Fotografía de Portada tomada de: https://www.elcolombiano.com/colombia/ejercito-nacional-desmiente-cadena-en-redes-sociales-sobre-llamado-a-reservistas-DA9406027 , Fotógrafo : Robinson Sáenz Vargas.
En esta ocasión tengo el gusto de compartirles la excelente investigación titulada “INFLUENCIA HISTÓRICA DEL MODELO MILITAR EN LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA”, realizada por el señor Coronel (RP) Héctor Álvarez Mendoza, miembro de número de la Academia de Historia de la Policía Nacional y que fue publicada en el cuaderno histórico edición No 4 de 1997.
“ Y echole el Señor Dios del paraíso de deleites, para que labrase la tierra, de que fue formado. Y desterrado Adán, colocó Dios delante del paraíso de delicias un Querubín con espada de fuego, el cual andaba alrededor para guardar el camino que conducía al árbol de la vida”. Génesis, III, 23,24.
Aclaración preliminar necesaria…El acometer con cierta objetividad un tema como el presente, es sin duda alguna, obligación honrosa aunque compleja y problemática, especialmente en un entorno en el cual el factor militar ha sido, y continúa siéndolo, aún en la actualidad, un ingrediente permanente presente en todos los momentos del desarrollo de la Institución y una constante cultural aceptada dentro de las filas policiales, como quiera que sus actuales estructuras conservan, al menos en el aspecto formal, todas las evidencias de una impronta al parecer definitivamente indeleble en la más que centenaria Policía Nacional.
Tal la razón de encabezar estas líneas con el planteamiento bíblico establecido en los dos versículos del Génesis, irreverentemente citados como epígrafe del trabajo, porque en ellos, se empieza a plantear la relación de las tareas policiales con la visión militar de los dirigentes desde el origen de los tiempos.
Veamos: La noción del derecho, de sus normas, de sus privilegios y sus prohibiciones nace desde el mismo momento en que está sobre el mundo la segunda persona.
Y la noción de policía o de normas de policía, se establece desde el momento que surge la primera prohibición, en este caso la de tomar el título del árbol del bien y del mal, impuesta como benévola, aunque inmodificable condición a los privilegiados habitantes del “Paraíso de deleites”.
La violación a esta primera norma de policía, que como tal debe identificarse, la prohibición aludida, produce la inmediata reacción del legislador o autoridad de policía, quien decide aplicar como castigo la expulsión del paraíso de los infractores. Aplicó en este caso una sanción de policía que, en nuestros códigos o normas de convivencia ciudadana, se denominan genéricamente “expulsión de sitio público” y para hacer cumplir su decisión delega la correspondiente autoridad en un Querubín, armado esta vez con “espada de fuego”.
Y aquí empiezan las incoherencias filosóficas, pues para ser más consecuentes con la identidad profesional del policía-Querubín, o Querubín-policía, debió estar armado de un garrote o bolillo en vez de un instrumento tan militarmente identificado como una espada. Y peor que eso, con una espada flamígera. Pensemos en ello. Pero, entremos en materia y saltemos del paraíso, ahora vacante y ubiquémonos en épocas y contextos más próximos.
Tal pareciera que a través del devenir histórico, a partir de la independencia y hasta nuestros días, la Policía Nacional no hubiera logrado una definición precisa de los alcances y límites de su función típica como institución civil, con deberes civiles específicos y cuyo ámbito funcional se enmarca en patrones de convivencia ciudadana. Tal la profusión de cambios de opinión, direcciones fugaces, idas y venidas, ora del ministerio de Gobierno al de guerra, poco después de éste al de gobierno, para deshacer el ejercicio poco más adelante y así sucesivamente, todo esto condimentado con la frecuente contratación de misiones de todo país, orden y origen, algunas de ellas sin el menor tinte en común con la idiosincrasia de nuestra Institución y nuestro pueblo.
Sin embargo, parece evidente que lo militar, en lo que a la policía se refiere, ha sido más un recurso puramente formal que a fuerza de estar permanentemente presente en la mentalidad de nuestros mandatarios, legisladores, dirigentes, antecesores y colegas, ha llegado a sesgar el trasfondo filosófico de la función propia. Ello quiere decir que, por razones prácticas, tradicionalmente se ha acudido al método castrense como instrumento disciplinario o modelo administrativo deseable y fácil de adoptar y como resultado final se ha llegado a establecer una situación simbiótica en la que el marco ha terminado por tener tanta o más importancia que el retrato.
Apelando a una ingenua comparación, la situación es equivalente a presumir que, porque una empresa constructora de automóviles haya decidido adoptar el modelo administrativo tipo “staff”, copiado por la administración civil de los modelos militares, fuera indispensable que sus empleados se uniformaran con arreos marciales y utilizaran, en vez de herramientas, sables y fusiles. Es decir, como suele ocurrir en muchos casos, destacar el continente por encima del contenido.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En la presente recopilación de antecedentes históricos se hace breve y puntual referencia a informaciones sobre normas y decisiones gubernamentales que tienen relación con la concepción civil y/o militar de la organización de nuestra Institución, desde mediados del siglo XIX hasta su consolidación actual. A pesar de la pretendida brevedad es inevitable notar una considerable cantidad de cambios de orientación sobre el tema de la definición precisa del servicio policial y su carácter civilista o castrense. Es tal la cantidad de decisiones contradictorias y ambiguas sobre el tema y los cambios de opinión, se han sucedido con tal profusión y frecuencia, que la gran mayoría de estas páginas están ocupadas solamente con su escueta enumeración. Se nota entonces, desde el comienzo de la organización del estado, una evidente falta de coherencia conceptual en relación con el sentido y la filosofía del servicio de policía y la ausencia del conocimiento uniforme y preciso de nuestros antiguos gobernantes sobre el verdadero significado de ese servicio.
ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE LO MILITAR EN LA POLICÍA COLOMBIANA
El 22 de mayo de 1858, en el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861) se promulgó la carta fundamental de los estados confederados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander.
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| Mariano Ospina Rodríguez |
El código militar, redactado en el mismo año, reza en su encabezamiento.
Artículo 1º: “Igualmente hace parte de la fuerza pública, la policía, organizada conforme al código de la materia y regida por las disposiciones militares en cuanto dicho código lo disponga.”
Por su parte, las funciones de la policía fueron enunciadas a continuación de la siguiente forma:
Artículo 2º. “Las funciones de la fuerza pública son:
1. Mantener el orden público
2. Proteger las personas y las propiedades
3. Sostener la Constitución y las leyes”
GENERAL EUSTORGIO SALGAR, 1870-1872
Logró la expedición de la ley 22 del 11 de abril de 1871 sobre policía de fronteras, asignando esta tarea policial al ejército debido a la insuficiencia numérica de la Policía Nacional, según se plantea en la correspondiente exposición de motivos.
RAFAEL NÚÑEZ 1880-1882
Durante su gobierno federal, el gobernador de Cundinamarca expidió el Decreto 99 del 17 de marzo de 1880, mediante el cual se creó un cuerpo de policía para el servicio del estado que constaba de dos secciones: Una civil y otra militar.
