SECUESTRO DE POLICÍAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
Contexto general y evolutivo del secuestro en Colombia
El secuestro constituye uno de los delitos y fenómenos criminales de mayor incidencia y relación con el conflicto armado en Colombia, especialmente por las acciones de los Grupos Armados y Grupos de Criminalidad Organizada, para lograr objetivos financieros y seudo políticos, en los cuales se afectaron los derechos constitucionales y legales de la población civil como de los miembros de la Fuerza Pública.
En el año de 1964 con el surgimiento de las
guerrillas comunistas en Colombia, el delito adquirió una incidencia neurálgica
en la seguridad de la Nación, tomándose como punto de referencia el número y
tipo de secuestros con fines extorsivos contra comerciantes y personalidades
denominadas de clase alta de la sociedad colombiana
En la Revista de Criminalidad del año 1971 , se realiza el análisis del comportamiento
criminal del secuestro y su incidencia en el desarrollo económico y social de
la nación, para la época se caracterizaba bajo formas y móviles simples,
familiares y locales de la sociedad tradicional colombiana de los años 30, 40 y
50, cuando el delito ocupaba una pequeña cuota estadística y se tenía como de
naturaleza común o de irrelevantes consecuencias
Los primeros registros de delitos relacionados con
las características del secuestro en Colombia no son muy claros. Algunas
referencias se relacionan para la década de los años 30, a partir del que se
considera el primer secuestro en Colombia, el plagio de Elisa Eder, hija de
Harold Éder, un industrial caleño, dueño y
gerente del ingenio azucarero La Manuelita, registrado en la ciudad de
Cali, el 31 de enero de 1933
Los casos de secuestro en Colombia comienzan a ser registrados en las estadísticas de criminalidad de la Policía Nacional en la década de los años 60 , periodo en el en el cual se presentaron un promedio de 83 casos, época que es coincidente con el surgimiento de las guerrillas comunistas en Colombia (FARC, ELN y el EPL), siendo las FARC el primer grupo que lo implementó como forma de presión política o como medio de financiación económica. En la segunda conferencia guerrillera que dio vida a las FARC en 1966, este grupo creó la comisión financiera nacional la cual aprobó recurrir a otras fuentes para financiar la lucha armada guerrillera, diferentes a los recursos aportados voluntariamente por la población civil, entre ellas el secuestro.
En 1965 dos (2) hechos conmocionaron el país y
evidenciaron la evolución de este delito, el primero, el secuestro y posterior
homicidio del ex
ministro de Hacienda e industrial vallecaucano Harold Éder el 20 de marzo de 1965,
paradójicamente el padre de la menor Elisa Éder quien fue secuestrada en 1933 y
considerado el primer plagio en Colombia. Por la liberación del industrial sus
captores pedían 2 millones de pesos. El segundo hecho fue el secuestro del empresario agrario
Oliverio Lara Borrero, el 27 de abril de 1965 en Larandia (Caquetá) por quien
pedían 1 millón de pesos para su liberación, quien fue asesinado en cautiverio
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| Imagen tomada de https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/angustia-por-secuestro-de-don-oliverio-lara-borrero/18018 |
Antes de consolidarse el secuestro en Colombia, se registraron en América Latina tres fases distintas: I).El secuestro de naves por grupos insurgentes de la región, entre los que se vinculó el ELN, con el fin de dirigirlos al país de Cuba. Una segunda fase, II). Hechos de exclusiva representatividad política, especialmente diplomáticos y representantes del Estado en los municipios del territorio nacional. III) La consolidación en Guatemala, Brasil y Uruguay, siendo donde los grupos subversivo implementaron modalidades del delito de secuestro incluyendo funcionarios públicos, ciudadanos e industriales locales, haciendo común la práctica de exigir rescates para los secuestrados.
