día.  Hago extensivo este reconocimiento a la Policía Nacional; por su naturaleza, por los fines que la Carta Fundamental le señala, simboliza lo más noble del pueblo colombiano que ve en ella la esperanza de una patria mejor.

Desde mi ingreso a las Fuerzas Militares como auditor principal de guerra de la Armada Nacional y luego como magistrado del Tribunal Superior Militar, tuve la oportunidad de conocer a sus oficiales, a sus suboficiales y a sus agentes, y de apreciar la importancia de su misión.

La Policía es consustancial en el Estado, y hoy la Policía Nacional representa la aspiración de la convivencia pacífica de los colombianos como lo proclama el artículo 218 de la Constitución Nacional; su fin primordial, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Winfried Hassemer

Enseña el profesor alemán Winfried Hassemer que la policía es, por encima de todo, el blanco del monopolio estatal de la fuerza. “Sus acciones u omisiones deciden, en buena parte, sobre lo bueno y lo mío de la seguridad interna, sobre el éxito de una sociedad civil y sobre la protección de los ciudadanos en el caso concreto.  Por esto se dirigen hacia ella no sólo las expectativas de los que necesitan a diario seguridad sino también de los que desean un orden justo en la sociedad. “

Mi intervención versará sobre el fuero militar en la Policía Nacional.  Sus orígenes y su consagración en la Constitución Política de 1991.

Definiciones

La palabra fuero se deriva del latín forum, que quiere decir tribunal.

La Real Academia de la Lengua le atribuye estos significados:

1. Ley o códigos dados para un municipio durante la Edad Media.
2. Jurisdicción, poder.
3. Nombre de algunas compilaciones de leyes.
4. Cada uno de los privilegios o extensiones que se conceden a una provincia, ciudad o persona.
5. Lugar o sitio en que se hace justicia.
6. Competencia a la que legalmente las partes están sometidas y que por derecho les corresponde.

El maestro GuillermoCabanellas hace importantes referencias históricas y una amplia enumeración:

“Más actuales son las siguientes acepciones:

a)    El lugar del juicio; esto es el lugar o sitio en que se hace o administra justicia.

b)    El juicio, la jurisdicción y potestad de juzgar; en cuyo sentido se dice que tal causa pertenece al fuero eclesiástico, si corresponde el juicio a la jurisdicción o potestad eclesiástica, etc.

c)    El Tribunal a cuya jurisdicción está sometido el reo o demandado, designado en este sentido como fuero competente.

d)    El distrito o territorio dentro del cual puede cada juez ejercer su jurisdicción.

El fuero como jurisdicción o potestad, puede ser ordinario, poder que se tiene de conocer todas las causas, tanto civiles y criminales que no correspondan a tribunales especiales; y privilegiado, poder que se tiene de conocer cierta clase de causas, o las que se refieren a ciertas personas, cuyo conocimiento se ha sustraído a los tribunales ordinarios”.

Este último, al que se refiere el autor, fuero privilegiado,  es el más común.

Es la competencia de un tribunal para conocer de aquellos hechos atribuidos a determinadas personas, en razón de su especial condición, de su profesión o de la función que desempeñan en la organización social.

Cuando se dice que una persona tiene fuero, se está afirmando que debe comparecer, no ante el tribunal establecido por la ley para todos los ciudadanos por la naturaleza del hecho, el territorio en que tuvo ocurrencia o de la cuantía, sino ante otro tribunal señalado especialmente en razón de la investidura o del título que ostenta.

No es lo mismo competencia de un tribunal especial que fuero; como lo dijimos antes, el fuero se entiende como la competencia de un tribunal para juzgar a determinadas personas, pero en consideración a su profesión o a su investidura; esta es su característica.

Recuerda el autor Renato Astrosa que en la Edad Media aparecieron jurisdicciones de carácter privilegiado a favor de los habitantes de determinadas poblaciones o en beneficio de individuos que ejercían determinados oficios, “de tal manera que en España existían, al terminar el siglo XVIII, alrededor de veinte jurisdicciones o fueros, y entre los militares había fueros espacialísimos, atendida la jerarquía o la condición social del inculpado militar (noble o plebeyo), y también del arma a que pertenecía (alabarderos, infantería, artillería, etc.)”.

Aun cuando se tacha de antidemocrática la existencia de los fueros, es preciso aceptar que en el estado de derecho no son realmente un privilegio sino una necesidad de orden social, cual es la de preservar la independencia y la propia dignidad de quienes ostentan determinado cargo o investidura.

No se trata de favorecer a una persona sino de preservar con mayor eficacia el orden jurídico.

El fuero militar en la Constitución de 1886

Constitución de 1886

El artículo 170 de la Constitución anterior decía lo siguiente:

“De los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”.

En forma paralela al artículo 58 de la Carta, origen del fuero común, se consagraba el fuero militar.  El constituyente precisaba los límites del fuero militar por su aspecto sustantivo y por su aspecto procesar, así:

1. En cuanto al derecho sustantivo:

a) Que el hecho ilícito fuera cometido por un militar en servicio activo.

b)    Que el ilícito tuviera relación con el servicio.

2. En cuanto al derecho procesal:

a) Conocerán las cortes marciales o tribunales militares; son los órganos que administran justicia en este caso.

b) Con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar, es decir, de acuerdo a las normas de procedimiento establecidas para el juzgamiento en esta jurisdicción.

No debemos olvidar que de conformidad con el artículo 2º de la misma Carta, los poderes públicos se debían ejercer en los términos que la misma establecía y no en otros.

Ni el Congreso era libre de atribuir el conocimiento de estos delitos a la jurisdicción ordinaria, ni los jueces ordinarios podían conocer de ellos porque invadían una órbita reservada por el constituyente a las cortes marciales.

Orígenes del fuero militar para la Policía Nacional

a)    Disposiciones constitucionales

La Constitución política de Colombia de 1886, sancionada por el general José María Campo Serrano como primer designado el 5 de agosto del mismo año, consagró el título XVI a la Fuerza Pública; constaba de siete artículos.  Transcribimos de estos los siguientes:

165. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones patrias.

La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximan del servicio militar.

166. La nación tendrá para su defensa un ejército permanente.  La ley determinará el sistema de reemplazos del Ejército, así como los ascensos, derechos y obligaciones de los militares.

171. La ley podrá organizar y establecer una milicia nacional.

Como se observa, el constituyente no incluyó a la Policía Nacional como integrante de la Fuerza Pública. Solamente mencionaba el Ejército Nacional y dejó al legislador la facultad de establecer y organizar la milicia nacional. Es posible encontrar una explicación de lo anterior en el acuerdo que consagró las “bases de la reforma”, del Consejo Nacional de Delegatarios de 30 de noviembre de 1885; la tercera de ellas decía: “La conservación del orden general y seccional corresponde a la nación.  Solamente ella puede tener ejército y elementos de guerra, sin perjuicio de los ramos de policía que corresponde a las secciones”.

  

Este acuerdo fue sancionado por el presidente Núñez el 1º. de diciembre de 1885, quien lo sometió a la ratificación de las municipalidades. 

Se dejó entonces a las secciones lo relativo a la policía. Conviene recordar que el numeral 8º del artículo 120 de la Constitución, en su numeración original, le daba al presidente la misión de conservar en todo el territorio el orden público, y restablecerlo donde fuere turbado.  En concordancia con lo anterior, los gobernadores estaban obligados a cumplir y hacer cumplir en el respectivo departamento, las órdenes del gobierno, artículo 195 numeral 1º.  La Policía Nacional fue creada después: por decreto número 1.000 de 1891 con base en la Ley 23 del mismo año.

 

Decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891

El acto legislativo número 1 de 1936 no cambió la situación de orden constitucional y en la codificación de ese año aparecen con igual redacción los artículos 165 y 171 transcritos, lo mismo que el 166 sobre el Ejército, el 167 sobre la fijación del pie de fuerza por la ley, el 168 sobre la no deliberación de la Fuerza Armada, el 169 sobre las garantías para los militares, de sus grados, honores y pensiones, y el 170 sobre el fuero militar para los militares en servicio activo.

Por el artículo 75 del acto legislativo número 1 de 1945 se modificó el artículo 171 así:

Artículo 171. “la ley podrá establecer una milicia nacional y organizará el cuerpo de Policía Nacional”.  Se incorpora así a la Policía Nacional en la Carta Fundamental como integrante de la Fuerza Pública, título XVI.

En la codificación de 1945, el artículo 171 quedó como 167  y fue el que rigió desde el año mencionado hasta cuando entró en vigencia la Carta fundamental de 1991.

Era entonces la base constitucional para considerar el fuero para la Policía Nacional, hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.

b ) Estatutos legales

Veamos a continuación los principales, acerca del mismo tema.

El Decreto 1125 de 1950, Código de justicia penal militar, constaba de tres libros; no se ocupó del juzgamiento de los miembros de la Policía Nacional.  En su artículo 86, primero del libro segundo, decía que cometen delito militar “las personas que ejecuten cualquiera de las infracciones previstas en él”. Fue modificado y adicionado por el Decreto 2.900 de 1953.