Sección Civil: Compuesta de dos inspectores funcionarios de instrucción y jefes de sección; comisarios secretarios de las inspecciones; cinco cabos y cuatro gendarmes escribientes y tres gendarmes ordenanzas.
Sección militar: Un capitán y cuatro oficiales más; cinco suboficiales, una corneta, un tambor, cuatro cabos primeros, cuatro cabos segundos, y cincuenta soldados, más una plana mayor al mando de un teniente coronel.
CARLOS HOLGUÍN 1888-1892
Firmó la ley 90 del 7 de noviembre de 1888 por medio de la cual se creó, “Un cuerpo de Policía Nacional de tipo militar, comandando por dos jefes que se denominarán 1º. Y 2º. y constará de 300 gendarmes, divididos en 3 compañías, así:
1 Capitán, 4 Sargento segundos
2 Tenientes, 8 Cabos primeros y
1 Subteniente, 100 Gendarmes”
1 Sargento primero,
JUAN MARÍA MARCELINO GILIBERT
Contratado en Francia, tenía formación profesional y antecedentes militares, ya que fue miembro del ejército francés en el que alcanzó el grado de sargento mayor de primera clase y con él participó en acciones bélicas meritorias, entre otras, en la guerra franco-prusiana. Luego, como policía, alcanzó el grado de comisario en la ciudad de Lulle en cercanías de la frontera con Bélgica.
Gilibert fue nombrado como primer director de la nueva Policía Nacional y su segundo fue el coronel Pedro María Corena. Desde su iniciación de labores institucionales se marcaron claras tendencias civilistas en las normas de comportamiento policial. Terminando su contrato de cuatro años, Gilibert continuó como instructor “militar” de la policía.
MIGUEL ANTONIO CARO
Como vicepresidente de Núñez, contrató por segunda vez a Gilibert hasta 1898. En 1895 Caro tuvo que afrontar una protesta civil por lo cual se declaró el estado de sitio en todo el país y se adscribió la Policía Nacional al Ministerio de Guerra, desde el 23 de enero de 1895 al 21 de enero de 1896. La policía fue organizada e instruida según patrones militares, de manera que, “Mientras los cuerpos de Policía Nacional y de los departamentos estén organizados militarmente, gozarán todos los miembros del privilegio a los individuos de tropa por el ordinal 1º. Del art. 233 del código militar, el cual dispone que las raciones de éstos no pueden embargarse judicial ni administrativamente para el pago de ninguna clase de deudas”
El 20 de febrero de 1898, varios agentes de policía fueron destinados, durante unas fiestas, en comisión a La Peña, Cundinamarca, y allí faltaron a sus deberes y se convirtieron en protagonistas de graves faltas, por lo cual el Ministerio de Gobierno dispuso su castigo, así:
“Autorizase al director del cuerpo de Policía Nacional para que, poniéndose de acuerdo con SS el Ministro de Guerra, haga dar de alta, como soldados en los cuerpos del ejército, a los agentes de policía que cometieron faltas graves en las fiestas que tuvieron lugar en días pasados en la capilla de La Peña”.
Manuel Antonio Sanclemente 1898-1904
Derrocado por su vicepresidente José Manuel Marroquín, propició una reforma a la Policía Nacional en el sentido de definir la dependencia, única y exclusivamente del Ministerio de Gobierno, norma en la cual introdujo un aparte sobre la deserción, en la cual estipula que el agente que deserte del servicio: “Será activamente perseguido por la policía y conseguida su aprehensión, colocado en el ejército por un término de cuatro años”
Como puede apreciarse, pese a la acertada orientación civilista de la norma, no había plena conciencia sobre el carácter voluntario del servicio policial. Asimismo, se estableció la Caja de Gratificaciones de la Policía Nacional en la cual se incluyó la siguiente aclaración:
“la mecánica y disciplina interna del cuerpo se ajustarán, en cuanto sea posible, al código militar sobre disciplina interna del ejército”.
LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS
Iniciada la llamada “Guerra de los mil días” se declaró el estado de sitio, por lo cual el gobierno del presidente Sanclemente dispuso:
“Durante el tiempo que el orden público permanezca turbado en la nación, adscríbase al Ministerio de Guerra la Policía Nacional”.
Esta dependencia de lo militar persistió hasta el 6 de septiembre de 1901, período durante el cual, se le incrementó la asignación salarial a la policía en un 25%, en calidad de sobresueldo, “considerando que por causa de la guerra se ha redoblado el trabajo de la Policía Nacional, pues además del servicio ordinario presta servicio militar, viniendo a ser continua la fatiga de ese cuerpo…”
Posteriormente el presidente Marroquín modificó la dependencia de la policía y la dejó a órdenes de la jefatura civil y militar de Cundinamarca, “Sin perjuicio de que el Ministerio de Gobierno pueda tener a sus órdenes a los agentes o empleados que necesite”.
A partir del mismo 6 de septiembre de 1901, se devolvió la Policía nacional a la dependencia del Ministerio de Gobierno, y al consiguiente carácter civilista, aclarándose sin embargo que, “Cuando se solicite el auxilio de una parte del cuerpo de policía, para concurrir a una operación militar, y en general para servir a órdenes inmediatas de otra autoridad distinta del Ministerio de Gobierno, podrá otorgarlo…, etc,”
No obstante, se conservó cierta tendencia hacia el concepto castrense, cuando el respectivo decreto aclara que:
“Cuando el director de la policía desempeñe funciones de jefe militar de la plaza disfrutará, además del sueldo que le corresponde por el presente decreto, $800, un sobresueldo de $300 mensuales”.
A continuación, sigue una situación confusa que se prolongó algún tiempo, y que condujo a que, a pesar de la dependencia del Ministerio de Gobierno, permaneciera teniendo características militares, situación aclarada en la siguiente norma gubernamental de 1902:
“Considerando que la Policía Nacional presta servicio militar, además del que naturalmente le incumbe, etc,…”
Durante la guerra de los mil días operaba una guardia nacional compuesta de 500 hombres, con organización y estructura más militar que policial, la cual fue suprimida en los siguientes términos:
“…Por haber terminado la guerra puede suprimirse la guardia nacional que hace por parte del cuerpo de policía y que presta servicios militares únicamente, con cuya supresión se obtendrá notable economía para el tesoro público…”
Durante el gobierno del presidente Sanclemente, es curioso descubrir que se concretaron varios aumentos sustanciales de sueldo a los policías, a pesar de las dificultades fiscales, que son normales durante el desarrollo de una guerra civil de las características de la llamada “Guerra de los mil días”, y de paso, asegurar la fidelidad al gobierno de un cuerpo armado, de las dimensiones e importancia de la policía.
A finales de noviembre de 1903 la situación del país era crítica, especialmente en Bogotá, Cauca y Panamá, por lo que se declaró una vez más turbado el orden público y en estado de sitio esas jurisdicciones, así que el 8 de noviembre de 1903 se dispuso regresar una vez más a la Policía Nacional bajo la dependencia del jefe civil y militar de la capital, abandonando así la tendencia civilista y regresando a la orientación militar. Se nota entonces una inexplicable falta de coherencia en las medidas y contramedidas tomadas durante este aciago período de la historia policial, durante el cual, por cierto, ocurrió la desmembración del estado de Panamá.