En los años 70 las FARC, el ELN y especialmente el M-19 encontraron en el secuestro con fines extorsivos la principal fuente de financiamiento. El alcance de los recursos que empezaron a percibir las guerrillas, se referencian en la entrevista otorgada por Jaime Bateman Cayón a Germán Castro Caicedo, el cabecilla del M-19 afirmó lo siguiente:
“… nosotros nos volvimos ricos con la detención de Cooper, el gerente de Sears[1] (…) “fue la primera vez que la organización tuvo un presupuesto bastante alto, más de un millón de dólares, tal vez es el secuestro más grande que se ha hecho en Colombia y el dinero nos alcanzó por mucho tiempo” (…) Ver texto completo de la entrevista en http://www.ideaspaz.org/tools/download/48875
En relación con el secuestro extorsivo en Colombia, se pueden referenciarse múltiples causas, pero dos de ellas son las de mayor incidencia, la primera de índole político que busca no sólo el control o influencia territorial sobre cargos y finanzas públicas, a la que se suma el objetivo de incidir en aquellas decisiones del Estado, a través de secuestros de impacto como el de candidatos, servidores públicos y miembros de la fuerza pública; y la segunda, se concentra específicamente en el fin económico como fuente de recursos para el componente bélico, atando esta actividad a la dinámica del conflicto armado interno y los principales actores armados ilegales que han participado en el mismo.
Las FARC en la región del Urabá, conformó el frente 5 encargado de realizar los planes financieros como la realización de secuestros en la región del Urabá, límites de Córdoba y Antioquia, con el objetivo de obtener recursos que le permitieran fortalecer a dicha estructura guerrillera. (El Tiempo (1973) anunciando en la edición del 18 de junio).
En los años 60 y 70 se dio la consolidación territorial de los grupos guerrilleros e iniciaron con el empleo del secuestro como estrategia de presión política y de financiación económica, aunque comparada dicha dinámica con los niveles que adquirió este delito dos décadas después, su incidencia para esas época era esporádica y casi inexistente, siendo incluso la delincuencia común los actores de la mayoría de los casos registrados.
Escalamiento exponencial del secuestro: las décadas de los 80 y 90
En 1980 el panorama del conflicto colombiano registró una agudización en torno a los niveles de violencia derivados del conflicto armado, especialmente por el surgimiento de dos nuevos actores: los grupos narcotraficantes que se constituyeron en una amenaza para la seguridad nacional y las autodefensas ilegales que nacen de los ejércitos privados del narcotráfico, quienes asumen un rol antisubversivo, a partir de las diferencias suscitadas entre guerrilla y narcotraficantes. Esta situación incidió en un incremento de las dinámicas de criminalidad en el país, especialmente en delitos como el homicidio, el secuestro y el terrorismo.
El promedio de secuestros que en los años 70 fue de 55 casos al año, en la década de los 80 fue de 296, constituyendo la víspera de lo que sería la época de los 90 donde el promedio por año fue de 1.698 secuestro (Policía Nacional , 2000). (ver figura No. 1)
Figura 1.
Fuente: (Estadística de Criminalidad – Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL DIJIN)
Para el caso del M-19 esta guerrilla entró en la década de los 80, con hechos de impacto y simbólicos como la toma de rehenes en la embajada de República Dominicana que avizoraba una tendencia preocupante a nivel urbano frente a la visión de las guerrillas, sin embargo marcó el debilitamiento de sus estructuras urbanas por la acción de la Fuerza Pública los llevó a un viraje en su accionar armado hacia las zonas rurales.
En relación con las FARC, para el año de 1982 esta guerrilla realizó la séptima conferencia guerrillera, la cual marcó un punto de ajuste y quiebre estratégico, la definición de un plan estratégico para la toma del poder, en el cual irrumpen en el ámbito político, su relación directa con el partido Comunista Colombiano y a nivel armado definen un centro de despliegue a través de la cordillera Oriental para llegar a Bogotá como objetivo superior, acompañado de planes para urbanizar el conflicto armado.
En esta conferencia las FARC, analizó y concluyó que su alcance político deriva de la actividad financiera producto de la extorsión y el secuestro, seguidamente determinaron el fortalecimiento de los medios de inteligencia para definir objetivos a secuestrar que aportaran tanto en la financiero como en lo político, es decir grandes industriales o ganaderos coincidían con un impacto político y económico, pero pequeños comerciantes o agricultores e incluso extranjeros podrían representar cuestionamientos a nivel político. En las conclusiones de la séptima conferencia halladas en dispositivos incautados en operaciones contra esta guerrilla, se refieren a este aspecto de la siguiente manera:
“… Otro aspecto de las finanzas es aquel
relacionado con la falta de tacto en la búsqueda de personajes que den dinero.