Por medio del Decreto 1814 de 10 de julio de 1953, bajo la presidencia del Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, el gobierno incorporó la Policía Nacional como cuarto integrante de las Fuerzas Armadas.

El Decreto 1426 de 4 de mayo de 1954.  Constaba de 14 artículos.  En su artículo 1º ordenó: “De todos los delitos que cometan los miembros de las fuerzas de Policía en servicio activo, conocerá la justicia penal militar”.

Y en su artículo 9º:  “ En todos aquellos casos en que el libro II del Código de justicia penal militar se refiere a los militares, las respectivas disposiciones se aplicarán a los miembros de las fuerzas de Policía” .

El Código Penal Militar de 1958, Decreto 250 del mismo año, ratifica el fuero de la Policía Nacional en su artículo 284.  así:  “Para los efectos de este código, los términos militar o militares se aplicarán a los miembros de las fuerzas de Policía, a excepción de lo dispuesto en el capítulo IV del título II del libro II”.

Este capítulo, artículos 158 a 162, se ocupaba del delito de deserción.

Con la instauración del régimen del Frente Nacional se dictó el Decreto 1705 de 18 de julio de 1960.  En su artículo 40 calificó a la Policía Nacional como una institución de carácter civil.

Es conveniente recordar que el Decreto 1426 de 1954 y el Código Penal Militar de 1958 fueron incorporados a la legislación permanente de Colombia por la Ley 141 de 1961.

El Decreto 1665 de 1965 en su artículo 1º ordenó:”Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 1705 de 1960, la justicia penal militar continuará con la competencia para conocer y decidir de los delitos cometidos o que se cometan por los miembros de la Policía Nacional con arreglo al Código de Justicia Penal Militar”.  Es un antecedente de orden legislativo, del criterio acogido en la Constitución vigente.

El Decreto 1752 de 1965 en su artículo 1º tenía una redacción similar.  El Decreto 1667 de 1966 en su artículo 11 decía: “El personal de la Policía Nacional que con ocasión del servicio o de funciones inherentes a su cargo cometa un delito, será juzgado de acuerdo con las normas del Código de Justicia Penal Militar y de las demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen”.

La Ley 48 de 1967 le dio carácter de ley.

El Decreto 2347 de 1971 “por el cual se reorganiza la Policía Nacional”, traía entre sus normas las siguientes:

“Artículo 8º. Los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional que, con ocasión del servicio o por causa del mismo o de funciones inherentes a su cargo, cometan delito, serán juzgados de acuerdo con las normas del Código Penal Militar”. 

“Artículo 9º. La jurisdicción, competencia y organización de la justicia penal militar, se regirán de acuerdo con las normas del Código de Justicia Penal Militar”.

Si la Policía Nacional era una institución de carácter civil, ¿qué respaldo constitucional podían tener las disposiciones legales que le reconocían fuero militar?

c)    La jurisprudencia

Ante una demanda de inexequibilidad de varias normas relacionadas con el tema que nos ocupa, la Corte Suprema de Justicia en sala plena dictó la sentencia de 20 de septiembre de 1973; declaró exequibles los artículos 284, 285, 345, 347, 348 y 349 del decreto 250 de 1958 (Código Penal Militar), la ley 141 de 1961 en cuanto dio vigencia permanente a estos mandatos, el artículo 11 del decreto 1.667 de 1966, el 1º de la ley 48 que le da carácter de ley, y los artículos 2º del decreto 2.338 de 1971 y 8º y 9º del decreto 2.347 de 1971.

Veamos a continuación las principales razones expuestas por la Corte para fundamentar su decisión.

“6º. El Ejército Nacional o las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son instituciones idénticas, aunque ambas están al servicio de los intereses permanentes de la nación, pues se diferencian en cuanto a su origen, su organización y sus funciones.  Son entidades distintas delimitadas constitucionalmente por los artículos 166 y 167 ya transcritos.

A la primera corresponde la guarda de la soberanía nacional y del orden externo y a la segunda el mantenimiento del orden interno, la seguridad, la sanidad y la moralidad públicas. Pero el legislador puede atribuir a las Fuerzas Militares la prestación de servicios similares a los de la Policía Nacional, sin que se desnaturalice el origen, la organización y las funciones del Ejército.

Este tiene constitucionalmente un fuero penal especial (art. 170) pero la ley puede igualmente, por atribución de la Carta, conceder el mismo fuero castrense a la Policía Nacional, porque la organización de este cuerpo es facultad autónoma del legislador (art. 167) que puede ejercitar según las conveniencias propias de la institución para el mejor desempeño de las funciones que les corresponden.

Por otra parte, tanto la facultad de organizar el Ejército (art. 166) como la de organizar el cuerpo de Policía (art. 167) por medio de leyes, están comprendidas dentro del mismo título XVI de la Fuerza Pública de la Constitución.

7º. Organizar, como dice el Diccionario de la Lengua Castellana, es “dar a las partes de un cuerpo la disposición conveniente para las funciones a que está destinado”. Tratándose de un cuerpo armado u organismo eminentemente técnico, de personal jerarquizado en el cual las autoridades de la República han puesto la función de prevenir la perturbación del orden y tutelar todos los derechos, es indispensable que la organización no se a determinar el número, el orden o la dependencia de las partes que lo integran, ni simplemente el ingreso, ascenso y retiro con las prestaciones legales. Es necesario principalmente reglamentar la forma en que debe ejercerse el poder de la Policía señalando los límites de esa actividad para que la restricción de las libertades ciudadana ciña al necesario mantenimiento del orden público y al mismo tiempo determine los derechos de quienes desarrollan ese poder de Policía.

Extraordinaria importancia tiene la sentencia de 15 de marzo de 1973 dictada por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia; con anterioridad al pronunciamiento de la sala plena, que acabamos de mencionar.  En esta oportunidad dijo:

“ La organización de una empresa, o de un cuerpo, o de cualquiera entidad, implica resolver no sólo las cuestiones referentes a su establecimiento o a su institución, sino también las de reformarlos una vez en funcionamiento, regulando en cualquier tiempo el número, orden y dependencia de los elementos que lo componen, para que pueda cumplir los fines predeterminados.  En este mismo orden de ideas, la organización de la Policía Nacional implicaba la expedición de los reglamentos propios del cuerpo, relacionados con la disciplina, composición jerárquica, asignaciones y prestaciones, administración de servicios, ascensos, traslados, dotación, seccionamiento según los lugares y expansión de acuerdo a las necesidades generales del país.

En virtud del citado mandamiento, la Policía pudo entrar a integrar un cuerpo nacional eliminando progresivamente las policías municipales.

4 – Pero la organización no puede limitarse a los aspectos relacionados, sino que forzosamente debe extenderse al régimen de juzgamiento y sancionatorio de las faltas contra la disciplina y de los delitos que la socaven. Hacer esa limitación implicaría dejar por fuera uno de los factores indispensables para el mantenimiento de esa organización, como cuerpo.  Entendiendo por cuerpo, según surge del texto constitucional, una asociación de funcionarios dirigidos por un pensamiento común, administrativo y político, gobernado por disposiciones generales, fijas, solemnes y obligatorias.  No podría decirse que existe un verdadero cuerpo de policía unificado en todo el país, si la ley no tuviera, como sí lo tiene hoy, la facultad de establecer el procedimiento para que se califiquen las conductas de sus miembros y para que se apliquen las sanciones señaladas previamente.

5 – Esta indicación procesal no sólo aparece refrendada por el artículo 167 de la Constitución, en cuanto permite hacerlo dentro de la organización que debe darse a cuerpo, sino que responde a la naturaleza de éste, bien distinto de las otras asociaciones, máxime si se tiene en cuenta que se ordena el régimen especial para el personal uniformado de la institución y exclusivamente en los casos de conductas delictivas cumplidas por razón o con ocasión del servicio.

En manera alguna pugna con el sentido civil de la Policía la organización militar que se le da, ni mucho menos cuando se lleva al personal armado del cuerpo a responder ante los tribunales castrenses por conductas contrarias al servicio.

6 – La Ley 7ª de 1970 trasladó al presidente de la República la facultad del Congreso para reorganizar el Ministerio de Defensa y las dependencias a su cargo.  Los artículos 40 del Decreto – Ley 1705 de 1970, 1º del Decreto 1667 de 1966 y 44 del Decreto 2525 de 1967, disponen que la Policía está bajo la inmediata dirección y mando de ese ministerio.  De donde surge la consecuencia, puntualizada por el procurador, de que el gobierno podía organizar, más aún, reorganizar el cuerpo policivo, y por lo que hace relación al fuero para el juzgamiento establecido en el artículo 8º del Decreto 2347 de 1971, el legislador no hizo cosa distinta de conservar el que ya había sido otorgado al personal de la Policía por el artículo 11 del Decreto 1667 de 1966, incorporado a la legislación de la República por la Ley 48 de 1967”.

d)    Los límites del fuero para la Policía Nacional

Definido el fundamento del fuero por la Corte Suprema de Justicia, encargada por el artículo 214 de la Constitución anterior de decidir acerca de la exequibilidad de las leyes y decretos del gobierno en ejercicio de las atribuciones de que trataban los artículos 76, ordinales 11, 12, 80 y 121 de la misma, se presentó una controversia acerca de si el 284 del Código Penal Militar de 1958, Decreto 250, artículo que equiparaba a militares a los miembros de la Policía Nacional para los efectos del mismo estatuto, había sido derogado por los estatutos posteriores.