General Rafael Reyes (1904-1909)
Mediante decreto 743 del 3 de septiembre de 1904, la Policía Nacional fue adscrita nuevamente al Ministerio de Guerra, adicionándole ahora, mediante decreto 854 del 21 de octubre del mismo año, un ingrediente al menos extraño y revolucionario, consistente en la asignación, al director general, de tareas administrativas con la financiación y ejecución de obras públicas con los fondos percibidos por concepto de “multas, conmutaciones e ingresos varios”. Es posible que, en ese entonces, se considerara que los policías tenían entre sus funciones el de ser utilizados en calidad de operarios de obras públicas, seguramente muy necesarias por ese entonces en la ciudad, tal como sucedía en los primeros tiempos, posteriores a la independencia.
En noviembre del mismo año, el presidente Reyes, ahora convertido en dictador, promulgó un decreto de “alta policía” mediante el cual creó la llamada gendarmería nacional, dependiente del Ministerio de Guerra, a cuyo mando militar quedaba sometida la Policía Nacional de Bogotá en lo referente a casos de orden público. Parece surgir en esta disposición del general Reyes el concepto que más adelante se llamaría el “control operacional”, tan común en las décadas de los 60 a los 80 de nuestro siglo.
Como comandante de la gendarmería nacional se designó al general Pedro A. Pedraza y como director de la Policía Nacional nuevamente a Juan María Marcelino Gilibert, (Decreto 710 de 1906). Posteriormente, el decreto 946 del 31 de agosto de 1908, estableció que:
“La dirección y mando de la gendarmería nacional reside en el ministerio de guerra, como una de sus secciones…”
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| general Pedro A. Pedraza |
Más tarde, el decreto 288 del 28 de marzo de 1909 desvinculó a la gendarmería de la Policía Nacional y se incorporó aquella al Ministerio de Guerra.
Mediante el decreto 591 del 17 de junio de 1909, el general Jorge Holguín, quien asumió provisionalmente el poder a la renuncia del general Reyes, aduciendo razones de carácter económico, dispuso suprimir la gendarmería nacional, aunque otorgó a los gobernadores facultades para que organizaran este servicio en sus jurisdicciones, en los casos que fuera necesario. Posteriormente apareció en Bogotá una pequeña fracción de gendarmería, adscrita al Ministerio de Guerra, con funciones específicas de vigilancia de cárceles, correos y en las minas de esmeraldas de Muzo. Tal complejidad, producto de la amalgama de funciones, atribuciones y dependencias contradictorias, perjudicó notablemente el desarrollo de la Policía Nacional, hasta que accedió al poder el general Ramón González Valencia.
La Policía Nacional implicada en una conspiración o el extraño caso de un Director General Fantasma.
Es interesante hacer aquí un paréntesis, dentro de la ilación metodológica del tema, para hacer notar la presencia de un director general de la Policía Nacional que, sin embargo, que de ordinario se sepa, no figura en los anales históricos más trajinados y usuales de la policía.
Se trata del , quien con certeza ocupó la dignidad hasta el 4 de agosto de 1909. Fecha hasta la cual figura usualmente como director don Juan María Marcelino Gilibert, por lo cual es necesario enmendar el error, si de tal cosa se trata día en el cual se posesionaría como presidente de la república el general Ramón González Valencia, designado por el congreso para terminar el inconcluso periodo presidencial del general Rafael Reyes. Y resulta imposible ignorar su presencia en la historia de la Policía Nacional, por cuanto su figura aparece comprometida en el intento de golpe de estado que pretendió impedir, por la fuerza, por razones políticas, la posesión en el poder del general González, movimiento frustrado que, en su momento, encabezaron el ministro de guerra del gobierno Holguín, general Edmundo Cervantes , el comandante general del ejército, general Nicolás Perdomo y los jefes de los cuatro batallones acantonados en la capital, aparte de la Policía Nacional, al mando del general Mazabel.
A propósito, el comandante del batallón 1º, llamado también Batallón Calibío, era en ese momento el general Martín Antía, quien tenía a su mando una respetable fuerza de 600 hombres en armas. Por su parte, la escuela militar, ubicada en esa época en la plazuela de San Agustín, al lado del batallón Calibío, contaba con “ochenta caballeros cadetes”, bajo la dirección de los mayores de la misión chilena, don Francisco J. Días y pedro Charpín Rival, quienes tuvieron una activa participación en el acontecimiento, en defensa de la legalidad. Entre los oficiales de planta de la misma figuraban nombres que, al menos a quien hable le resultan vagamente familiares como el mayor Manuel Arturo Dousdebés y el subteniente Arturo Bonitto.
La misión militar chilena, tan respetada y acatada en el momento del fallido golpe, se sintió seducida por el prestigio que le deparó su actitud a favor de la legalidad y al parecer se metió en asuntos más allá del llamado de sus deberes, dada su condición de extranjeros y poco después debieron abandonar el país, a solicitud del nuevo gobierno.
El hecho de la conspiración y la participación del director general Mazabel, se constató suficientemente en las diligencias investigativas adelantadas en su momento por la oficina de instrucción de la Policía Nacional, a cargo del general Lubín Bonilla, siendo nuevo director general de la Institución el señor Heriberto Álvarez. Se constató asimismo que, el mismo día 4 de agosto, fecha prevista para la posesión del general González, “antes de las 10 a.m., se congregaron en el edificio llamado “la bomba” la mayor parte de la policía que llamaban de seguridad y bastantes peones de las obras públicas con el objeto de organizarse para impedir la posesión del general Ramón González Valencia.”
Como curiosa apostilla de “pequeña historia”, es bueno mencionar que fue el mismo general Mazabel quien, seguramente con la secreta esperanza de quedar bien con quien saliera vencedor de esta aventura golpista, puso sobre aviso al nuevo ministro de guerra, general Luis Enrique Bonilla, nombrado por el general González Valencia el día antes de su posesión en la presidencia de la república, sobre las intenciones de los generales y comandantes conspiradores, lo que le permitió al nuevo ministro, “madrugarles” a los complotados – en unión con el político y poeta caucano Guillermo Valencia -, y evitar el cumplimiento de sus propósitos, que sin duda alguna hubieran podido desencadenar una nueva guerra civil. A pesar de que el general Mazabel puso a “cada santo una vela”, fue destituido por el nuevo gobierno que nombró, a partir del 7 de agosto de 1909, al mencionado Heriberto Álvarez. Al año siguiente, como sabemos, el mismo general Antía, uno de los conspiradores de 1909, fue nombrado director general de la policía por el presidente Carlos E. Restrepo, cargo en el que permaneció solamente cuarenta días, del 5 de diciembre de 1910 al 15 de enero de 1911.