Habrá que disponer de medios de inteligencia que nos eviten errores que
desprestigien el movimiento (…) La cuestión básica de las finanzas nuestras es
que ellas necesariamente deben tener un sentido político cualquiera sea la
forma que los Frentes empleen para adquirirlas. (…) Por eso, de todas maneras
conviene que las FARC hagan finanzas de masas, es decir, una labor paciente y
permanente con las masas para irlas ganando en el sentido de que contribuyan en
la medida de sus posibilidades con su ayuda económica al movimiento…”
El ELN priorizó para la década de los 80 como principal fuente de finanzas los recursos adquiridos de la extorsión a las empresas petroleras, desplegando un plan de intimidación sobre las administraciones locales para incidir en el desvío de recursos públicos provenientes de regalías del petróleo. Paralelamente a nivel urbano de manera estratégica emplearon los grupos organizados delincuenciales para realizar los secuestros y como financiamiento adicional los grupos guerrilleros implementaron la vinculación con el narcotráfico.
Los grandes carteles del narcotráfico conformaron a finales de 1981 el grupo MAS (Muerte a Secuestradores) en retaliación al secuestro de Marta Nieves, Hermana de los miembros del clan de Los Ochoa, realizado por la guerrilla del M-19, posteriormente como respuesta a los avances del gobierno nacional con relaciona a la extradición en el año de 1984, determinaron un plan masivo de secuestros que involucró, a las personalidades políticas de la época y dio continuidad con los integrantes de los mismos carteles por diversas rivalidades, sin embargo, esta conducta también fue usada como medio para la obtención de recursos, así mismo, estos actores desarrollaron una estrategia armada para realizar presión a la guerrilla del M-19, para que detuviera los secuestros. Esta acción de los narcos dio un impulso definitivo y escalamiento al fenómeno del “paramilitarismo” como mecanismo de protección privada contra el secuestro guerrillero y de ofensiva contra la guerrilla frente a lo que significó el rompimiento de un pacto de no agresión. Para Pablo Escobar el secuestro de Marta Nieves Ochoa “más que un ataque fue una traición”.
Los policías como objetivo del secuestro
La criminalidad y la inseguridad a finales de los años 70 dio inicio a la difícil situación de la década de los 80, lo cual conllevó al Gobierno nacional a adoptar medidas más efectivas para combatir la delincuencia organizada y la guerrilla, por lo cual el 6 de septiembre de 1978, el gobierno de Julio Cesar Turbay expidió el Decreto 1923 “Por el cual se dictaron normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados”, que determinó el aumento de las penas en el código penal .
En atención a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno nacional, la Policía Nacional proyectó líneas de acción priorizando sus capacidades logísticas, tecnológicas y el talento humano para atender el fenómeno delincuencial derivado del narcotráfico, organizando un servicio especializado de policía antinarcóticos, cuyo origen nace de un convenio de cooperación de Estados Unidos y Colombia, logrando este cuerpo especial en sus dos primeros años la incautación de más de 19 toneladas de estupefacientes. En 1987 este servicio se constituyó en una especialidad de la Institución por disposición del Presidente Virgilio Barco, y mediante Decreto 423 del 23 de marzo de dicho año, se creó la Dirección de Antinarcóticos a la cual se le adhirió el servicio aéreo de la Institución.
En respuesta a la represaría que el Estado efectuó
contra la actividad ilícita de narcóticos, los carteles en búsqueda de mitigar
la medidas adoptadas por el gobierno crearon grupos denominados escuadrones de
la muerte, los cuales se constituyeron en organizaciones de justicia privada,
dirigiendo sus acciones de exterminio contra movimientos políticos, líderes de
oposición, sindicalistas y sectores de la población presuntamente favorables a
movimientos guerrilleros, así como contra sectores marginados de la sociedad.