El problema consistía en decidir si el fuero para la Policía Nacional se limitaba a los delitos cometidos con ocasión del servicio por sus integrantes en cualquier tiempo, o si también lo tenían para los delitos cometidos en actos ajenos al servicio durante las épocas de estado de sitio, turbación del orden público o conmoción interior, o sea, si lo tenían en las mismas condiciones que el personal de las Fuerzas Militares, numeral segundo del artículo 308.

En esta controversia intervinieron la Sala Penal de la Corte donde hubo variaciones de criterio al respecto; el Tribunal Disciplinario creado por el artículo 73 del acto legislativo número 1 de 1968, artículo 217 de la Carta de 1886, y el Consejo Superior de la Judicatura establecido por el acto legislativo numero 4 de 1979, artículo 148 de la codificación para esa época, de corta duración.

En sentencia del 11 de junio de 1971 dijo la sala penal de la Corte:

“ Es evidente que el Decreto 1667 de 1966 al ser acogido como ley, derogó todas las disposiciones anteriores y contrarias a las nuevas normaciones, entre ellas los Decretos 1814 de 1953 y 1752 de 1965, citado por el demandante, y el artículo 284 del Código de Justicia Penal Militar (Decreto 250 de 1958, acogido como Ley por la 141 de 1961), invocado por la Procuraduría, artículo que hacía aplicable a las Fuerzas de Policía, asimilando éstas a las Fuerzas Militares, con una sola excepción que no es preciso determinar, las normas del estatuto castrense entre éstas el artículo 308, que en su numeral 2º atribuye a la Justicia Penal Militar el conocimiento “De los delitos establecidos en las leyes penales comunes cometidos por militares en servicio activo o por civiles que están al servicio de las Fuerzas Armadas, en tiempo de guerra, turbación del orden público del orden público o conmoción interior”.

Consideraba entonces que el fuero para la Policía por el aspecto legal, tenía su fundamento en el artículo del Decreto 1667 de 1966, estatuto orgánico de la institución y no en el Código Penal Militar.  Es decir: se aplicaba ricamente a los delitos cometidos con ocasión del servicio, en todo tiempo.

Pero la misma sala penal recogió su reiterada jurisprudencia anterior. En providencia del 7 de diciembre de 1977 dijo lo siguiente:

“Comprobado está también que par el día de los hechos de sangre que protagonizó, el sindicado pertenecía a la Policía Nacional.  Nada importa que se encontrara en traje de civil y se hubiera dedicado a la ingestión de bebidas embriagantes en lugar de cumplir funciones oficiales. Lo anteriormente dicho porque para la fecha de los hechos de sangre investigados, 8 de diciembre de 1971, el país se encontraba en estado de sitio, que fue declarado mediante decreto 2.725 del 29 de diciembre de 1973”.

Dice el artículo 308 del Código de Justicia Penal Militar, en su numeral segundo, que la jurisdicción militar conoce: “de los delitos establecidos en las leyes comunes cometidos por militares en servicio activo o por civiles que están al servicio de las Fuerzas Armadas en tiempo de guerra, conflicto armado, turbación del orden público o conmoción interior”.  La Corte en sentencia del 4 de octubre de 1971 declaró exequible dicha disposición.  Por otra parte, el artículo 284 del Código de Justicia Penal Militar dispone que: “para los efectos de este Código los términos militar o militares, se aplican a los miembros de las Fuerzas de Policía, a excepción de lo dispuesto en el capítulo IV, título IV libro”.  La Corte, en fallo del 20 de septiembre de 1973 declaró la constitucionalidad de tal disposición.

En consecuencia, por encontrarse el país en estado de sitio (artículo 121 de la Constitución Nacional y Decreto 250 del 26 de febrero de 1971), por ser el sindicado miembro de la Policía Nacional asimilado a militar y en servicio activo (artículos 284 y num. 2º. del  artículo 308 del Código de Justicia Penal Militar), su juzgamiento se produjo por parte de la Justicia Ordinaria y, por tanto, este proceso es nulo desde el auto que ordenó se cerrara la investigación (artículo 210 num. 1º. del Código de Procedimiento Penal)”.

Lo anterior significaba que se reconocía a los miembros de la Policía el fuero en las mismas condiciones que los militares así:

1-    En todo tiempo, por la comisión de hechos punibles cometidos con ocasión del servicio.

2-    Por hechos punibles cometidos sin ocasión del servicio, durante la época de estado de sitio.

Desde el momento en el  Tribunal Disciplinario,  que se constituyó por medio de la Ley 20 de 1972, con fundamento en el artículo 217 de la Carta, entró a dirimir los conflictos de competencia, compartió la tesis sostenida inicialmente por la sala penal de la Corte: que el artículo 284 del Código Penal Militar estaba derogado por disposición del Decreto 1667 de 1966, sustituido por los estatutos orgánicos dictados con posterioridad, que en términos generales decían lo mismo.  Así lo manifestó en diferentes fallos, entre otros, los del 7 de octubre de 1967 y 25 de julio de 1978.

Ante la insistencia de la sala penal, el tribunal disciplinario, en extensas motivaciones de su fallo del 13 de marzo de 1979 dijo lo siguiente:

“En virtud de los artículos 217 de la Constitución Nacional y 7º de la Ley 20 de 1972, los conflictos de competencias entre jurisdicciones distintas deben ser dirimidos por el Tribunal Disciplinario y de Conflictos.  Lo lógico, entonces, y lo legal, incluso, radica en que cuando se presentan estas situaciones sea el criterio de la corporación con poder constitucional al efecto el que prevalezca, como ha sido incluso acogido con altura que le honra por la Corte en pleno, en auto del 17 de octubre de 1978, en que somete a la decisión de este tribunal el conflicto que se le ha suscitado con e Consejo de Estado, relativo a la demanda de la inconstitucionalidad del decreto 2.782 de 1965.

“No se trata de que se le dé la razón, porque sí, a este tribunal; sencillamente, entre sus funciones, por mandato legal y constitucional, se encuentra la de dirimir los conflictos de competencia, y es obvio que ejercida esa función debe primar, como son profundamente respetables y obligatorias las decisiones de la Corte en las elevadísimas cuestiones que le corresponden”.

“Decidida una cuestión por la autoridad que tiene legal y constitucionalmente la facultada para ello, esa decisión es obligatoria, por profundas que sean o parezcan a cualquier persona, funcionario o entidad, las razones de su propia discrepancia.  Por ejemplo: si la Corte en ejercicio de su facultad constitucional de guardiana de la integridad de la Carta, decide que determinada normal legal es constitucional, no puede juzgado o corporación alguna aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Cuando más, señalar los motivos de su desacuerdo, pero en manera alguna desconocer ese fallo por los tremendos absurdos y consecuencias a que ello conduciría, similares a los que se vienen presentando en relación con los delitos de que acusa a los servidores de la Policía”.

“Pero además de todo lo anterior, es preciso poner de presente también los siguientes argumentos, indicativos de que el artículo 284 del Código de Justicia Penal Militar se encuentra derogado”.

“Ya se ha dicho que tal estatuto – Decreto 250 de 1958 – fue dictado cuando la Policía hacía parte, como cuarto cuerpo de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Militares, y que ello explica que hiciera extensivos a los agentes, suboficiales y oficiales de la Policía los términos militar o militares.  Pero que como en 1960, por medio del decreto 1.705, la Policía se sustrajo de las Fuerzas Armadas o Militares, a partir de entonces y mientras no haya disposición nueva en contrario, no se le pueden aplicar los referidos términos”.

“Pues bien: el Decreto 2347 de 1971, cuyo artículo 8º señaló los parámetros para el juzgamiento penal de la Policía, fue dictado en virtud de las facultades extraordinarias que el Congreso le otorgó al presidente de la República por medio de la ley 7ª de 1970”.

“Para reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional y las entidades adscritas o vinculadas a éste, modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y las remuneraciones y prestaciones sociales de dicho personal”.

“Nótese bien: para el Legislador de 1970 no había duda alguna de que uno es el personal al servicio de las Fuerzas Militares y otro el personal de la Policía Nacional; que, pues, este no hace parte de aquel ni se puede con el mismo confundir, y por eso precisamente procedió a facultar al gobierno para expedir, separadamente, estatutos sobre régimen de los militares y de la Policía”.

           Dijo, en efecto el artículo 1º de citada ley:

“De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año contado desde la vigencia de esta ley, para los siguientes efectos:

c)    Modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y

d)    Modificar las remuneraciones, así como el régimen de las mismas y el de las prestaciones sociales del personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

“No hay pues, duda posible al respecto, el legislador dice y repite que la Policía no hace parte de las Fuerzas Militares, que son un cuerpo independiente, distinto y separado de éstas.  Un cuerpo armado, ciertamente, pero no por ello inmerso dentro de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Militares que como expresiones sinónimas y referibles a un solo concepto, distinto de la Policía, se usan también por los artículo 165 a 170 de la Constitución Nacional”.