GENERAL RAMÓN GONZÁLEZ VALENCIA (1909-1910)
El 3 de agosto de 1909, como atrás afirmamos, el Congreso Nacional eligió al general Ramón González Valencia para que terminara el sexenio del general Reyes, quien había decidido dejar subrepticiamente el poder. Durante el gobierno de González Valencia, la Policía Nacional recobró su característica civilista, pues nombró un director general civil, el doctor Heriberto Älvarez y el 1º. de enero de 1910 la Policía Nacional fue adscrita nuevamente como dependencia del Ministerio de Gobierno. Desde luego que cuando afirmamos que se regresó a la policía a sus fuentes civilistas, es necesario aclarar que se conservó, como de costumbre, cierta tendencia militar, ya que al momento de asumir la presidencia el doctor Carlos E. Restrepo (1910-1914), la policía, que dependía del Ministerio de Gobierno, fue puesta al mando del conocido don Martín Antía, general del ejército en servicio activo, durante la vacancia del cargo, por licencia de su titular, Heriberto Álvarez.
JOSÉ VICENTE CONCHA (1914-1918)
Durante este período presidencial se nombró como director de la policía al general Salomón Correal y mediante decreto 1368 del 4 de diciembre de 1914 se dispuso que, a partir de enero del año siguiente, la gendarmería pasara a depender nuevamente del Ministerio de Gobierno, adscrita, como sección, a la Policía Nacional, pero a ésta se le suprimió la sección de fronteras, que pasó a depender del Ministerio de Guerra.
MARCO FIDEL SUAREZ (1918-1922)
A la renuncia del director de la policía, general Salomón Correal, nombró en su reemplazo al general Roberto Urdaneta, mediante decreto 1203 del 14 de agosto de 1918.
El 9 de octubre de 1918 se promulgó el decreto 1628 firmado por el presidente Marco Fidel Suárez mediante el cual se reestructuró la Institución y se definió su organización jerárquica, al mando de oficiales del ejército, así:
Dirección y subdirección, a cargo de sendos generales del ejército e inspección general asimismo a cargo de un oficial del ejército. Además estableció las siguientes jerarquías, de carácter algo más civilista:
Comisario jefe, Agente de 2ª. Clase,
Comisario de 1ª. Clase Agente de 3ª. Clase,
Comisario de 2ª. Clase, Gendarme de 1ª. Clase,
Comisario de 3ª. Clase, Gendarme de 2ª. Clase,
Agente de 1ª. Clase,
El nuevo director militar de la policía, general Urdaneta, definió la permanente simbiosis filosófica y profesional que había caracterizado la función policial de la Institución, cuando se expresa así en un informe al Ministro de gobierno, sobre sus propósitos, al frente de la Institución.
“…Al encargarme de la dirección de la Policía Nacional, quizá lo que más me decidió a aceptar el mando de este benemérito cuerpo, fue el de dedicar mi mayor atención y todo mi esfuerzo a levantar el nivel moral a la altura que le corresponde, con la instrucción civil que debe tener un empleado de la policía para desempeñar airosamete sus delicadas funciones y con la instrucción militar que lo capacite para ser un buen soldado de la república en cualquier momento en que ello sea necesario.”
Es preciso agregar que, durante el periodo de 1914 a 1922, la policía vivió un evidente ambiente de apoliticidad, destacable pro contraste, con su, hasta entonces, habitual compromiso de concepción partidista.
GENERAL, PEDRO NEL OSPINA (1914-1916)
El período de gobierno del general Ospina, constituyó una etapa gris desde el punto de vista institucional, ya que no se alcanzó logro significativo alguno, digno de mencionar. La Dirección General estuvo a cargo del general Celerino Jiménez y como subdirector, el coronel Ángel María Serrano, ambos oficiales del ejército.
MIGUEL ABADÍA MÉNDEZ (1926-1930)
Durante su gobierno tuvo ocurrencia, en diciembre de 1928, el célebre y trágico acontecimiento conocido como la “Matanza de las bananeras”, mencionado por García Márquez en la obra maestra del realismo fantástico “Cien años de soledad”, del cual fue protagonista principal el general del ejército Carlos Cortés Vargas, quien cuatro meses más tarde fue nombrado como director de la Policía Nacional, ahora con el grado de coronel, cargo que solamente desempeñó por el brevísimo lapso de 51 días, entre el 18 de abril y el 9 de junio de 1929, fecha en la cual fue reemplazado por el general Juan Clímaco Arbeláez, quien estuvo al frente del cargo por 74 días, hasta el 4 de septiembre del mismo año, 1929.
Tal inestabilidad al frente de un cargo de tanta relevancia pone en evidencia, al menos, la ausencia absoluta de claridad en relación con la importancia de una institución que en todos los tiempos ha sido determinante en el ordenamiento jurídico de cualquier estado organizado. Algo así como la prolongación del imperio de la “patria boba” en una institución que iniciaba con fe y entusiasmo el recién estrenado siglo XX.
ENRIQUE OLAYA HERRERA (1930-1934)
Enrique Alfredo Olaya Herrera
Período caracterizado por la presencia de violencia política en Boyacá y los Santanderes. En 1931 el gobierno Olaya Herrera, afrontó el conflicto con el Perú, evento durante el cual la policía se limitó a cumplir con sus funciones naturales en el país.
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO (1934-1938)
Durante el gobierno de López Pumarejo, llegó al país la primera misión chilena, compuesta por tres oficiales del cuerpo de carabineros de ese país, entidad policial de conocida tradición y perfil militares, a la usanza de los estándares disciplinarios castrenses de origen prusiano. En tal virtud, el 21 de marzo de 1936, arribaron al país los siguientes oficiales:
Coronel Armando Rozo Bosa;
Capitán Belarmino Torres Vergara; y
Teniente Emilio Oelkers Hollstein
La misión tuvo un brillante desempeño, pues concibió con cierta precisión filosófica la función primordial de la policía en relación con sus obligaciones profesionales, aunque recomendó el régimen y disciplina militares como patrón de comportamiento para complementar la concepción civilista con la cual se diseñaron sus funciones típicas. Como resultado, se promulgó el decreto 1715 del 18 de julio de 1936, por medio del cual se adoptó un estatuto para la Institución, cuyo artículo primero se encabeza así:
“La Policía Nacional es una institución civil con régimen y disciplina militares que se rige por legislación especial y a falta de ella por el derecho común”
El enunciado transcrito estableció un planteamiento obviamente contradictorio, vigente, por desgracia, durante mucho tiempo, consistente en reconocer el carácter civil de la Institución, pero al costo de introducirle el resbaloso principio de que solamente con los regímenes disciplinarios propios de la guerra es posible gobernar el comportamiento de un conglomerado humano y profesional tan especial como lo es la Policía Nacional. A nuestro modesto juicio, esta orientación conceptual resulta al menos explicable en un contexto profesional gestado en la confluencia política de dos guerras mundiales, la una, recién concluida en 1918 y próxima a desencadenarse, la otra, en 1938. El 17 de febrero de 1937 se expidió el decreto 395 que estableció una nueva jerarquía policial encabezado por el propio ministro de gobierno, así:
Ministerio de gobierno;
Director General; y Subdirector General
Oficiales superiores:
Jefe general de divisiones de Bogotá;
Jefe general de divisiones de fuera de Bogotá;
Jefe general de la policía de aduana, con categoría de tenientes;
Coroneles y tratamiento de comandantes.