El avance guerrillero estuvo acompañado del desarrollo inusitado de estas
organizaciones en todo el territorio nacional siendo las más representativas:
Muerte a secuestradores (MAS), el Escuadrón de la muerte, el
grupo
muerte a abigeos (MAOS), Castigo a firmantes e intermediarios
estafadores(CAFIES), el Embrión, Alfa 83, Prolimpieza del
Valle del Magdalena, Los Tiznados, Movimiento Anticomunista Colombiano, Muerte a
Revolucionarios del Nordeste Antioqueño, Movimiento Obrero Estudiantil Nacional
Socialista, Los Grillos, El Escuadrón Machete, Falange, Muerte a Invasores,
Colaboradores y Patrocinadores (MAICOPA), Comandos Verdes, entre otros
El conflicto interno contra los grupos armados
organizados y el narcoterrorismo de Pablo Escobar, que atentaron gravemente
contra la seguridad y convivencia de lo colombianos, que para los años 80 y 90 se
conoció como circunstancias que alteraron el orden público. Estas acciones se
consideraron una amenaza directa a los procesos de paz que se venían acordando e
intimidación al Estamento a partir de atentados contra funcionarios
públicos, jueces, militares y policías, lo que llevó al gobierno a declarar un
estado de sitio con la expedición del decreto 814 de 1989, que creó el Cuerpo Especial
Armado (C.E.A.) y cuyo objetivo era contrarrestar a los escuadrones de la
muerte, bandas de sicarios o grupos de justicia Privada
Ver vídeo sobre la creación del Cuerpo Especial Armado CEA en https://youtu.be/USBZYbfHF4I
El alcance de los resultados de la Fuerza Pública y especialmente de la Policía Nacional, conllevó a que los grupos armados ilegales y narcotraficantes fijaran al talento humano de la Institución como objetivo criminal, mediante modalidades delictivas dirigidas a atentar contra la integridad física, la vida y la libertad.
Las FARC en el año de 1984, constituyo en un
documento denominado plataforma de lucha de las FARC, en la que planteaban la
necesidad de separar las funciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas
Militares, planteando el “peligro” que representaba para sus intereses
criminales la acción de la inteligencia Policía y del Ejército
Los secuestros de miembros de la Institución perpetuados por factores armados irregulares, realizados por interés políticos y especialmente producto del asalto a poblaciones o la identificación de miembros de la institución que de civil se movilizaban en vehículo de transporte público, interceptados en los mal llamados “retenes ilegales”, forma usada por los guerrilleros como medio para manifestar el control del territorio y otra estrategia para valorar la capacidad de reacción del Estado o bajo la justificación de que cualquier persona podría ser infiltrado del enemigo.
Para el año de 1997, en el pleno ampliado[2]
del estado mayor central las FARC adicionó como objetivo estratégico el secuestro
de miembros de la Fuerza Pública, especialmente de la Policía Nacional, para obtener
beneficios políticos como medio de presión para lograr acciones del Gobierno,
especialmente la salida de guerrilleros que se encontraban en los centros de
reclusión, bajo la figura de un “canje humanitario”, que permitiera un
intercambio de soldados y policías secuestrados por guerrilleros
“… Hay una circular enviada a todos los Bloques y Comandos Conjuntos indicando cómo podríamos realizar una próxima campaña militar simultáneamente en todo el país con fecha y hora muy precisa. Una próxima campaña si logramos crear todas las condiciones favorables nos debe traer como resultado la toma de un batallón, cuyos prisioneros tendremos que seleccionar para canjearlos por varios de los nuestros, para irle rompiendo el esquema a la justicia...”.
Esto se da a partir del logro político que
alcanzaron con el manejo propagandístico que le dieron al secuestro y posterior
liberación de los militares plagiados en el ataque a la Base de las Delicias en
1996 que constituyó el punto de partida en dicho viraje estratégico como los
describen en el documento del Pleno de 1997
“… La campaña militar reciente y en particular la toma de la base militar de las Delicias, nos permitió propagandizar nuestros documentos, abrir nuevas relaciones con agencias de prensa y periodistas tanto nacionales como internacionales lo mismo que con personalidades de la política y de la cultura, gobiernos y ONGs …”.