En virtud de las facultades en aquella forma conferidas – para modificar el régimen de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional – se profirió, entre otros estatutos, el orgánico de la Policía y dentro de éste, el artículo 8º del Decreto 2347 que dice cómo se rige el juzgamiento de los delitos atribuidos a la Policía:

A)   Por las normas del Código Penal Militar si es en vinculación con el servicio o las funciones inherentes al cargo: y

B)   Contrato sensu, por los jueces ordinarios o comunes si no aparece aquella vinculación.

     “ Lo anterior fluye naturalmente de los antecedentes dichos y es claro que, como orgánico del juzgamiento de los delitos cometidos por la Policía, el repetido artículo 8º deroga toda la legislación anterior, los artículos 284 y concordantes del Código de Justicia Penal Militar, incluidos y no de manera tácita sino expresa ya que así se dijo por el artículo 123 del mismo decreto:

“El presente decreto rige a partir de su expedición… y deroga (las) disposiciones que le sean contrarias”.

Igual fue el criterio que acogió el Consejo Superior de la Judicatura  creado por el artículo 44 del acto legislativo número 1 de 1979, artículo 148 de la Constitución vigente para la época, en el fallo de enero 9 de 1980.

“En consecuencia, - dijo en este fallo la mencionada corporación-, si la Policía Nacional es un cuerpo civil armado, al cual cobija un fuero especial, policivo, no militar,  contenido en el artículo 8º del decreto 2.347 de 1971, fuerza es concluir, como lo hizo el tribunal disciplinario en repetidas oportunidades que el artículo 284 del Código de Justicia Penal Militar quedó tácitamente derogado una vez que aquella fue sustraída del conjunto de las Fuerzas Militares y si ello es así, el caso materia del conflicto debe examinarse a la luz de dicho artículo con prescindencia de la declaratoria de turbación del orden público contenida en el decreto 2.131 de 7 de octubre de 1978”.

Este acto legislativo número 1 de 1979 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, por sentencia del 3 de noviembre de 1981.

Es preciso anotar que la sala penal de la Corte volvió a su tesis inicial.  Por ejemplo, en la providencia del 28 de septiembre de 1982 decretó la nulidad del juzgamiento realizado por la justicia penal militar en razón de que el delito atribuido al agente de la Policía se realizó en actos ajenos al servicio.  Afirmó la prevalencia del artículo 8º del decreto 2.347 de 1971 sobre el artículo 284 y demás disposiciones contrarias del decreto 250 de 1958, a pesar de que el hecho fue cometido en época de estado de sitio.

e)    El Código Penal Militar de 1988

Era el decreto 2.550 de 1º de diciembre.  Derogó el estatuto anterior, decreto 250 de 1958 y señaló su vigencia seis meses después de su expedición. 

En el artículo 14 ordenó que sus disposiciones se aplicarían a los militares en servicio activo que cometieran hecho punible militar o común relacionado con el servicio y a los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional.

En la sentencia C-358 de 5 de agoto de 1997, de mas de 100 páginas, la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de diversos artículos del nuevo estatuto.  Es necesario transcribir aquí dos párrafos de la extensa providencia en los que se concreta el pensamiento de la corporación acerca del alcance del fuero militar para los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.

En la página 23 encontramos lo siguiente:

3. La expresión “relación con el mismo servicio”, a la vez que describe el campo de la jurisdicción penal militar, lo acota de manera inequívoca.  Los delitos que se investigan y sancionan a través de esta jurisdicción no pueden ser ajenos a la esfera funcional de la Fuerza Pública.  Los justiciables son únicamente los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, cuando cometan delitos que tengan “relación con el mismo servicio”.  El término “servicio” alude a las actividades concretas que se orienten a cumplir o realizar las finalidades propias de las Fuerzas Militares.

-       Defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

-    Y de la Policía Nacional, mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica.

Más adelante, página 33, sostiene la alta corporación:

11. Conforme a lo anterior, la extensión del fuero penal militar a conductas que están más allá de los delitos estrictamente relacionados con el servicio representa una vulneración a la limitación que impuso el constituyente al ámbito de aplicación de la justicia penal militar.  En tales circunstancias, los argumentos expuestos conducen inevitablemente a la declaración de inconstitucionalidad de las expresiones “con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su cargo, o de sus deberes oficiales” incluida en el artículo 190; “con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su cargo”, contenida en los artículos 259, 261, 262, 263, 264 y 266; “con ocasión del servicio o por causa de éste” comprendida en el artículo 278; y “u otros con ocasión del servicio”, incluída en el artículo 291 del Código Penal Militar.  En efecto, en todos estos casos el legislador extendió el ámbito de competencia de la justicia castrense más allá de los constitucionalmente admisible, por lo cual la Corte retirará del ordenamiento de las expresiones, en el entendido de que la justicia penal miliar sólo se aplica a los delitos cometidos en relación con el servicio, de acuerdo con los términos señalados en el numeral precedente de esta sentencia”.

12. Para finalizar este aparte y teniendo en cuenta que luego de esta    sentencia  el texto del articulo 291 del Código Penal Militar puede resultar equívoco, importa precisar que el contenido vigente del mencionado artículo quedará así: “Juez natural.  Los militares en servicio activo y los miembros de la Policía Nacional, cuando cometan delitos contemplados en este Código, y en relación con el mismo servicio, sólo podrán ser juzgados por los jueces y tribunales establecidos en este Código”.

El fuero de la Policía Nacional en la Constitución de 1991

a)    El mandato constitucional.

Coronel Carlos Alberto Pulido Barrantes

Es necesario recordar las intervenciones del mayor general – abogado Carlos Alberto Pulido Barrantes, coronel para esa época delegado de la Policía nacional en la Asamblea Nacional Constituyente quien con sus brillantes argumentos demostró la necesidad y la conveniencia de reconocer el fuero para el juzgamiento de los miembros de la institución en igualdad de condiciones de las que se consagraban para las Fuerzas Militares; propuso que en el artículo correspondiente se empleara la expresión “Fuerza Pública”.  Ante las tesis que se presentaron en contra de esta aspiración, afirmó que no existía incompatibilidad con la naturaleza civil que la nueva Carta le daba a la Policía y que solamente se buscaba preservar la imparcialidad y la independencia de los jueves ante los cuales debían responder los miembros de la Policía Nacional; con la coadyuvancia del coronel abogado y hoy brigadier general Edgard Peña Velásquez, la propuesta del general Pulido fue aceptada.

Siempre hemos encontrado al general Pulido Barrantes en importantes misiones relacionadas con las ciencias jurídicas en su paso por la institución, como fiscal penal militar, juez de instrucción penal militar, auditor de guerra, juez de primera instancia e inspector general; integrante de la comisión redactora del Código Penal Militar, Ley 522 de 1999.

En la nueva Constitución, al artículo 221 se le dio una redacción similar a la que tenía el artículo 170 de la anterior, pero se le cambió el término “militares” por la expresión “miembros de la Fuerza Pública”.   Y como de acuerdo con el artículo 216 ibidem, la Fuerza Pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por expresa y directa decisión del constituyente, los miembros de esta fuerza quedaron amparados por el fuero militar.  Dice así el mandato superior en la forma como fue aprobado por la Asamblea Constituyente:

“Artículo 221.  De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo, conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”.

b)    El nuevo Código Penal Militar

      El 12 de agosto de 1999 se dictó la Ley 522, nuevo Código Penal Militar.  Derogó el anterior, Decreto 2550 de 1988 y las disposiciones que le fueren contrarias.  En su artículo 1º. Transcribió el texto del mandato constitucional citado acerca del fuero militar en los términos siguientes:

“De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las disposiciones de este código.  Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”.

En el artículo 2º pretende el legislador definir los delitos relacionados con el servicio así: aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública derivados de la función militar o policial que les es propia.

Para mayor claridad, el artículo 3º. Dispone que en ningún caso podrán considerarse como relacionados con el servicio los delitos de tortura, el genocidio, la desaparición forzada, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. Conviene recordar que estos delitos se encuentran en el nuevo Código Penal, Ley 599 de 2000, artículos 137 y 178; 165; 101 y 102 respectivamente.

c) La Corte Constitucional y el fuero penal militar

              En sentencia C-878 de 12 de julio de 2000, por medio de la cual declaró exequibles los artículos 1º, 2º y 195 del nuevo estatuto, destacaba los dos elementos para la determinación de la competencia en la justicia penal militar: el primero, de carácter subjetivo, pertenecer a la institución castrense y ser miembro activo de ella, y el segundo, de carecer funcional, el delito cometido debe tener relación con el servicio.