Oficiales comandantes:
Comandante de la sección de personal;
Comandante visitador de las guarniciones de fuera de Bogotá; y
Comandantes de división, con categoría y tratamiento de mayores
Oficiales subalternos
Capitanes;
Tenientes; y
Subtenientes
Suboficiales:
Los suboficiales y agentes forman la categoría de tropa:
Alférez;
Sargento; y
Cabo
Además, se incluye la siguiente aclaración: “Los militares en servicio activo que el gobierno destine en comisión a la Policía Nacional, adquirirán la jerarquía correspondiente al puesto que desempeñen, mientras permanezcan en la Institución.”
El 8 de noviembre de 1937 se promulgó la ley 98 mediante la cual se facultó al gobierno para reorganizar a la Policía Nacional, permitiéndole,
“…aumentar hasta cinco mil hombres, en cualquier tiempo, el personal militar de la Policía Nacional en las categorías de agentes, cabos, sargentos, alféreces, subtenientes y tenientes, para atender las necesidades del servicio y a la mejor conservación del orden público.”
En la misma ley se establecieron nuevas jerarquías, esta vez de corte militar, así:
Comandante;
Mayor; Alférez;
Capitán; Sargento;
Teniente; Cabo; y
Subteniente; Agente.
EDUARDO SANTOS (1938-1942)
Durante el gobierno de Eduardo Santos se continuó definiendo a la Policía Nacional como “organismo civil con régimen y disciplina militares” y considerando al personal uniformado de la Institución como “personal militar”. Asimismo, al gobierno de Eduardo Santos cabe abonarle algunas realizaciones en beneficio de la Policía Nacional, la más destacable, sin duda alguna, la inauguración, en 1940, de la Escuela de Policía “General Santander”, centro de formación del personal de la Institución, dotado desde el principio con normas propias que lo identificaban como un instituto de carácter “militar”, cuyo primer director, sin embargo, fue un prestigioso abogado civil, el doctor Luis Andrés Gómez.
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| doctor Luis Andrés Gómez |
A partir de entonces, la dirección y orientación del instituto corrió a cargo de algunos destacados profesionales civiles y mayoritariamente de oficiales del ejército, hasta que en 1958, durante el gobierno de la junta militar, la dirección pasó definitivamente a manos de oficiales de la propia Institución, aunque orientados por patrones heredados de la larga presencia militar en su filosofía y modelos educativos.
SEGUNDA ADMINISTRACIÓN DE ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO (1942-1946)
Se reorganizó la Escuela “General Santander” en enero de 1943, aunque en la parte resolutiva se insistía en el carácter militar de su régimen. La parte pertinente mencionaba que, “la escuela General Santander es una Institución de régimen militar…estará a cargo de un director militar… y su régimen es el de internado de un instituto militar.” Como quien dice, al que no quiere caldo…
MAMATOCO, BORRÓN Y CUENTA NUEVA
En el transcurso de este equívoco segundo período presidencial de Alfonso López, la Institución sufrió los avatares de su indefinición filosófica y conceptual y navegó las peligrosas corrientes del “sentimiento partidista y la seducción militar como denominara Álvaro Castaño Castillo, el claroscuro que caracterizó el devenir institucional de esa época. La situación, como sabemos, hizo crisis con la “metida de pata” del caso “Mamatoco”, ocurrencia tan amena y brillantemente expuesta en ocasiones anteriores por nuestro amigo y colega, el señor coronel Galeano, testigo de excepción y actor de tan señalado acontecimiento, cuyas consecuencias incluyeron la virtual desbandada de todos los cuadros de mando de la Institución y su inmediato reemplazo por diecisiete (17) oficiales del ejército y por trece (13) abogados comandantes, preparados con cierta prisa en la Escuela General Santander, con el fin de que asumieran, a partir de marzo de 1944, el mando de las unidades de policía de la capital y algunas de otras localidades.
La dirección de la policía, por aquellos días confiada brevísimamente al doctor, Alfonso Araujo, (3 meses y 12 días), decidió enfatizar el carácter civilista de la Institución y mediante una disposición, al menos ingenua, dispuso suprimir sables y espadas a los oficiales de la policía, por considerárselas, “armas simbólicas de uso esencialmente militar y que no tienen aplicación alguna para los oficiales de la policía, quienes solamente pueden usar las armas con fines de defensa”.
Las denominaciones jerárquicas, tan cambiantes e inestables como la misma identidad y rumbo institucionales, se establecieron nuevamente en noviembre de 1943, en esta ocasión de la siguiente forma:
Comandante de división; Sargento;
Subcomandante; Cabo;
Teniente primero; Agente; y
Teniente segundo; Aspirante a agente
Alférez;
Es justo reconocer que, en brevísimo tiempo, los nuevos comandantes de la Institución, algunos menos improvisados que otros, lograron resultados notables puestos en evidencia durante el quinquenio siguiente, (1943-1948) período en el cual su aceptable e imparcial desempeño durante la época, siempre crítica de las elecciones, esta vez las de 1946, fueron objeto de elogiosos y autorizados testimonios a nivel oficial, especialmente por parte de los presidentes Alberto Lleras Camargo, saliente en agosto de 1946 y el entrante, Mariano Ospina Pérez, liberal el primero y conservador el segundo de los nombrados, coincidieron en expresivos elogios y felicitaciones a la Institución y sus mandos por el profesionalismo, la imparcialidad y la gran capacidad de sacrificio con los cuales se superó la experiencia electoral.
MARIANO OSPINA PÉREZ (1946-1950)
El gobierno de Ospina Pérez que tan auspiciosamente había llegado al palacio de San Carlos, luego de las salutaciones, las felicitaciones y los reconocimientos para la Policía Nacional por su buen desempeño profesional en elecciones, sufrió, toleró o propició el inexplicable deterioro moral de una Institución antes tan elogiada, año y medio después criticada con tan singular injusticia y acerbia.