La estrategia de secuestrar miembros de la Fuerza Pública, entre ellos policías, para presionar al Gobierno nacional en acceder a un canje, significó a policías y soldados pasar más de 12 años encerrados y encadenados en la selva. Esto coincidió con el plan estratégico de la guerra de guerrilla hacia la guerra de movimientos, logrando movilizar gran capacidad de masa para copar unidades militares y estaciones de policía y tomarlos como secuestrados. Para el caso en concreto se trae a colación, la toma guerrillera a los municipios de Mitú y Miraflores en 1998 y Puerto Rico en 1999.
vídeo toma guerrillera a Mitú
“… Salimos bien en las entregas unilaterales incluyendo restos de Guevara, quedamos bien plantados ante el mundo y la discusión abierta para el canje de prisioneros de guerra…”.
Según Manuel Marulanda en
entrevista otorgada a la Revista Semana en 1999, la visión del canje desde las
FARC buscó demostrar capacidad y una mayor correlación de fuerzas para
presionar la promulgación de una ley de canje
“…Nosotros tenemos cómo demostrar que desde hace muchos años hemos venido capturando policías, soldados y siempre que los capturábamos, conversábamos con ellos y posteriormente les decíamos, váyanse y se presentan a la policía. Pero nosotros hemos llegado a tal grado que estamos en condiciones de tener a los capturados y tenerlos en buenas condiciones (…) Estamos en condiciones de tenerlos el tiempo que sea y ya tenemos bastanticos. Tenemos como unos 300 y pico, que siempre es un buen número (…) Como en este país no hay una ley que hable de canje, porque se trata de una lucha interna decimos que el Parlamento haga un estudio, un análisis para que apruebe una ley que se llamará de canje…”.
A través de la verificación y consolidación de las bases de datos y acervo documental de la Policía Nacional en coordinación con las Direcciones de Inteligencia Policial, Investigación Criminal e INTERPOL y Antisecuestro y Antiextorción se constituyó un registro de 611 policías secuestrados, de los cuales 144 fueron antes de 1996, es decir el 76% de los secuestros de policías se presentaron después de 1996 cuando la guerrilla focalizó los plagios con fines políticos de canje, pero la inhumanidad de las FARC frente los secuestrados y las instrucciones impartidas en su momento por el cabecilla Víctor Julio Suárez Rojas alias "Mono Jojoy", relacionada con asesinar a los uniformados ante posibles operaciones de rescate de la Fuerza Pública:
“… Ordené al 44 Frente por el intenso operativo que les tienen, que si no hay otra opción, den de baja los prisioneros pero que no los dejen sanos…”[3].
Pese al drama de los secuestrados y sus familias, la guerrilla de las FARC mantuvo por más de 12 años esta estrategia criminal, sin lograr los objetivos planteados, por lo cual generó que desde el año 2007 iniciaran un proceso de entregas unilaterales fragmentada, para ir obteniendo un manejo mediático de las liberaciones. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas que la guerrilla debe resolver en un marco de justicia transicional y en especial de verdad y reparación a las víctimas, conocer la verdad sobre la situación de aquellos que no volvieron y los contextos de sistematicidad y medios de tortura usados contra los secuestrados en cautiverio.
Municipio | Departamento | Municipio | Departamento | Municipio | Departamento | ||
Zaragoza | Antioquia | Orocué | Casanare | Colón (génova) | Nariño | ||
Maceo | Antioquia | Villanueva | Casanare | Cumbitará | Nariño | ||
Vegachí | Antioquia | Yopal | Casanare | Los Andes (Sotomayor) | Nariño | ||
Puerto Berrío | Antioquia | Caloto | Cauca | Tumaco | Nariño | ||
Yondó | Antioquia | Balboa | Cauca | Leiva | Nariño | ||
Guadalupe | Antioquia | Popayán | Cauca | Pamplona | Norte de Santander | ||
Anorí | Antioquia | Santander de Quilichao | Cauca | Tibú | Norte de Santander | ||
Yalí | Antioquia | Patía (El Bordo) | Cauca | La Playa | Norte de Santander | ||
Cañasgordas | Antioquia | El Tambo | Cauca | Sardinata | Norte de Santander | ||
Frontino | Antioquia | Cajibío | Cauca | Salazar | Norte de Santander | ||
Turbo | Antioquia | Timbío | Cauca | Cucutilla | Norte de Santander | ||