                  “Con fundamento en estos elementos, la jurisprudencia de esta corporación señala que cuando el constituyente hizo referencia a que el fuero militar ha de operar cuando el delito tenga “relación con el servicio”, está indicando que el acto delictivo por el cual un miembro de la Fuerza pública puede ser juzgado por la justicia militar ha de ser cometido en ejercicio de “las actividades concretas que se orienten a cumplir o realizar las finalidades propias de las Fuerzas Militares – defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional – y de la Policía Nacional – mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica” (sentencia C-258 de 1997), en donde se hace necesario distinguir entre los actos que ejecuta el miembro de la Fuerza Pública en ejercicio de las actividades propias del cargo, y de aquellos que puede ejercer como cualquier persona dotada de capacidad de actuar delictivamente.  Distinción ésta que, en su momento, corresponderá ejercer a las autoridades encargadas de las funciones de investigación y juzgamiento.

                  Consideraciones finales

1-    Recordamos que por Decreto número 1.000 del 5 de noviembre de 1891, dictado con fundamento en la ley de facultades número 23 de 1890 se creó la Policía Nacional.

                                                                    

La ley no invocaba ninguna disposición constitucional, y por redacción consideramos que tenía su fundamento en el numeral 9º. “Conceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional”.

No se trata de las precisas facultades extraordinarias, concedidas pro témpore, si tenemos en cuenta el texto de la ley.

2-    Por el aspecto constitucional, ni la Policía Nacional in el fuero para la misma       se originaron en el artículo 167 de la Constitución de 1887 como se cita con frecuencia, por la sencilla razón de que el texto que conocemos no existía cuando se dictaron la ley y el decreto mencionado.  El original artículo 167 de la Carta fundamental cuando se expidieron estas normas se refería a la fijación por el Congreso, del pie de fuerza.

3-    La Fuerza Pública estaba constituida solamente por el Ejército Nacional, porque el otro integrante, la milicia nacional nunca fue organizado por el legislador.

4-    El artículo 167, con el texto en el que se autoriza expresamente la organización de la Policía Nacional sólo aparece en 1945 mediante el acto legislativo número 1, que modificó el 171 original, y fue en la codificación del mismo año cuando se le asignó el número 167; como hemos visto en la Carta de 1886 estaba distinguido con e número 171 original, y fue en la codificación del mismo año cuando se le asignó el número 167; como hemos visto en la Carta de 1886 estaba distinguido con el número 171 para la milicia nacional, exclusivamente.

5-    En el aparte b), “estatutos legales” del capítulo dedicado a los orígenes del fuero militar para la Policía, para una mejor comprensión omitimos mencionar otros estatutos penales militares que rigieron con la Constitución de 1886 con anterioridad al decreto 1.125 de 1950.

De esta manera hemos hecho un interesante recorrido por la historia del fuero militar y la Policía de Colombia. 

Citas Bibliográficas:

Discurso de orden, pronunciado por el doctor Leonel Olivar Bonilla, para tomar posesión como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Policial, sesión especial realizada en la sede de la corporación el día 19 de noviembre de 2002. Academia Colombiana de Historia Policial. Cuaderno Histórico No. 9, página 84.

otras fuentes:

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/saladeprensa/155-obituario-winfried.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Cabanellas
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_frente_nacional

MISIONES EXTRANJERAS QUE CONTRIBUYERON AL CRECIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

PRIMERA MISIÓN FRANCESA

Con fundamento en la autorización contenida en la ley 23 de 1890, el gobierno contrató en Francia los servicios del señor Juan Maria Marcelino Gilibert, nacido en Fustignac, municipio del departamento francés Haute Garonne, el 24 de febrero de 1839.  A la edad de 22 años ingresó al servicio militar, en el cual logró el grado de sargento mayor de primera clase.

Juan Maria Marcelino Gilibert

En consideración a sus méritos alcanzó la máxima jerarquía policial como Comisario y recibió varias condecoraciones.

Los antecedentes que rodearon su venida a Colombia se encuentran en las notas cruzadas entre el Ministro de Gobierno de Colombia, doctor Antonio Roldán y el doctor Gonzalo Mallarino, por ese entonces Encargado de Negocios en París.

Dedicó toda su actividad, con una consagración y eficiencia, a organizar a nuestra Policía que más tarde le tenía como un compatriota más y no un técnico extranjero. Imprimió a la recién nacida institución policial las normas de honorabilidad, pulcritud y disciplina.

Después de 19 años de una tarea brillante y desde todo punto de vista meritoria, con la salud quebrantada, se retiró a la tranquilidad de su hogar en 1910.

Por actos de heroísmo al servicio de su patria había recibido también la Medalla Militar en la guerra franco-prusiana en las campañas de África, y por último se le había condecorado con la Cruz de la Legión de Honor.

PRIMER REGLAMENTO DE LA  POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

El primer Reglamento que recibió la Policía Nacional fue redactado por Don Juan María Marcelino Gilibert y aprobado el 12 de diciembre de 1891.   Este decía, entre otros apartes:

“La Policía tiene por misión especial conservar la tranquilidad pública y en consecuencia le corresponde proteger a las personas y a las propiedades; hacer efectivos los derechos y garantías que la Constitución y las leyes reconocen; velar por el cumplimiento de las leyes del país y las órdenes y disposiciones de las autoridades constituidas y prevenir y aprehender a los delincuentes y contraventores.  La Policía no reconoce privilegios ni distinciones y obliga, por tanto a nacionales y extranjeros, salvo las inmunidades reconocidas por la Constitución y las leyes por los tratados públicos y por el Derecho Internacional”.

De igual forma dicho reglamento determinó la organización inicial de la Institución que comprendía las siguientes dependencias:

•Dirección General

•Subdirección General

•Secretaria de la dirección

•Servicio Médico

•Pagaduría,

•Cinco Divisiones de Vigilancia (Distritos)

•División de Seguridad

•División Central

La organización inicial de la Policía la conformaban cinco Comisarios de primera clase; jefes de Distrito o División; un Comisario Mayor de Segunda Clase; Jefe del Servicio de Seguridad; Siete Comisarios Mayores de Segunda Clase para las Divisiones; seis Comisarios de Segunda Clase; ocho Comisarios Mayores de Tercera Clase; nueve Comisarios de Tercera Clase y cuatrocientos Agentes.

Los cuarteles que ocupaban las distintas Divisiones estaban situados así:

La División Central, donde funcionaba las oficinas y habitaciones particulares del Director (en la Calle 10); la Primera División, en el antiguo local de la Plaza de Mercado; la Segunda División, en San Francisco; la Tercera División, en el Dorado (calle 24); la Cuarta División, en la calle 14, la Quinta División en la calle 4ª y la Sexta División en Chapinero. Cada División, a excepción de la segunda y la sexta que tenían una dotación mayor, constaban del siguiente persona:

Un Comisario de Segunda Clase; un Comisario Mayor de Tercera Clase; un Secretario; dieciocho Agentes de Primera Clase; dieciocho Agentes de Segunda Clase y Quince Agentes de Tercera Clase.

NUEVOS SERVICIOS

La Policía crea el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

La fundación del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá aconteció durante la gestión del comisario de primera clase de la Policía de Francia, Juan María Marcelino Gilibert, el 14 de mayo de 1895, con la firma de Miguel Antonio Caro y su Ministro de Guerra Edmundo Cervantes, se dictó el Decreto que nombra varios Agentes de la Policía Nacional, habiéndose dispuesto: Artículo 1. Del aumento decretado nombrase por la Dirección de la Policía Nacional 25 Agentes de Cuarta Clase, destinados a la División Central. Artículo 2. 

Los Agentes nombrados formarán una sección especial que se denominará Sección de Bomberos y se ocupará en los estudios consiguientes a esa clase de servicios. Artículo 3. 

Estos agentes estarán comandados por un Comisario de Tercera Clase, a cuyo efecto créase este destino. Artículo 4. Para ocupar el empleo creado por el artículo anterior, nombrase al señor Alejandro Lince.

La Policía fue adscrita al Ministerio de Guerra el 23 de enero de 1895, con una instrucción esencialmente militar impuesta por al grave situación de desorden publico que afrontaba el país.

El 21 de enero de 1896, la Policía regresó al Ministerio de Gobierno.

La Policía Rural es otra creación de su infatigable labor, la cual fue autorizada por el Decreto 60 del 2 de enero de 1898, para ser experimentada en los Llanos de Casanare, con reglamentación muy completa sobre pesca, caza, bosques, aguas, linderos, flora y especies animales.

Marcelino Gilibert, presento el proyecto de creación de la Caja de Gratificaciones, el cual fue aprobado el 21 de enero de 1896, en el que se incluía el pago de prestaciones sociales, recompensas por tiempo de servicio y otros beneficios para los miembros de la Institución.

Gilibert presentó renuncia irrevocable el 19 de junio de 1898 a raíz de un robo a una joyería bogotana. En su carta dimitoria manifestaba que le era imposible controlar, la enorme cantidad de ladrones, con el escaso cuerpo de agentes a su disposición, y las comisiones que debían atender tanto en la ciudad como fuera de ella. 

Durante el gobierno del General Rafael Reyes, Gilibert volvió a aceptar la dirección y siguió asesorando a la Policía hasta su muerte, ocurrida en Bogotá el 11 de septiembre de 1923.