El nuevo gobierno, después de reconocer el ejemplar comportamiento de la Policía Nacional durante el proceso electoral por medio del cual accedió al poder, decidió corregir la plana y empezó lentamente a procurar la “transformación institucional”, procediendo a reemplazar sistemáticamente a jefes y comandantes. Bien dice el doctor Roberto Pineda Castillo en 1950 en su conocida obra “ La policía, doctrina, historia, legislación”, a propósito de este tema:
“El siete de agosto de 1946 la responsabilidad del manejo de la policía pasó a otras manos. El nueve de abril de 1948, no existía un solo departamento de la Policía Nacional a cargo de antiguos, sino de nuevos jefes…”
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| doctor Roberto Pineda Castillo |
Más adelante afirma:
“El cuerpo de la Policía Nacional era sustancialmente el mismo en los años de 1946 y 1948. El personal subalterno apenas se habría renovado en un veinte por ciento. Sin embargo, mientras en el mes de mayo de 1946 la totalidad de los funcionarios de la policía actuaban apolíticamente, hasta el punto de que “todos hubieron de rendirse ante la evidencia de su serenidad, de su imparcialidad y de su rectitud” recibiendo “la expresión de respeto nacional, unánime y sincero” y la muy entusiasta y categórica del presente electo, en el mes de abril de 1948 se desempeñaba, en parte, políticamente, algo tuvo que ocurrir en ese lapso. Indudablemente, un cambio de frente…”
Pero, ¿De dónde provino el mencionado “cambio de frente? Difícil llegar a una respuesta objetiva y precisa, pues la complejidad de los factores concurrentes obligaría a extensos análisis que no son el objetivo ni están dentro del alcance del presente trabajo. Sin embargo, es oportuno precisar que durante los primeros dos años del gobierno Ospina Pérez, la Institución estuvo al mando de los siguientes oficiales del ejército nacional:
General Carlos Vanegas Montejo, hasta el 10 de enero de 1947, fecha en la cual el gobierno designó al general Delfín Torres Durán, meritorio oficial del ejército quien a pesar de lo breve de su mandato, (nueve meses), demostró una admirable claridad conceptual en relación con las diferencias insalvables entre los deberes típicos de su profesión y los de la Institución a la cual el gobierno lo destinaba forzadamente. Suyos son estos conceptos que revelan el fondo de su sentir y que ponen en evidencia la reciedumbre de su carácter y convicciones:
“Constitucionalmente, la policía no es ni debe ser “otro” ejército dentro de la nación. Y, por consiguiente, no es una institución militar. Y si no es una institución militar, carecen allí de sentido la jerarquía y la organización militares, como el régimen interno militar y los castigos disciplinarios del ejército. El modesto agente que lleva sobre sus hombros, dia y noche, tareas de notoria responsabilidad, no se siente soldado ni obra como tal. Seguramente él aspira, y con fundamentos serios, a desarrollar una personalidad que le permita obrar con cierta independencia y justicia. Y en verdad el policía se encuentra generalmente sólo frente a situaciones conflictivas en las cuales debe tomar decisiones rápidas y regulares. Ël a diferencia del soldado, en la vida de guarnición, no puede esperar la orden de un superior para ejecutarla. El régimen militar, por naturaleza fuerte, en vez de tornar al agente comprensivo y en cierto grado benévolo, lo hace irascible. Y no sólo con el público, sino también con sus mismos superiores. Resulta pues, algo peor que innecesaria una intensa instrucción militar en la policía.”
Más adelante afirma:
“Una escuela de policía, como la Institución en general, debe ser la más perfecta escuela de ciudadanía, pero no una institución o escuela militar que por una parte no responde al carácter democrático de la nación. Un policía debe ser el hombre civil y servicial por excelencia, accesible y amable. Se requiere ampliar y profundizar sistemáticamente su formación cívica y su capacidad de servicio público para que se sienta más humano y amigo de todos. En Colombia aún se invierten las tareas de instituciones tan diferentes como la policía y el ejército…”
El 1º. de octubre de 1947, asumió la dirección de la Institución el coronel Virgilio Barco Vargas, bajo cuyo brevísimo mandato – seis meses y medio – alcanzaron trágica celebridad los llamados “chulavitas”, con cuyas penosas ejecutorias se logró manchar breve pero significativamente la historia creciente de realizaciones y progreso demostrados por una Institución que, hasta entonces, había tenido que abrirse paso en tan difíciles como inestables circunstancias, a pesar de las cuales tantas cosas buenas tenía qué mostrar.
El coronel director demostró ser inferior al compromiso de conducir a la Institución en tan difíciles momentos, especialmente en la crucial coyuntura del 9 de abril, por lo cual fue destituido a raíz de la luctuosa fecha, cediendo sus mal entendidas responsabilidades al coronel Régulo Gaitán, llamado por el gobierno nacional desde la placidez de su retiro y reintegrado al servicio activo del ejército para que capitaneara el proceso de disolución de la Policía Nacional, su forzado y temporal reemplazo con el estamento militar y el posterior rescate de la disuelta y maltrecha comunidad policial. El gobierno de entonces consideró que la Policía Nacional no tenía dolientes propios para juzgarla, ejecutarla, llorarla ni enterrarla, ni muchísimo menos para preparar las fanfarrias que anunciarían su resurrección.
EL NUEVE DE ABRIL DE 1948
El papel de la Policía Nacional el 9 de abril, tema tan estudiado y analizado como desconocido, tan trágico y extenso, tan sesgadamente interpretado e incomprendido por analistas, historiadores y protagonistas, aún aquellos que aman, cultivan y defienden a la Institución, ameritó con ocasión anterior una modesta exposición en dos sesiones de nuestra Academia de Historia, por parte de quien les habla, por lo cual, consideramos que sería necesario disponer de paciencia y tiempo, que en esta ocasión no tenemos, para explorar sus inagotables posibilidades e insistir en la tarea de devolver, así sea a ultranza, el buen nombre de la Policía Nacional, injustamente mancillado en el transcurso de un acontecimiento en el cual solamente fue el cordero ceremonial, o como se afirma coloquialmente, el trompo de poner. El inocente y sufrido trompo de pagar los quines.
LA DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
El 30 de abril el gobierno Ospina Pérez promulgó el decreto 1403 por medio del cual se concretó uno de los episodios más ignominioso e injustos de la historia policial: en su artículo tercero se plasmó la condena a toda la Institución por faltas y carencias más atribuibles a los mismos gobernantes, a los nuevos comandantes y jefes improvisados, a los responsables de la permanente incoherencia con la cual se orientaron los destinos de la Institución desde su misma fundación. El brevísimo texto del artículo de marras, reza así:
“Artículo 3º. – El gobierno y el director general de la policía procederán a dar de baja a todo el personal de la institución…”
El citado Pineda Castillo, insiste en su conocida obra, refiriéndose al licenciamiento total:
“El licenciamiento indiscriminado del personal de la policía, su condenación en masa, sin fórmula de juicio, sin haber oído ni vencido individualmente a sus miembros, sin duda obedeció en parte, a la tremenda confusión que se apoderó en abril de 1948 de los espíritus más lúcidos y serenos. Sentimientos de ira, de venganza, de temor y pánico obnubilaron el criterio de los colombianos.”
LA POLICIA MILITAR
Una vez dispuesto y concretado el licenciamiento indiscriminado de toda la Policía Nacional del país, se asignó a la policía militar la atención de los servicios ordinarios de vigilancia, previo un breve período de instrucción en la escuela “General Santander”, a cargo de oficiales de planta de la policía, seleccionados para la misión, quienes después de cumplido este cometido debía ser dados de baja.
A pesar de ser conocedores de tan opresiva condición, los instructores de la Policía Nacional cumplieron con sus tareas con lujo de competencia, e hicieron posible que la policía militar, apresuradamente entrenada para la ocasión, iniciara formalmente sus labores en la capital el 16 de julio de 1948. Es justo reconocer que su desempeño inicial fue más que satisfactorio, dada la ausencia total de otra alternativa, lo que llevó al director general de esta nueva Policía Nacional-Militar, coronel del ejército recién reintegrado el servicio activo, y más tarde teniente general Regulo Gaitán, a afirmar, con más entusiasmo que objetividad, que, “la policía militar es la mejor policía del mundo…” (!)