Granada | Antioquia | Inzá | Cauca | Cúcuta | Norte de Santander | ||
Remedios | Antioquia | Corinto | Cauca | El Zulia | Norte de Santander | ||
San Carlos | Antioquia | Miranda | Cauca | Villagarzón | Putumayo | ||
Sopetrán | Antioquia | Mercaderes | Cauca | Valle del Guamuez | Putumayo | ||
Cocorná | Antioquia | Chiriguaná | Cesar | Puerto Asís | Putumayo | ||
Concepción | Antioquia | La Jagua de Ibirico | Cesar | San Miguel | Putumayo | ||
Entrerios | Antioquia | Curumaní | Cesar | Pueblo Rico | Risaralda | ||
Nariño | Antioquia | Valledupar | Cesar | Guática | Risaralda | ||
Necoclí | Antioquia | Becerril | Cesar | El Playón | Santander | ||
San luis | Antioquia | Manaure Balcón Cesar | Cesar | La Belleza | Santander | ||
Urrao | Antioquia | Riosucio | Chocó | San Vicente de Chucurí | Santander | ||
Vigia del fuerte | Antioquia | Lloró | Chocó | Cimitarra | Santander | ||
Alejandría | Antioquia | Alto Baudó (Pie de Pato) | Chocó | Piedecuesta | Santander | ||
Medellín | Antioquia | Bajo Baudó (Pizarro) | Chocó | Suratá | Santander | ||
Segovia | Antioquia | Atrato (yuto) | Chocó | Barrancabermeja | Santander | ||
Sonsón | Antioquia | Anolaima | Cundinamarca | Sabana de Torres | Santander | ||
Angostura | Antioquia | Cáqueza | Cundinamarca | San Andrés | Santander | ||
Briceño | Antioquia | Bogotá | Cundinamarca | Cerrito | Santander | ||
Caldas | Antioquia | Beltrán | Cundinamarca | Bucaramanga | Santander | ||
Yolombó | Antioquia | Paratebueno | Cundinamarca | Puerto Wilches | Santander | ||
Cáceres | Antioquia | Tibacuy | Cundinamarca | Matanza | Santander | ||
Cravo Norte | Arauca | Miraflores | Guaviare | Guarandá | Sucre | ||
Tame | Arauca | Acevedo | Huila | Ovejas | Sucre | ||
Magangué | Bolívar | Algeciras | Huila | Planadas | Tolima | ||
Achí | Bolívar | Isnos | Huila | Ibagué | Tolima | ||
El Carmen de Bolívar | Bolívar | Timaná | Huila | Rovira | Tolima | ||
Tiquisio | Bolívar | Villanueva | La Guajira | Armero (Guayabal) | Tolima | ||
Socotá | Boyacá | Santa Marta | Magdalena | Líbano | Tolima | ||
Tipacoque | Boyacá | Fundación | Magdalena | Casabianca | Tolima | ||
El Espino | Boyacá | Ciénaga | Magdalena | Honda | Tolima | ||
Tasco | Boyacá | El Castillo | Meta | Venadillo | Tolima | ||
Chiscas | Boyacá | Granada (Met) | Meta | Alpujarra | Tolima | ||
El Espino | Boyacá | Puerto Rico (Meta) | Meta | Mariquita | Tolima | ||
Pensilvania | Caldas | Villavicencio | Meta | Lérida | Tolima | ||
Manizales | Caldas | Policarpa | Nariño | Fresno | Tolima | ||
Cartagena del Chairá | Caquetá | Ipiales | Nariño | Chaparral | Tolima | ||
San Vicente del Caguán | Caquetá | Belén | Nariño | Palmira | Valle | ||
Morelia | Caquetá | San Bernardo | Nariño | Tuluá | Valle | ||
Puerto Rico | Caquetá | Buesaco | Nariño | Jamundí | Valle | ||
El Paujil | Caquetá | Ricaurte | Nariño | Dagua | Valle | ||
La Montañita | Caquetá | Pasto | Nariño | Cali | Valle | ||
Valparaíso | Caquetá | Barbacoas | Nariño | Mitú | Vaupés | ||
Curillo | Caquetá | Túquerres | Nariño | Cumaribo | Vichada | ||
Albania | Caquetá |
Fuente: Dirección de Inteligencia Policial – DIPOL
Creación de los Grupo de Acción Unificada Para La Libertad Pesonal-Gaula-
La década de los noventa se caracterizó en Colombia, pero en especial en Antioquia, por el aumento de otros delitos como el secuestro y la extorsión. En respuesta, el gobierno nacional, en el marco de la política para contrarrestar todos los factores de violencia que afectaba el país, ordenó al Comandante General de las Fuerzas Militares, Director de la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS- la conformación conjunta de una Unidad especializada en la lucha contra el secuestro y la extorsión. Por eso el primer cuerpo para la defensa de la libertad personal fue el UNASE- Unidad Antiextorsión y Secuestro- fundado el 5 de noviembre de 1990 como una división de la Dirección de la Policía Judicial, operativamente todo el personal dependería del comandante del UNASE, quien era un oficial superior de la Policía, para la fecha el entonces Teniente Coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez.