En 1899, siendo Director de la Policía Nacional Juan C. Ramírez (nombrado el 9 de enero de 1899 hasta el 1º de octubre del mismo año), se llevó a cabo una importante reorganización, el Decreto 230 del 8 de mayo de 1899, destinó a la Policía los siguientes servicios:

•Espectáculos públicos

•Oficinas

•Comisiones

•Vigilancia

•Investigación y descubrimiento de delitos

•Persecución y captura de delincuentes.

Organizó la Policía en ocho Divisiones (siete de vigilancia y la central) y dos Secciones ( la de Investigación y la de Bomberos). Todas ellas dependiendo de la Dirección General. Estableció los servicios médicos y de botica, y fijó en mil treinta y cinco el numero de Agentes de varias clases para la vigilancia de la ciudad. Fue un decreto de los mas fructíferos para la Institución.

Llegamos al año 1906 cuando regresa Gilibert, llamado por el General Rafael Reyes Prieto, a dirigir la Policía por tercera vez. El 6 de mayo de 1906 se posesiono de su cargo y reinicio su incansable labor de servicio. Fue durante este periodo cuando Gilibert sentó las bases más solidas para el futuro de la Policía.

El 6 de agosto de 1909  se retira definitivamente de la Dirección de la Policía Nacional  el señor Comisario Juan María Marcelino Gilibert  Laforgue  el cual se quedo viviendo con su familia en su  quinta “La Gascuña” ubicada en chapinero.

PRIMERA MISIÓN ESPAÑOLA (1916)

El Decreto 1143 del 3 de julio de 1916 creó dos puestos de oficiales instructores para la Policía Nacional, que deberían ser contratados en España.

Misión Española

El Ministro de Colombia en España, doctor Guillermo Camacho Carrizosa, firmó en Madrid el 7 de julio de 1916 el contrato respectivo con el comandante José Agudo Pintado y el Capitán Osuna y Pineda, ambos pertenecientes a la “Guardia Civil Española”.  

El contrato era por tres años y los instructores tenían como misión introducir en Colombia los reglamentos y prácticas de la Policía española.

Amplios pero claros eran los objetivos que debía cumplir esta primera misión española, tal como se estipula en el texto del contrato.  

Con encomiable interés, el Capitán Osuna inició su cometido, implanta el sistema de identificación dactiloscópica monodactilar, creación del doctor Federico Olóriz.  Organizó las secciones de Policía de Boyacá, Cundinamarca  y Tolima, de acuerdo con las modalidades vigentes en la Guardia Civil Española.  

Dictó un curso de identificación, y en 1917 publicó un libro titulado:  “ El Policía y su Técnica”.  Por prolongación del contrato respectivo, el Capitán Osuna permaneció en el país hasta mediados de 1930, su obra merece ciertamente el más sincero reconocimiento.

El prestigio alcanzado por la Institución se solidificaba día tras día y los beneficios y prestaciones sucesivos significaban una recompensa y un estímulo de parte del gobierno para con sus servidores de la Policía.  

El decreto 1870 (octubre 31 de 1916) estableció la fundación de un hospital para atender a los enfermos de este Cuerpo.

Pero a medida que se concedían prestaciones debía la Institución hacerse cargo de nuevos servicios.  

El decreto 1952 (noviembre 15 de 1916) autorizó al Director General de la Policía para “organizar y equipar convenientemente, en esta ciudad (Bogotá) un Piquete de Caballería…con el objeto de vigilar los alrededores de la ciudad y perseguir con mayor eficacia a los ladrones de bestias y ganados, especialmente de noche”. 

Al mando de este piquete iría un comisario de segunda clase con 130 empleados subalternos a sus órdenes.

Siguiendo la evolución institucional, su Director General logró unificar el uso de las prendas del uniforme. Y con este fin impartió las siguientes instrucciones minuciosas: “Con el objeto de conseguir que los funcionarios uniformados del Cuerpo salgan en todo caso de sus cuarteles con la más absoluta uniformidad, se fijan a continuación las prendas que constituyen cada uniforme, así como los días y actos en que éstos han de usarse.

Uniforme de gala:   Lo constituyen la levita y el pantalón negro, el casco, los guantes blancos, el cinturón de charol negro y la espada.

Uniforme de diario:  Está constituido por la guerrera y el pantalón azul, la gorra de plato y el bolillo.  

Los Agentes de primera clase llevarán, en vez de bolillo, el cinturón negro y la espada.  Durante la noche podrán usar los Agentes, para el servicio, el capote o la capa reglamentarios.

SEGUNDA MISIÓN FRANCESA

En cumplimiento de la ley 74 de 1.919, se firmó en París el 30 de julio de 1.920, el contrato con la misión francesa compuesta por los instructores señores ALBERT BRINGE Y GEORGE DROUT quienes llegaron a Bogotá el 23 de noviembre de 1920.

El contrato establecía que esta misión de policía debería concentrarse especialmente a los siguientes objetivos: Implantación de los métodos disciplinarios, de vigilancia y de servicio de la Policía francesa; enseñanza técnica y práctica de la antropometría y de los medios de investigación criminal, colección de las piezas antropométricas y a los aspectos que indicase el Director de la Policía.

Al llegar a esta capital los señores de la misión se ocuparon, desde luego, en el examen de la legislación colombiana, de la organización de nuestra Policía y de su personal, de todo lo cual manifiestan tener muy favorable impresión.  En seguida emprendieron la elaboración de varios proyectos de ley para reorganizar científicamente la Policía y otras materias conexas, según el plan que desean se implante en Colombia; estos proyectos son:

1º. Sobre organización completa de la Policía por la ley;

2º. Creación del Distrito Central de Policía, que controla todos los servicios de

      Policía en la capital de la república;

3º. Organización de un sistema único de antropometría en la república; y

4º. Admisión y residencia de extranjeros en el territorio de la república y

      protección al trabajo nacional.

Contenido de la Ley 14 de 1919 por la cual se crea una escuela de Policía 

MISIÓN ARGENTINA

El señor ENRIQUE MEDINA ARTOLA, quien había desempeñado importantes cargos en la Policía Federal Argentina, fue contratado por el gobierno nacional en junio de 1.928; Medina emprendió una activa labor e implanta en Colombia el sistema dactiloscópico; ideado por el profesor argentino Juan Vucetich, con el cual se vino a reemplazar la identificación antropométrica, (Francesa).

Misión Argentina

En la fotografía aparecen sentados: de izquierda a derecha, Luis Rojas Borda, Enrique Medina Artola, Carlos Saúl Hernández. De pie: de izquierda a derecha, Jorge E. López, Alberto Paz Córdoba, Alfonso Buitrago, Miguel González.

El Doctor Medina Borda era el técnico argentino de Policía científica.

El señor Rojas Borda era el Jefe de la Oficina de Identificación de la Policía Nacional.

Las otras personas eran los alumnos diplomados.

Sus antecedentes profesionales son los que a continuación se mencionan: ingresó a la División de Investigaciones de la capital federal de la república de Argentina el 2 de enero de 1913; prestó servicios durante siete años en la sección de identificaciones a cargo del Comisario César E. Etcheverry donde efectuó sus estudios sobre dactiloscopia e identificación científica, bajo la dirección del nombrado y de los Comisarios Miguel A. Viancarlos y Juan A. Tunici.  Recibió su título de Técnico en la materia a fines de 1917, después de cuatro años de estudios, en un trabajo simultáneo en práctica y teoría.

A fines de 1920, con el objeto de perfeccionarse en materias policiales, pasó a la Oficina de defraudaciones y estafas, a cargo del Comisario Enrique Larrosa. En esta sección hízo se sumariamente, y después de dos años fue nombrado Jefe del Servicio Nocturno de la misma dependencia.

En 1923 se le nombró Profesor de práctica policial y asesor de la cátedra de identificación científica, dictada por el Director de la Escuela de aspirantes para agentes de investigaciones, Comisario Miguel A. Viancarlos.  Tres años estuvo al frente de las referidas cátedras.

En octubre de 1926 lo designó el gobernador de la Provincia de la Rioja, señor Alfonso Lanus, jefe de investigaciones de aquella provincia, en la cual, y en carácter interno, desempeñó en diversas ocasiones los cargos de Comisario de órdenes y secretario nacional de la Policía.

En dicha provincia estableció el sistema de identificación dactiloscópica de Juan Vucetich.

Desempeñó variadas comisiones en el interior y exterior de su república.  Dictó conferencias sobre identificación y policía científica en Montevideo, Corrientes, Concordia, Cajamarca y Córdoba.

En 1928, el encargado de negocios de Colombia en la República Oriental de Uruguay solicitó del Jefe de la Sección de Seguridad personal de la capital federal de la Argentina, Comisario Alfredo Calandra, un técnico en materias policiales, y fue designado el Doctor Medina Artola,  quien renunció al cargo de jefe de investigaciones de la Rioja para trasladarse a Bogotá como Policía científico y asesor de la Policía Nacional colombiana, en virtud del contrato celebrado con el mencionado diplomático de Colombia en el Uruguay, el 5 de mayo de 1928.

El doctor Medina llegó en el mes de junio y se hizo cargo de la cátedra de Policía científica y asesoría policial; en todo ello demostró su singular competencia y su facilidad de adaptación social al medio colombiano.