La presencia de la policía militar en las calles era en cierta forma explicable en el caso de una ciudad como Bogotá, en estado de sitio y con la apariencia de una sobreviviente precaria de un bombardeo, recién salida de una guerra total. Sin embargo, aunque en un principio la policía militar cumplió con sus deberes en forma aceptable dadas las limitaciones en experiencia e instrucción, los primeros miembros de oficialidad y tropa fueron siendo paulatinamente relevados y reemplazados por militares sin la formación específica necesaria para desempeñarse en contacto directo con la ciudadanía, se procedió con base en el decreto 2244 de julio de 1948 que a la letra dice en su parte pertinente:
Artículo 2º. – El gobierno podrá nombrar directamente, sin cursos previos, los individuos que componen la Suboficialidad y oficialidad de planta de la Policía Nacional, en sus distintas categorías, pero escogiendo para ello a suboficiales y oficiales del ejército nacional, bien en servicio activo o en uso de retiro”.
Se perdió una vez más de vista el hecho de que la tarea del guerrero es enfrentar y destruir al enemigo, por lo que demanda aislamiento y concentración en sus cuarteles, ya que en ello radica su fuerza. El continuo contacto con los ciudadanos reporta al soldado dos riesgos que atentan contra su imposible convivencia con el entorno ciudadano. En primer término, expone al ciudadano a la brusquedad y maneras de un régimen de ocupación o ciudad sitiada y en segundo le quita al soldado su natural agresivo y su estado de guardia permanente contra el mundo y sus amenazas.
Pronto empezó a suceder lo que es normal cuando se destina a los guerreros a cuidar ciudadanos de ordinario pacíficos, aunque cazurros y desconfiados y las más de las veces indisciplinados, altaneros y amantes de los viernes culturales. Proliferaron los abusos, los balazos, los golpes de yatagán y de culata que reemplazaron, de la noche a la mañana, al modesto bolillo de madera en su ganado sitial en la panoplia urbana. Bien vale la pena citar una vez más a nuestro historiador más autorizado y respetado, el doctor Roberto Pineda Castillo, a propósito del tema, quien en 1950 se expresa así:
“No son sensatos ni consecuentes los que celebran la aparición de militares en las calles y plazas, en función de vigilancia ordinaria y a continuación se duelen y extrañan de que estos la emprendan a tiros contra los sospechosos o simplemente contra los conductores de vehículo que no atienden sus voces de alto. Porque no se le puede exigir una técnica policíaca al militar ni debe esperar de él una actitud típicamente policíaca.
LA MISIÓN INGLESA DE 1948-1952
El mismo decreto autorizó la contratación inmediata de una misión extranjera, inglesa en esta ocasión, al frente de la cual estaba el señor Douglas Gordón, compuesta por catorce expertos entre los cuales había varios oficiales superiores de las fuerzas armadas británicas con experiencia policial.
Esta misión, muy criticada en su momento, entre otras cosas porque ninguno de sus miembros hablaba siquiera el español, permaneció en el país cuatro años, hasta diciembre de 1952, al término de los cuales presentó un proyecto de estatuto orgánico que duró varios años como norma rectora de la Institución. Sin embargo, por constituir un punto de vista extranjero sobre la confusión típica tan en boga en ese momento en torno a los fundamentos conceptuales y las actitudes pro-castrenses en la policía de la época, consideramos valioso transcribir algunos conceptos incluidos en un informe final de su comisión a presidente de la república, doctor Laureano Gómez, suscrito por el señor Gordon, jefe de la misión, en el cual expresa con cruda y lacerante franqueza su personal visión sobre la situación militar-policial de la Institución y que conservaron vigencia durante muchos lustros, por lo que no resistimos la tentación de transcribirlas en su parte pertinente.
“Posición y trato que merece la policía:
La posición social y oficial de la policía requiere mejoras básicas:
Generalmente se hace referencia a la policía como a una de las fuerzas armadas de la república, pero al presente es muy notoriamente la cenicienta de esas fuerzas, debía ser por el contrario la principal fuerza civil del gobierno, su brazo derecho y debía ser tratada de acuerdo. Hoy por hoy, cualquier mayor o capitán del ejército que venga a la policía en “comisión” es considerado como superior, en todos los aspectos, a los comandantes y subcomandantes de la fuerza nacional de la policía, quienes en realidad se equiparan con coroneles y tenientes coroneles. Francamente, considero la práctica de llamar oficiales de servicio en el ejército para desempeñar cargos en la policía (con la sola posible excepción del director general) como un grave error. Todo su entrenamiento y características son totalmente diferentes de las que se necesitan en una fuerza de policía de naturaleza enteramente civil. Debe hacerse toda clase de esfuerzos para que la policía se a una carrera honorable, digna y permanente, que se respete así misma y que sea respetada. La policía no puede ser considerada por más tiempo como el pariente pobre del ejército, sino una organización independiente.”
Adelante agrega el observador, prolijo y flemático súbdito británico:
“La comparación de los cuarteles del ejército y los de la policía dejan muy mal a ésta última. La policía se mantiene siempre en servicio activo contra los enemigos de la sociedad, mientras que el ejército entra solamente en servicio activo en tiempo de guerra o en épocas anormales.”
Las crudas recomendaciones del asesor inglés nos hacen reflexionar sobre lo que el doctor Pineda Castillo llama en 1950 “el complejo militar” del cual ha sido recurrente víctima la Policía Nacional a través de la historia de su desarrollo. Durante mucho tiempo se consideró que el mando y el cumplimiento de los deberes policiales era inconcebibles sin “espíritu militar”. Como resultado contradictorio y sorprendente, surgido especialmente cuando se dispuso la desbandada policial del 48, el ejército al parecer desarrolló lo que el mismo Pineda Castillo llama el “Complejo policíaco” de los militares, quienes pusieron en evidencia su tendencia y su gusto por las labores de policía, especialmente después de su u obligado encargo de las calles colombianas y la inicial y entusiasta reacción de la ciudadanía. Los policías pretendiendo ser más militares que los militares y los soldados procurando cambiar sus cuarteles por las calles y sus cambiantes problemas urbanos, hacen pensar en la afirmación de un comediante anónimo que decía:
“Bienaventurados mis imitadores porque de ellos serán mis defectos…”
PEQUEÑA HISTORIA SOBRE UN “MODELO” MILITAR EN LA POLICÍA O HAZAÑAS DE TELMO, EL APRENDIZ DE POLICÍA
Durante el proceso que antecedió y siguió a los acontecimientos del 9 de abril ocurrieron en el país toda suerte de acontecimientos aislados que, sin embargo, engrosaron el anecdotario lamentable de pequeña historia sobre la Policía Nacional y sus funciones. Nos referimos en esta ocasión y como simple botón de muestra, al caso del célebre capitán Telmo Acevedo Ardila, oficial del ejército en comisión en la Policía Nacional desde hacía año y medio, que se desempeñaba como comandante de la policía del Valle del Cauca, el 22 de octubre de 1949, fecha en la que ocurrieron graves incidentes en Cali, donde se encontraba como comandante de brigada el general Gustavo Rojas Pinilla.