Previamente en el mes de octubre de 1990 el Ministro de Defensa había ordenado la creación del grupo UNASE para atender las necesidades de Medellín y su Área Metropolitana, el 5 de noviembre inicia operaciones el primer grupo UNASE del país, integrado por sesenta hombres de las diferentes fuerzas. Su sede ha estado en diferentes sitios de la ciudad, inicialmente en las instalaciones de la SIJIN, posteriormente en el estadio Atanasio Girardot, por medidas de seguridad se tuvo que trasladar a unas instalaciones cedidas por el municipio en el sector de Barrio triste, hoy se encuentra en zona aledaña al zoológico de Santa Fé.
El Comando General de las Fuerzas Militares en coordinación con la Dirección General de la Policía y el DAS, mediante directivo operacional 300-07 del 4 de abril de 1991 Plan Antiextorsión y Secuestro dispone la creación de los UNASE en diferentes regiones del país, así: 1990 Medellín (como programa piloto), en 1991 urbanos de Bogotá y Cali, rurales de Aguachica, Montería, Popayán, Neiva, Valledupar y así sucesivamente hasta cubrir todo el país.
Posteriormente y con el fin de dar facultades de Policía Judicial, mediante resolución 112 del 6 de agosto de 1992, son integradas las unidades especiales UNASE a la Fiscalía General de la Nacional. La Directiva presidencial 03 del 3 de mayo de 1994 sobre las responsabilidades del estado en el desarrollo de la estrategia nacional contra la violencia establece que el Ministerio de Defensa nacional en coordinación la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia y demás entidades pertinentes deberán continuar con la organización y entrenamiento de las unidades antiextorsión y secuestro UNASE.
Luego mediante decreto ley 282 del 6 de junio de 1996, en su artículo 4 se crea los Grupos de Accion Unificada para la Libertad Personal-GAULA- cada uno conformado con el personal y los recursos señalados mediante resolución del director del programa para la defensa de la libertad personal, los cuales deberán ser aportados por la Fiscalía, y las Fuerzas del Estado que conforman el grupo. Mediante esa misma resolución en el decreto 1º se creó el Consejo Nacional de la Lucha contra el secuestro y demás atentados contra la libertad personal-CONASE- como órgano asesor, consultivo y de coordinación de la lucha frente a los delitos que atentan contra la libertad personal.
Durante la existencia del GAULA en la ciudad de Medellín ha contribuido al desarrollo social, cultural y de convivencia del Área Metropolitana, a través de programas educativos ha generado una cultura de la solidaridad, apoyo y prevención, llegando a todos los sectores: industrial, comercial, educativo, transporte, además ha trabajado en la cultura de la denuncia para la convivencia ciudadana.
Por la efectividad mostrada en el rescate de ciudadanos secuestrados, la aprehensión de plagiarios y extorsionistas, el personal que allí opera ha recibido múltiples menciones y reconocimientos.
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[1] Donald
Cooper, estadounidense secuestrado por el M-19 quien era el gerente general de
Almacenes Sears en Colombia.
[2] El
pleno en las FARC es la instancia de decisión que integra al secretariado y la
mayoría de miembros del estado mayor central, cuando no están dadas las
condiciones para realizar una conferencia guerrillera, la cual es la máxima
instancia de decisión en el grupo guerrillero.
[3] Aparte
de documentos internos del Secretariado hallado en dispositivos técnicos
incautados a las FARC en la operación Sodoma en septiembre de 2010.
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