La obra del doctor Medina está consignada en la implantación del sistema dactiloscópico ideado por el profesor argentino, Juan Vucetich que reemplazó el sistema antropométrico.  Dictó además un curso intensivo sobre la materia y después de u año de permanencia en Colombia, regresó a su patria.

Primeros estudios dactilares realizados por la Misión Argentina-1929

Filiación prontuaria de extranjeros expulsados del país-1931

Bajo la Dirección General  del doctor José María Dávila Tello, seguía el avance de la institución en distintos frentes.  Tal como lo hiciera Gilibert en 1892, se llevó a cabo 7 de abril de 1929, un majestuoso desfile de la Policía en traje de parada,  “ para dar a conocer del público, en conjunto, no sólo la organización y presentación de los diversos cuerpos del servicio, sino el espíritu militar y la disciplina misma que podía exhibir”.

Al acto asistieron, como es de suponerse, las primeras autoridades de la república y otras altas personalidades así como numeroso público que ovacionaron a los componentes de la parada.

En esta ocasión se estrenaron las bicicletas y motocicletas para iniciar con ellas el servicio motorizado en la Institución.

De Chile se importó un lote de ganancia caballar para el adiestramiento del personal de caballería de la Policía, cuya instrucción fue encomendada al entonces Capitán del Ejército Gustavo Matamoros.  

Este cuerpo de caballería sustituirá a las guardias departamentales.

Se dio al servicio, por primera vez, una sección de “Vigilancia del tráfico urbano” cuyo mando estuvo a cargo del comandante Carlos Páramo.

SEGUNDA MISION ESPAÑOLA

En 1.935 vino contratado por el Gobierno Nacional el doctor MANUEL VELA ARAMBARI, técnico español en Policía científica. Su labor profesional fue de gran importancia ya que introdujo modificaciones en el sistema de identificación dactiloscópica; organizó el gabinete central de identificación e instruyó y seleccionó a un distinguido grupo de funcionarios de identificación científica y técnica policial.

Dada la importancia que prestó el gobierno a la investigación criminal en la Policía, nuevamente contrató en España los servicios de un experto en identificación científica para actualizar este servicio en la Policía colombiana.  Dos corrientes imbuían el sistema identificativo de la Policía: el implantado por el Capitán Osuna  ( de la primera misión española) basado en el método del profesor español Federico Olóriz  y el que trajo el argentino Enrique Medina Artola que fue el ideado por el señor Juan Vucetich.

Llegó entonces al país el señor Manuel Vela Arambari  (o Arambarri) perteneciente a la Policía científica de España y quien orientó sus actividades a acoplar el sistema de Vucetich con el de Olóriz Aguilera.  El excelente Gabinete central de identificación que organizó se perdió en los lamentables sucesos del 9 de abril de 1948.

El jefe de este gabinete en julio de 1936, Cipriano Gómez Osorio,  relata lo siguiente sobre este tema:  “Escogida España como el país de donde debía venir el técnico, el representante de Colombia en Madrid adelantó las correspondientes gestiones ante el Ministerio de la Gobernación, el cual comisionó al Gabinete central de identificación del servicio de seguridad para dar el candidato, mediante concurso entre los más antiguos y mejor preparados.  Una vez llenados esos requisitos, el Gobierno colombiano formalizó el respectivo contrato con D. Manuel Vela Arambarri, quien en la forma indicada había ganado el derecho de venir en misión a este país.

A mediados de 1934 llegó el nuevo técnico a Bogotá y durante el resto del año se ocupó en preparar varios proyectos sobre la creación de la escuela colombiana de Policía técnica, que el Gobierno no pudo o no quiso llevar a la práctica.  

También fueron solicitados, en esos meses, algunos informes por el Ministerio de Gobierno y el Sr. Presidente de la República, sobre la organización de la cédula de ciudadanía, documento cuya reglamentaciones ocupaba en adelantar el mencionado ministerio conforme a lo dispuesto en la ley 31 de 1929 y el cual vino a quedar implantado con base en la identificación dactiloscópica del sujeto; en el segundo semestre de ese mismo año, (aunque con una organización técnica muy deficiente, porque entonces no había aquí quién pudiera asesorar debidamente al Gobierno en tan delicada materia, y éste no tuvo a bien atender las insinuaciones, un poco tardías desde luego, que le hizo el técnico español, y en vista de lo mal que había empezado), proponía que se prescindiera de lo hecho para comenzar de nuevo en forma adecuada, una vez de que el Gobierno contara con los elementos necesarios, un personal técnicamente capacitado y en número suficiente para asegurarle al intento resultados satisfactorios. 

En la forma como se habían iniciado los trabajos no había probabilidades,  decía él, de obtener los resultados técnicos que se necesitaban pues faltaba todo: material conveniente, sistema de confianza y funcionarios preparados que pudieran aplicarlos.

Fracasado el proyecto de organizar el detectivismo, la misión del señor Vela Arambarri podría considerarse prácticamente fracasada también; pero fue cuando don Andrés Rocha, Director General de la Policía, ante el clamor unánime de los empleados del Departamento nacional de identificación y de un grupo de estudiantes que habían venido de los departamentos a prepararse en identificación y técnica policial, (para volver luego a ponerse a órdenes de los gobiernos de las respectivas secciones), resolvió oír al profesor Vela, contra las insinuaciones del técnico instructor que tenía entonces la Policía, con los argumentos expuestos por aquel grupo de alumnos, el dicho profesor terminó por convencer al Director General de que la única manera de asegurar el buen éxito de la cédula de ciudadanía, dándole al mismo tiempo estabilidad y eficacia al departamento de identificación, era retirando al técnico criollo y colocando en su lugar al español, que en dos conferencias sobre cuestiones relacionadas con la materia, había logrado demostrar la superioridad del sistema seguido en su país sobre lo que se tenía aquí como sistema de identificación y la gran facilidad que había para implantar el sistema español sin que la oficina de identificación pudiera perjudicarse en lo más mínimo.

La consecuencia inmediata de esas conferencias fue, pues, el nombramiento de Vela para director general técnico del departamento nacional de identificación y el retiro del discípulo de don Enrique Medina Artola,  señor Alberto Paz Córdoba, quien desempeñaba las funciones de técnico instructor.

El Departamento nacional de identificación, bajo la dirección del profesor Vela, se transformó rápidamente llegándose a conseguir que la ciencia de la individualización científica de las personas, casi desconocida hasta entonces en Colombia, interesara un poco a los altos funcionarios del gobierno que ante la necesidad de sostener la cédula de ciudadanía, considerada como una adquisición del gobierno liberal, tuvieron que ocuparse frecuentemente de aquel organismo.  

Un golpe inesperado puso en peligro la estabilidad de ese departamento de Policía, por lo cual el técnico español tuvo que dejar la obra inconclusa en manos de los nuevos técnicos preparados en su cátedra.

PRIMERA MISIÓN CHILENA

Esta misión llegó al país el 21 de marzo de 1.936.  La componían los señores oficiales.  Coronel Armando Romo Boza, Capitán Belarmino Torres Guevara  y Teniente Emilio Oelkers Hollstein,  pertenecientes al cuerpo de carabineros de Chile.  La misión llevó a cabo cursos de perfeccionamiento, preparación e información para todos los jefes, oficiales y suboficiales de la institución mediante la implantación de nuevos sistemas en la instrucción policial de nuestra institución.

El oficial que dejó mejor trayectoria en la Policía Colombiana fue el Teniente Emilio Oelkers Hollstein,  por el dinamismo y abnegación puestos en su tarea.

El contrato le fue prorrogado por dos años más, al término de los cuales, el gobierno no le otorgó la máxima condecoración del país, la “Cruz de Boyacá” como reconocimiento a sus valiosos servicios.

El contrato respectivo comprometía a sus integrantes a:

- Prestar sus servicios al gobierno de Colombia como asesor técnico de la Dirección de la Policía Nacional, sujeto en todo a las órdenes y disposiciones del Director General de dicha Institución, dictar conferencias en la Policía Nacional y dar instrucción técnica a los oficiales de la misma, contribuir a la formación del plan general sobre servicios de Policía en el territorio de la República, redactar reglamentos de Policía especialmente en lo que se refiere al ramo de organización de Policía Rural montada, asesorar los comando de división de policía montada, resolver todas las consultas que le formule el Gobierno nacional por conducto del Director de la Policía, dedicar todo su tiempo y atención a las obligaciones que contrae el presente contrato.  La duración del contrato era por un año, prorrogado por otro más.

En el campo mas procedimental que doctrinario, fue aún mayor la intervención de los chilenos.

Venidos de una institución mas técnica y mejor dotada que la nuestra, propusieron reformas fundamentales o establecieron servicios que prácticamente, no existían entre nosotros.   Como ocurrió con los de Administración y Documentación que fueron sometidos a un sistema por una directiva científica sobre la cual ha girado, desde esa fecha, este aspecto de la organización policíaca.