Sucedió que ese día 22 se encontraba el capitán Acevedo, dirigiendo personalmente las actividades de un retén de policía en una calle de Cali, cuando acertó a pasar por allí, en un vehículo identificado con placas consulares, el vicecónsul de los Estados Unidos Earl Michalka. El oficial ordenó detener el vehículo y en forma violenta obligó a descender del mismo al representante consular a quien le propinó un balazo en una pierna.
El herido le pidió al oficial el nombre y Acevedo le respondió con un puñetazo en la cara rompiéndole un diente al asombrado vicecónsul quien intentaba explicarle de quién se trataba. El diplomático se quejó ante el comandante de la brigada ante quien Acevedo explicó que había confundido al vicecónsul y a su conductor con dos terroristas comunistas que se sospechaba andaban por la ciudad de Cali en un vehículo similar al del norteamericano, el comandante de brigada pidió excusas, pero no tomó medida alguna contra el comandante agresor.
Posteriormente, en junio de 1950, encontramos al mismo capitán Acevedo, esta vez como comandante de la policía del Atlántico, donde en unas fiestas se encontró con un oficial compañero de curso a quien golpeó en un ojo durante una discusión política. Como resultado, el capitán Fernando Echeverría, que así se llamaba la víctima, perdió el ojo. Cuatro meses más tarde el capitán Acevedo fue nombrado como jefe de personal de la Policía Nacional por el director general, teniente coronel Alberto Gómez Arenas. Un año más tarde Acevedo organizó una fiesta bailable en la oficina de personal, mientras su unidad se encontraba acuartelada por encontrarse el país en elecciones. El mismo director general disolvió la fiesta cuando comprobó que el capitán y sus subalternos se encontraban en avanzado estado de embriaguez en compañía de las secretarias del despacho. El capitán solicitó el término de su comisión y el director general no solamente no lo sancionó, sino que le ofreció una comida de despedida.
Posteriormente en junio de 1953, el general Rojas Pinilla, recién posesionado de la presidencia lo nombró jefe del departamento de Investigación Criminal y al final de ese año como agregado militar en Panamá, con jurisdicción diplomática en seis países centroamericanos. Más tarde fue nombrado como jefe civil y militar de Arauca en donde, en junio de 1956, murió en un accidente aéreo en Casanare.
LAUREANO GÓMEZ (1950-1954)
Durante el segundo año de su mandato, el gobierno de Laureano Gómez dispuso cambiar la denominación jerárquica de estilo civil heredad de la misión inglesa, por una versión de tinte más castrense. Se abandonaron en consecuencia los elegantes grados y títulos de:
Comisionario jefe, Inspector jefe,
Comisario, Subinspector,
Subcomisario, Distinguido, y
Subcomisario a prueba, Agente
Los que fueron reemplazados por los más marciales:
Mayor, Sargento primero,
Capitán, Sargento segundo,
Teniente primero, Distinguido, y
Teniente segundo, Agente,
Alférez,
GESTIONES BREVES, DIRECTORES FUGACES
Como prolegómenos al gobierno militar que accedería al poder a partir del 13 de junio de 1953 y durante su permanencia, vale la pena mencionar los períodos de los directores militares, a partir de la disolución de la Policía Nacional y antes de que el mando fuera confiado a un oficial de la propia Institución; veamos:
General Régulo Gaitán, del 16 de abril al 21 de mayo de 1949 13 meses
Coronel Ernesto Carrasco, del 1º. de sept. Al 14 de sept. De 1949 13 días(!)
General Pablo E. Rodríguez, no figura su período en los archivos
General Carlos Bejarano Muñoz, 16 de sept./49 al 13 de octubre/50 13 meses
Te. Coronel Alberto Gómez Arenas, 14 de oct./50 al 13 de nov./51 13 meses
General Miguel Sanjuán, del 14 de noviembre/51 al 22 de sept./52 10 meses
Te. Coronel Efraín Villamizar, del 23 de septiembre al 20 nov./52 57 días
Coronel Francisco Rojas Scarpetta, del 21 de nov./52 al 14 sept./54 22 meses
Mayor gral. Deogracias Fonseca, del 15 de sept./54 al 9 de mayo/57 32 meses
Coronel Guillermo Padilla, 10 de mayo/57 al 12 de enero/58 8 meses
Coronel Gustavo Gómez, del 1º. De enero/58 al 8 de mayo/58 4 meses
EL GOBIERNO MILITAR DEL GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (1953-1957)
El 13 de junio de 1953, asume el poder, por lo que se llamó eufemísticamente “un golpe de opinión”, el Teniente general Gustavo Rojas Pinilla, hasta entonces comandante general de las fuerzas militares, tras derrocar al titular Laureano Gómez, una de las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno, sobre la Policía Nacional, está contenida en el decreto 1814 del 10 de julio de 1954, que en sus partes sustantivas, dice:
“Artículo 1º.- A partir de la fecha de este decreto, el comando general de las fuerzas militares se denominará comando general de las fuerzas armadas.”
“Artículo 2º.- Las fuerzas armadas comprenden:
El comando general de las fuerzas armadas,
El ejército,
La armada,
La fuerza aérea,
Las fuerzas de policía”
“Artículo 3º.- La Policía Nacional pasará desde la fecha de expedición de este decreto, a formar parte activa del ministerio de guerra como el cuarto componente del comando general de las fuerzas armadas, con presupuesto y organización propios y prestará los servicios que por ley le corresponden.”
La adopción de esta trascendental medida fue recibida con entusiasmo y gratitud en la institución policial. La hija pródiga y desheredada de la fortuna, generosa y magnánimante acogida en el regazo de la envidiada familia acomodada; sin embargo, se hacía necesario practicar rigurosas medidas de higiene entre los recién adoptados parientes, así que en 1954 se dispuso adelantar un proceso de re selección de personal de la policía que se ajustara al nuevo estatuto reglamentario de la carrera de oficiales y suboficiales que impuso nuevas condiciones para el ingreso y la permanencia de sus funcionarios. Se creó una junta mixta de oficiales del ejército y la policía para estudiar las hojas de vida de los oficiales en servicio, para determinar su permanencia o no dentro de las filas.
Se inició su severo proceso de reorganización mediante instrucción ceñida completamente a modelos militares de formación y disciplina. Por considerarlo suficientemente gráfico sobre las consecuencias del nuevo orden, se transcribe lo que el académico de número, señor mayor general Bernardo Camacho Leyva, citado por Rodríguez Zapata, dice sobre el tema de la reeducación militar de la policía:
“Desafortunadamente este esfuerzo que hizo tanto bien a la policía tuvo el inconveniente de intensificar en grado superlativo la instrucción militar, implantar una rígida disciplina militar y buscar la centralización absoluta del mando al estilo de las fuerzas militares, lo que trajo como consecuencia una desviación de los objetivos institucionales. Empezó entonces el empleo de la policía como fuerza y no como servicio; el personal se prefería concentrado en los cuarteles antes que en servicio individual por las calles; los policías paulatinamente se volvieron adustos, irrespetuosos y altaneros con los ciudadanos lo que trajo nuevamente el desprestigio institucional que se acentuó con la lucha política que intensamente comenzó a librarse y que habría de culminar el 10 de mayo de 1957”.