Antes de terminar 1936, se adquiere la primera dotación de gases lacrimógenos, cuando el doctor Bernate firmó el contrato correspondiente con el señor Alfonso Rozo Durán quien se comprometió a suministrar 300 bombas del mencionado gas en su calidad de socio y representante de la firma “Daniel Jiménez Durán y Cía”.  El costo de estos elementos fue de $3.361.21 y se pagó en dólares (U.S. 175.75).

En Abril 14 (Decreto 790 de 1937) el gobierno estableció una Escuela técnica de investigación criminal con el objeto formar personal idóneo para los servicios investigativos en todo el país.

PRIMERA MISIÓN NORTEAMERICANA:

En 1938, siendo presidente el Doctor Eduardo santos Montejo y Director de la Policía Nacional el General. Alfredo Azuero Arenas, se contrataron los servicios de la Primera Misión Norteamericana bajo la dirección de Edgar Thompson, miembro de la Oficina Federal de Investigación en Washington, quien llegó al país el 5 de julio de 1939, con el fin de que estudiara y propusiera la organización técnica que debiera darse al Departamento Nacional se Seguridad..

El 5 de julio de 1939, procedente de Río de Janeiro llegó el señor Edgar K. Thompson,  miembro del F.B.I.  Esta misión fue de poca trascendencia ya que se dedicó a dar instrucción directa al personal de detectives y a recomendar algunas reformas leves en la organización del departamento nacional de seguridad.  El señor Thompson pereció en un accidente de aviación en la ciudad de Honda (Tolima).

El señor Thompson, abogado, era especializado en investigación de delitos contra la propiedad y conocía muy bien el ambiente de los países suramericanos por haber permanecido en varios de ellos por más de tres años, más o menos, en Puerto Rico,  Jamaica, Trinidad,  Panamá y Haití.

En el decreto fundador de la Escuela General Santander, el ejecutivo había incluido el envío de una comisión de oficiales de la Policía al exterior, con el fin de actualizar conocimientos en este ramo del servicio público.  Fue así como en el mes de agosto de 1939 salió en comisión de estudios hacia Chile, un destacado servidor de la Institución, el mayor Eduardo Cuevas García con el fin de conocer la organización del cuerpo de Carabineros de aquel país y adelantar estudios sobre el servicio de Policía montada.

Thompson presentó al gobierno una información muy completa sobre los servicios de seguridad, luego de haber instruido a un grupo de detectives sobre investigación y defensa personal. Su permanecía fue muy corta en Colombia y por ello sus recomendaciones no se hicieron realidad.

MISIÓN INGLESA

A mediados de 1948, llegaron a Bogotá 14 técnicos ingleses bajo la dirección del señor Coronel Douglas Gordon,  meritorio jefe que había ocupado importantes cargos en su país y participó en la organización de la Policía en la India.  Esta misión se consagró al estudio de la restauración de la Policía, a difundir los fundamentos y normas procedimentales de los servicios y a diseñar sistemas y métodos de vigilancia.  La labor de esta misión que fue positiva y provechosa se plasmó en el estatuto orgánico que por Decreto 2136 de 1949 se dictó.

Aniquilada en esta época una institución que es indispensable para mantener el orden dentro de la sociedad, se hace incuestionablemente necesario proceder a su restablecimiento.  Así lo comprendió el Gobierno, al cual faltaban unos dos años para la terminación del mandato.

El grupo inglés, además del señor Gordon, estaba compuesto por trece técnicos más, de la misma nacionalidad, entre ellos el Coronel Eric M. Roger, Teniente Coronel Bertrand W.H. Dyer, los mayores Frederik H. Abbot y William Parham.

Fruto de esta comisión mixta fue el Decreto Ley No. 2136 del 18 de julio de 1949, que vino a ser el Estatuto orgánico de la Policía por varios años.

Mediante Decreto No. 2136 de 1949 (Estatuto Orgánico de la Policía Nacional), se definió la nueva Estructura de la Policía Nacional, donde se resalta la creación del Departamento de Investigación Criminal y las dependencias que lo integran, estructura que fue la siguiente:

Se discutió en el seno de la Comisión integrada para tal efecto, entre otras cosas la conveniencia de organizar una Policía Nacional (Tesis del Sr. Gordon) y en ello se estuvo de acuerdo, pero las opiniones se dividieron en cuanto a la forma como debía manejarse esta institución, ya que algunos querían que dependiera de una junta de ministros, otros del Ministerio de Gobierno, otros, de un Director General, etc.

Fue también unánime el acuerdo en que debía mantenerse a la Policía al margen de todo carácter político y proceder a su tecnificación.  La sesión del 19 de octubre de 1948, estuvo presidida por el Ministerio de Gobierno, doctor Darío Echandía; se discutió la unión de la Policía con el detectivismo, en un solo cuerpo, pero no se llegó a ninguna conclusión.

En fin, el trabajo de esta misión, no fue tan benéfico para la reorganización de la Policía.  “La convulsionada atmósfera política que se respiraba, de una parte, y por otra, “todos los funcionarios de la misión, muy distinguidos  por cierto, ignoraban el idioma castellano, lo que les impidió inculcar directamente sus enseñanzas.  El método utilizado  fue indirecto ya que se limitó a la lectura de conferencias que debían ser explicadas a los alumnos por profesores que ignoraban la materia y que la trataban sin entrenamiento ni dirección previas.  Todo esto sumado dio como resultado un franco fracaso y al abandonar el país el último de los técnicos, desapareció prácticamente todo el sistema que había pretendido implantarse”.

SEGUNDA MISIÓN CHILENA:

El 10 de julio de 1958 y en virtud al convenio suscrito entre los gobiernos de Colombia y Chile (junio de 1958) llegó al país la segunda misión Chilena, con el objeto de realizar una labor de asesoría al comando de las fuerzas de Policía y directores de institutos de formación profesional, con el fin de perfeccionar el servicio de Policía.  La misión la conformaban, el mayor Jorge Aranda Parra; Jefe de la misión y los capítulos Braulio Saavedra Morales y Eduardo Gordon Cañas.  El señor Mayor Aranda  permaneció en el país cuatro años.  Los otros oficiales regresaron a Chile en el mes de agosto de 1961.  Su labor constituyó un valioso aporte a la preparación y formación profesional de oficiales, suboficiales y agentes y a la organización y funcionamiento de los diferentes servicios.

SEGUNDA MISIÓN NORTEAMERICANA:

Esta misión llegó a Colombia en el mes de enero de 1963 y la integraban los señores David Laughlin, jefe de la misión, John H. Doney, Salvador Romero, Dale Callier y el señor Redlin, experto en comunicaciones.  El propósito de esta misión era el de asesorar el desarrollo técnico de la institución, especialmente en policía judicial y criminalística.

SEGUNDA MISION INGLESA:

El gobierno de la Gran Bretaña envió en el mes de octubre de 1989; una delegación para coordinar el apoyo de ese país a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, ayuda que se ha traducido en los siguientes aspectos en cuanto hace referencias a la Policía Nacional, así:

*  Preparación de grupos para la búsqueda y toma de laboratorios en selva, teniendo como duración, cada curso, seis meses que se dividen en tres fases de búsqueda y reconocimiento, de tácticas, para comandantes y la final de operaciones, para lo cual se realizaron el curso de JUNGLA un total de 31 oficiales, 40 suboficiales y 197 agentes de la Policía Nacional.

* Cursos sobre operaciones fluviales, realizado por 6 oficiales, 19 suboficiales, y 36 agentes y dictado por instructores del Ejército inglés con l fin de adiestrar al personal teniendo en cuenta el aspecto hidrográfico del territorio colombiano.

* Cursos de Comunicaciones: En 1992 se dictó un curso sobre equipos de comunicaciones y radiogonometría en los municipios de San José del Guaviare, Nápoles y el Departamento de Policía Urabá.

*  Además, se capacitó a un grupo de 4 oficiales; 16 suboficiales y 20 agentes como instructores de JUNGLA,  para que sirvieran como multiplicadores de las técnicas recibidas del Ejército británico.

TERCERA MISIÓN NORTEAMERICANA:

Durante los últimos años se ha venido recibiendo un apoyo bastante significativo por parte del gobierno norteamericano, basado especialmente en cupos ofrecidos para el entrenamiento de miembros de la Institución en los Estados Unidos, sin embargo al país han venido grupos de instructores para preparar personal de la Institución e los siguientes aspectos:

Instruir a los comandantes de las unidades en el conocimiento, preparación, planeación y ejecución de sus recursos, tanto humanos como materiales para hacer frente a inminentes ataques de la insurgencia teniendo como bases las asignaturas de:

•  Planificación de operaciones;
• Incursiones;
• Comunicaciones;
• Operaciones helicoportadas
• Navegación

Estos cursos, denominados comandos de pequeñas unidades, se han venido dictando periódicamente cada año; con la cual se han obtenido resultados altamente positivos, especialmente en los aspectos de lucha contra el narcotráfico y lavado de capitales, producto de dicha actividad delincuencial.

Fuente:

Página 28, Cuaderno Histórico, 4ª. Edición, Academia de Historia de la Policía Nacional, Boceto Histórico de la Policía Nacional elaborado por el señor Teniente Coronel HUGO ALFONSO CEPEDA.